Economía

Mala noticia para las grandes del Ibex: el Supremo da vía libre a la CNMC para que imponga multas millonarias

Hasta el momento, el órgano regulador de la Competencia carecía de poderes reales con los que castigar a las grandes compañías. Éstas tan sólo se exponían al daño reputacional que podía entrañar una simple nota de prensa. Las cifras de las multas eran irrisorias comparadas con sus cuentas de resultados. Sin embargo, tres sentencias consecutivas del Supremo dan un vuelco sorprendente a esta situación.

Mariano Rajoy en Moncloa con los integrantes del Consejo Empresarial para la Competitividad
Mariano Rajoy en Moncloa con los integrantes del Consejo Empresarial para la Competitividad EFE

¿Qué pasaba hasta ahora cuando una gran empresa cometía una tropelía contra la libre competencia? Pues que después de un largo y arduo proceso para demostrarlo la multa tan sólo ascendía a una cifra casi irrisoria si se comparaba con la cuenta de resultados de la compañía. En el caso del Ibex o similares, el escarmiento se antojaba muy escaso, por más que la fechoría fuese algo bastante grave. A lo sumo, la empresa en cuestión se exponía a la pluma de la CNMC en una vergonzante pero poco trascendente nota de prensa.

Sin embargo, tres sentencias prácticamente consecutivas del Tribunal Supremo han dado un giro de 180 grados a esta perversa situación y brindan a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia una capacidad para imponer multas millonarias que antes no tenía. En los supuestos muy graves, el organismo encargado de vigilar la libre concurrencia podrá castigar con multas de hasta el 10 por ciento del volumen de negocio total de las empresas.

Por grande que fuese la multa, la Audiencia Nacional siempre limitaba la cuantía al 10 por ciento de la cifra de negocio de la empresa en el mercado afectado

La antigua Comisión Nacional de la Competencia solía disparar contra todo imponiendo multas a troche y moche. Y para calcular las cantidades a pagar empleaba como baremo la facturación total de la empresa en el ejercicio anterior a la pena. Así, para las infracciones leves se sancionaba con un 1 por ciento, para las graves con un 5 y para las muy graves con un 10 por ciento. Esa décima parte de la cifra de negocio total en el caso de las muy graves representaba un importe muy significativo. Sólo que luego llegaba la Audiencia Nacional con las rebajas. En lugar de tomar como referencia el volumen total de negocio nacional, el tribunal siempre limitaba la multa al 10 por ciento de lo que la empresa facturaba en el mercado afectado. Es decir, al final cualquier compañía grande lograba que la cuantía se redujese sustancialmente tras el paso por la Justicia. Por poner un ejemplo, la cosa llegaba hasta el extremo de que una multa que rondase los 50 millones de euros podía verse recortada incluso a menos del millón de euros.

En cambio, la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia creada por el Gobierno de Mariano Rajoy y presidida por José María Marín Quemada decidió cambiar de estrategia inspirándose en el modelo europeo. El nuevo equipo determinaba el importe de las sanciones teniendo en cuenta una serie de criterios recogidos en la ley como la dimensión del mercado afectado, la duración de la infracción, la cuota de mercado de la empresa infractora, los efectos sobre los consumidores o los beneficios ilícitos obtenidos. Y por cada uno de esos conceptos iba sumando una sanción que engordaba la cantidad que debían abonar. Así, en atención a la duración de la infracción se establecía una cuantía. Por la dimensión del mercado se ponía otra. Y así sucesivamente se iban acumulando hasta alcanzar unas cifras sustanciales pero que siempre se veían topadas por la interpretación restrictiva de la Audiencia Nacional.

O sea, hiciese lo que hiciese la empresa, la sanción acababa como mucho siendo ese 10 por ciento de la facturación en el mercado afectado. Sin poder para propinar un severo correctivo, la CNMC se convertía en un perro guardián con dientes de papel ante las grandes.

El Supremo quita la razón a la Audiencia Nacional y establece que las multas puedan alcanzar el 10 por ciento de la facturación total de las compañías, lo que implica unas cuantías mucho mayores

No obstante, las tres sentencias del Tribunal Supremo han tumbado el Frankenstein creado para calcular las multas. Por una parte, la sentencia con fecha del 20 de enero de 2015 exige que debe haber un baremo o intervalo sancionador para las penas. No puede ser que siempre se termine asignando la misma pena del 10 por ciento de la facturación del mercado afectado. Hay que aplicar un arco de sanciones, concluye el ponente Manuel Campos Sánchez-Bordona. Y para ello remite al intervalo fijado en la ley y aplicado antes por la CNC: los mencionados 1, 5 y 10 por ciento en función de la gravedad.

Por otra parte, esta sentencia da en cambio la razón a la CNMC en un punto fundamental: se acabó eso de poner como tope la facturación del mercado afectado, tal y como siempre imponía la Audiencia Nacional. A partir de ahora la multa se aplicará sobre el volumen total de negocio de la empresa, lo que implica que las cuantías podrían subir muchísimo. Se pone fin al criterio de la Audiencia Nacional con el fin de reforzar la capacidad disuasoria del organismo encargado de vigilar la competencia. Eso sí, la sentencia aclara que la CNMC tendrá que respetar una cierta proporcionalidad que salvaguarde la sostenibilidad de las empresas.      

Aunque el Supremo cambia de arriba abajo todo el proceso de cálculo de las penas, la sentencia por fin clarifica las pautas para determinarlas. Y el poder sancionador de la CNMC aumenta considerablemente. Por no hablar de que se acabaron los titulares en los que se afirmaba que la Audiencia Nacional tumbaba otra vez un castigo de Competencia. Ahora habrá que ver cómo reaccionan ante esto las grandes empresas. Otra batalla de lobbies ha comenzado.


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