EL SUMARIO DE MAYOR ESCÁNDALO FINANCIERO

El juez investiga los créditos concedidos a los partidos por las siete cajas de Bankia

El magistrado Fernando Andreu solicita una detallada relación de los préstamos dados a formaciones políticas desde el 1 de enero de 2008 para incoporarla al sumario.

Rodrigo Rato, durante su última comparecencia en el Congreso.
Rodrigo Rato, durante su última comparecencia en el Congreso. GTRES

La politización de las cajas, bajo sospecha. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha remitido a las siete cajas que se integraron en Bankia un escrito en el que les ordena que le envíen los detalles de todos los créditos concedidos a partidos políticos desde  2008 hasta la actualidad. Al menos cuatro de las entidades, Caja Madrid, Caixa Laietana, Caja Rioja y Caja Segovia, ya han contestado al requerimiento judicial, según consta en el sumario abierto para investigar las supuestas irregularidades en la salida a bolsa del banco ahora nacionalizado y al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Caja Madrid es la que más dinero ha prestado a los partidos, 5.276.000 euros, e IU fue su principal beneficiario

Andreu solicitó dicha información el pasado 4 de julio, en un escrito en el que también reclamaba todos los datos sobre créditos, nóminas y dietas percibidas por los consejeros de las cajas en los últimos cinco años. En concreto, en el punto segundo del escrito, el juez pedía “detalle de las operaciones de crédito, aval o garantía efectuadas desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad, ya sea directamente o indirectamente, a favor de los partidos o grupo políticos que tengan representación en las corporaciones locales y Asambleas legislativas autonómicas que hayan participado en el proceso electoral de la correspondiente Caja de Ahorros”. El magistrado también requería que se le aclarase “la situación actual de los citados créditos”.

Caja Madrid fue, con diferencia, la que reconoció haber prestado más dinero a formaciones políticas, según quedó reflejado en el informe fechado el pasado 17 de agosto que remitió a la Audiencia Nacional. Siempre según este documento, desde 2008 hasta la actualidad, había concedido créditos por un valor total de 5.276.000 euros a tres formaciones: PP, PSOE e IU. De ellas, con diferencia, la coalición de izquierda fue la más beneficiada, con siete créditos (un hipotecario, un sindicato y cinco cuentas de crédito) por un valor total de 3.974.000 euros, que se repartieron a partes casi iguales entre la federación madrileña de la coalición y la formación de ámbito estatal. Según se detalla, en 2008, recibió 400.000 euros. Al año siguiente, 2.138.000 (fue la única formación que recibió créditos en ese periodo) y en 2011, ya con Bankia como entidad bancaria concesionaria, 1.436.000 euros. De los siete préstamos, tres ya han sido cancelados.

El siguiente partido por volumen de dinero fue el PSOE, quien superó el millón de euros en dos créditos concedidos respectivamente en 2008 y en 2011. El primero, por 178.000 euros, fue concedido a la agrupación socialista del madrileño barrio de Hortaleza con garantía hipotecaria y a un plazo de 20 años. El segundo, por 900.000 euros, fue concedido directamente a Ferraz también con garantía hipotecaria, aunque con un plazo de vecimiento menor, 10 años, y a un interés del 5,62%. El último crédito ‘político’ de Caja Madrid, fue concedido al PP de Madrid en 2008. Fue un aval de 24.000 euros a doce meses y con garantía personal. El año 2010 fue el único de los investigados por el juez Andreu en el que la entidad asegura que no prestó dinero a formaciones políticas.

La deuda hipotecaria del PSC

También han respondido al juez Caixa Laietana, Caja Rioja y Caja Segovia. La primera aseguró el pasado 20 de agosto que en el periodo de tiempo requerido por el juez sólo había concedido un crédito. El beneficiado fue el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) a quien en 2004 facilitó 285.000 bajo garantía hipotecaria a 30 años. Según el escrito que los responsables de Caixa Laietana remitieron a la Audiencia Nacional, el tipo de interés a 30 de junio de 2012 era del 3’84% y el capital pendiente en ese momento, nada menos que 244.000 euros.  Eso sí, la entidad recalcaba que el PSC se encontraba al “corriente de pago”.

Caja Segovia presume de que hace diez años sus órganos de Gobierno acordaron no financiar a partidos políticos 

Menos ‘generosa’, incluso, que la caja catalana con los partidos fue en ese mismo periodo Caja Segovia. En el informe remitido al juez Andreu, la entidad castellanoleonesa presume de que “históricamente, desde hace más de diez años, los Órganos de Gobiemo de la Caja adoptaron acuerdos de no financiar a partidos políticos; estos acuerdos se reiteraban confirmándolos cuando se producían procesos electorales y así se aplicaban por el Comité de Riesgos”. En el escrito, Caja Segovia incorpora un fragmento del acta de la reunión de su Comité Ejecutivo del 13 de mayo de 2003, en la que se recoge que la petición de un “partido independiente” para que se le financiase la campaña electoral de ese año a las municipales fue rechazada: “Se les ha indicado que la Caja tiene establecido que no se financia a partidos políticos a nivel institucional, que únicamente se financia a las personas, previa comprobación de viabilidad y garantías”.

Una política similar asegura haber mantenido Caja Rioja, quien en su respuesta enviada al juez Andreu el 19 de julio, sólo quince días después de que éste hubiera hecho la solicitud de información, aseguraba que su consejo de administración adoptó el 20 de febrero de 207 “el acuerdo de establecer como política de la Entidad ‘no conceder ningún tipo de crédito o préstamo a ningún partido político’, lo que se ha venido cumpliendo desde entonces y hasta el 23 de mayo de 2011 en el que todo el negocio bancario fue segregado a favor de BFA/Bankia”. No obstante, los responsables de la entidad, “en aras a la mayor transparencia posible”, reconocen que con anterioridad habían concedido dos préstamos al Partido Riojano. El primero, de 2003, por un valor de 42.071 euros. El segundo, tres años más tarde, por 66.000 euros. La formación regionalista aún debe más de 90.000 euros de los mismos.


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