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La CEOE celebra otra Junta Directiva rodeada de tensión por el conflicto catalán

Los representantes de las diferentes organizaciones de la patronal se reúnen este miércoles para abordar las consecuencias económicas del conflicto catalán. Una parte del organismo ha sido muy crítica con su presidente por la actitud que ha mantenido durante varios meses con respecto al desafío de la Generalitat…

El presidente de CEOE, Juan Rosell
El presidente de CEOE, Juan Rosell EFE

La Junta Directiva de la CEOE tratará este miércoles el tema que más discrepancias ha provocado entre sus miembros durante los últimos tiempos: Cataluña. Los representantes de la patronal debatirán sobre los efectos negativos que ha generado en la economía española el desafío separatista y analizarán los posibles perjuicios que ha ocasionado en el PIB y en la generación de empleo. Los críticos con el presidente de la Confederación, Juan Rosell, esperan que, en el caso de que se decida emitir un comunicado sobre este asunto, la patronal se pronuncie con una mayor firmeza que el pasado septiembre, según han adelantado a Vozpópuli.

A estas alturas, no es ningún secreto que algunas de las organizaciones territoriales de la CEOE no han estado de acuerdo con la tibieza con la que se ha pronunciado el organismo –y en concreto su presidente- durante una gran parte el proceso soberanista.

La tensión alcanzó su punto más alto durante la Junta Directiva del pasado septiembre, cuando representantes de Madrid, Extremadura o Andalucía reclamaron que la patronal endureciera el tono ante la gravedad de los acontecimientos acaecidos en el Parlament los pasados 6 y 7 de septiembre, cuando se aprobaron las leyes de Referéndum yTransitoriedad. De aquella reunión surgió un breve comunicado de tres puntos que algunos de los asociados consideraron “insuficiente".

Ciertamente, las principales organizaciones territoriales han expresado con firmeza su apoyo al Estado de Derecho desde el pasado 1 de octubre. Sin ir más lejos, el pasado día 9, la patronal catalana, Foment del Treball, difundió un contundente escrito en el que expresó su “máxima preocupación” por el éxodo de empresas de Cataluña, que es –a su juicio- un reflejo de la situación de incertidumbre que vive esta comunidad autónoma.

“El incierto camino elegido por fuerzas políticas con una estrecha mayoría en el Parlamento durante el mes de septiembre ha traspasado las fronteras de la legalidad, llevando al país hacia el descrédito nacional e internacional, y quién sabe si hacia la insolvencia económica”, apuntó.

Dos días después, la CEOE advirtió de “la grave situación social y económica existente en Cataluña” y respaldó al Gobierno en cualquier medida que pudiera tomar para garantizar la vuelta a la legalidad de la Generalitat.

Para este miércoles, en principio, la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) prevé analizar las consecuencias que ha tenido el desafío catalán sobre la economía española. Fuentes de las organizaciones más críticas con Rosell han dejado claro que cualquier pronunciamiento que realice la patronal a este respecto deberá ser "mucho más contundente” que el de la anterior reunión de la Junta.

Menor crecimiento

Cabe señalar que la CEOE ha rebajado en dos décimas la previsión de crecimiento de la economía española en 2017 como consecuencia de la crisis catalana y del retraso en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El último número de su publicación Panorama Económico precisa que todavía es pronto para cuantificar las consecuencias que tendrá el desafío secesionista sobre la economía española, aunque incide en que sus efectos ya se han dejado notar y podrían acentuar la desaceleración que se estaba prevista para el último cuatrimestre del año.

La patronal madrileña CEIM ha difundido este martes un comunicado en el que lamenta que  las “gravísimas” consecuencias de la fuga de empresas “implicarán recesión y pérdidas de puestos de trabajo en Cataluña; así como desaceleración en el crecimiento de la economía del resto de España y dificultades para mantener el Estado del bienestar del conjunto de los ciudadanos”.

La organización ha insistido en que las posibles modificaciones que se puedan acordar de la Constitución Española o de cualquier ámbito normativo “no deberían, en ningún caso, implicar privilegios de unas comunidades autónomas respecto de otras”.


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