Economía

CNMC, la historia interminable: el bando rebelde mueve la silla al presidente Marín

Marín Quemada ha conseguido acercar lo más posible la CNMC al sueño de un regulador verdaderamente independiente para cabreo de las grandes empresas y del Gobierno. Desde hace meses, un grupo de consejeros rebeldes se ha unido para presentar votos particulares de forma sistemática y desestabilizar así al organismo.

Marín Quemada, en su toma de posesión, ante varios miembros del Gobierno.
Marín Quemada, en su toma de posesión, ante varios miembros del Gobierno. Moncloa

Enfrentarse de forma tan clara y directa al Gobierno que lo nombró y a las grandes empresas por sus abusos contra la competencia tiene un alto precio. El Ejecutivo de Rajoy creó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en septiembre de 2013 con el objetivo de integrar en un solo organismo a todos los reguladores (ocho en total).

Se dijo entonces que este superregulador iba a ser más poderoso, independiente y transparente que sus predecesores, pero pocos se creyeron el mensaje en un país en el que las grandes compañías, con mayor o menor connivencia con los gobiernos de turno, han hecho y deshecho a su antojo ante la pasividad de los reguladores sectoriales, que en muchos casos ni siquiera se han atrevido a poner multas en casos flagrantes.

Pero hete aquí que el catedrático de Economía José María Marín Quemada, consejero del Banco de España durante diez años y hombre de confianza del ministro Luis de Guindos, fue nombrado presidente de la CNMC "y, para sorpresa de muchos, se lo ha creído. Con él se han equivocado. Está en el final de su carrera, no tiene nada que perder y tiene el firme convencimiento de que el regulador puede ser independiente y hacer una buena labor en favor de la competencia", afirma un reputado experto en temas de competencia a nivel europeo.

"Para sorpresa de muchos, Marín Quemada se lo ha creído. Está en el final de su carrera, no tiene nada que perder y cree que el regulador puede ser independiente de verdad", señala un experto

En menos de dos años de existencia (su segundo aniversario tendrá lugar el 4 de octubre), la CNMC se ha enfrentado al Gobierno que la creó por su intento de robarle competencias, por la tasa Google o por las energías renovables, entre otras cuitas; ha provocado, con sus denuncias, que el Ministerio de Industria haya eliminado el especulativo sistema de subastas de electricidad (Cesur); y lo más importante, ha destapado varios cárteles (basuras, concesionarios de automóviles…) y se ha atrevido a poner severas multas a las, para muchos, intocables Telefónica, Repsol, Cepsa, ACS, FCC, Sacyr o Ferrovial, entre otras grandes compañías del Ibex.

Esta inusitada sobreactividad del regulador ha sorprendido a propios y extraños y ha puesto en guardia al propio Ejecutivo, a los grandes emporios empresariales y a un grupo de consejeros del organismo que, poco a poco, se han ido coordinando para minar desde dentro su funcionamiento, según denuncian varias fuentes conocedoras conocedoras de la situación.

"Los votos particulares comenzaron a llegar en mayo de 2014, cuando la Sala de Competencia coge velocidad de crucero, desempolva y acelera expedientes y empieza a poner multas", señala una de estas fuentes.

Abrieron la veda los consejeros Fernando Torremocha y Benigno Valdés, al emitir sus votos particulares en varias resoluciones. La más polémica fue la de las fuertes multas a las compañías petroleras (Repsol, Cepsa y BP), hasta el punto de que el primero de ellos planteó que tanto el presidente Marín Quemada como otros vocales de la sala deberían de haberse abstenido en la sanción a Cepsa.

El bando rebelde se ha ido coordinando para minar la labor de la CNMC: lo forman vocales de las dos salas y la vicepresidenta del regulador, enfrentada frontalmente a Marín Quemada

Se abrió entonces una guerra interna en el seno de la CNMC y tanto Repsol como Cepsa aprovecharon para recusar, sin éxito, al presidente del regulador. Lo que en ese momento (principios de este año) era una rebelión acotada a dos consejeros fue creciendo en una institución que cuenta con dos salas (Competencia y Regulación) y diez vocales (cinco en cada sala incluidos el presidente y la vicepresidenta, María Fernández).

"Marín Quemada superó la afrenta de su recusación y consiguió unanimidad en el consejo a la hora de rechazarla, pero fue la última vez en la que hubo consenso interno. A partir de ahí se destapó la caja de los truenos y empezaron a llegar votos particulares de otros consejeros desde las dos salas", reseña una fuente.

El Gobierno empezó a preocuparse por la situación de la CNMC, mientras buena parte de la oposición parlamentaria se congratulaba del buen hacer de la institución. Sorprendentemente llegó una pequeña tregua temporal en la guerra interna y los votos particulares desaparecieron de las resoluciones acordadas en los pasados meses de abril y mayo, algo que algunas fuentes atribuyen al toque dado por el Ejecutivo a los consejeros díscolos para que no hicieran ruido en pleno proceso electoral.

Pero la tensa calma de esos dos meses ha dado paso a una tempestad sin precedentes, cuyo máximo exponente ha sido el destape de la propia vicepresidenta de la CNMC, María Fernández, profesional de la más absoluta confianza de Álvaro Nadal, Jefe de la Oficina Económica de Moncloa. Ella preside la Sala de Regulación y emitió la semana pasada un duro voto particular contra el informe sobre el mercado mayorista de carburantes elaborado por el organismo, documento muy crítico con el gran poder que manejan las grandes petroleras, la falta de competencia del sector y la influencia que esto tiene en los altos precios de las gasolinas.

Los votos particulares son sistemáticos y reiterados, tendentes casi siempre a defender la posición de las empresas infractoras y contrarios al trabajo desarrollado por el cuerpo técnico y el resto del consejo

A la rebelión contra Marín Quemada liderada por Fernández desde su sala se han unido Diego Rodríguez y Eduardo García Matilla, los dos de Regulación, y el consejero Torremocha, el más activo en votos particulares y muy crítico con el excesivo foco, según su criterio, puesto por la CNMC en el oligopolio de las petroleras.

Coinciden todos ellos en que las tesis del informe "no están razonablemente bien fundadas", pero lo que se esconde tras las bambalinas, según denuncian las fuentes, es una complot liderado por la vicepresidenta con el objetivo de desestabilizar el poder del presidente y minar el actual funcionamiento del organismo.

La división interna es casi insostenible en estos momentos y la proliferación de los votos particulares y de las filtraciones interesadas a las empresas afectadas antes de que se publiquen las resoluciones dan argumentos administrativos y jurídicos a estas compañías para que recurran las multas e informes críticos ante los tribunales, señala una fuente.

Resulta curioso, a ojos de los expertos, que la mayoría de los votos particulares emitidos se posicionen a favor de las empresas investigadas y multadas, y planteen, en algunos casos, la reducción de las sanciones y, en otros, hasta la exculpación de los infractores.

Estos votos son el principal argumento de las grandes compañías para acudir a la Audiencia Nacional y recurrir las resoluciones de la CNMC.

La reconciliación en el seno de la CNMC parece imposible, aunque De Guindos podría aprovechar el cese de tres consejeros en septiembre para dar un golpe de mano

"Los votos particulares no son nada particulares, son reiterados y sistemáticos y casi siempre favorables a las empresas infractoras y contrarios a la actividad de los cuerpos técnicos del organismo y a las resoluciones impulsadas por su presidente", añade otra fuente.

Y ¿qué ocurrirá a partir de ahora, una vez que las cartas están boca arriba y los bandos enfrentados parecen irreconciliables? Difícil va a ser recuperar la estabilidad que permita al regulador seguir siendo el azote de los abusos contra la competencia, señalan los expertos.

El Gobierno y, sobre todo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, podrían aprovechar el cese de los consejeros García Matilla, Diego Rodríguez y María Ortiz, previsto para finales de septiembre, para colocar en sus puestos a profesionales de reconocido prestigio, desligados de los partidos políticos, que aporten las dosis de estabilidad que requiere el organismo en estos momentos. Estos tres consejeros, sin embargo, pueden ser renovados en su mandato por cuatro años más.

Por si fuera poco, el Tribunal Supremo acaba de elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea tres cuestiones prejudiciales porque duda de la legalidad de la creación de la propia CNMC en septiembre de 2013.


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