Economía

Llamada de Fátima Báñez a Rosell para alcanzar una tregua sobre la reforma de la formación

La ministra de Empleo telefonea al presidente de la CEOE para templar los ánimos y acordar que los técnicos del Sepe se reúnan con la Comisión de Formación de la patronal.

El presidente de la patronal de empresarios, Joan Rosell, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
El presidente de la patronal de empresarios, Joan Rosell, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez. EFE

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, llamó este martes al presidente de la patronal, Juan Rosell, con la intención de alcanzar una tregua respecto a la reforma de los cursos de formación para ocupados.

La Comisión de Formación de la CEOE celebrada el pasado martes tuvo una asistencia mucho más nutrida de lo habitual. Hasta 150 representantes de distintos sectores se congregaron en la sala José María Cuevas de la sede de Diego de León. ¿Y para qué tanta gente?, dirán. Pues se juntaron con el propósito de discutir los pormenores de la reforma de la formación que prepara el Gobierno.

Esta reforma consiste en arrebatar la gestión de esos fondos de formación a la patronal y sindicatos, aprovechando los escándalos ocurridos y que la eficacia del sistema no ha sido mucha. De este modo el Ministerio puede emplear esos dineros en otros menesteres como las políticas para recolocar parados. Sin embargo, la patronal reclama no sin razón que esas contribuciones pertenecen a las empresas y que les corresponde a ellas gestionarlas para la formación de trabajadores, tal y como constantan varias sentencias del Tribunal Constitucional. Y todo ello con la particularidad añadida de que este esquema servía para financiar una enormes estructuras de las organizaciones empresariales y sindicales.  

Así que no es de extrañar que en el transcurso de la reunión los representantes de las patronales empleasen los argumentos habituales: que no puede ser eso de que el Gobierno se quede los fondos; que si Empleo quiere destinarlos a los parados que lo sufrague con cargo a los Presupuestos; que para eso no pagamos el 0,6 por ciento de cotización; que no es normal que el PP plantee un sistema tan sumamente intervencionista o que habría que parar ese Real Decreto con todos los medios al alcance de la patronal. La indignación era un clamor.

Si ponemos el dinero, tenemos que decidir en qué se gastan esos fondos, afirmaron al unísono en CEOE. De forma que allí se resolvió que la patronal haría frente al Real Decreto que el Ministerio de Empleo ha elaborado saltándose el consenso con los agentes sociales.

Al tanto de lo que se había madurado en la CEOE, la ministra de Empleo llamó enseguida por teléfono al presidente de la patronal, Juan Rosell. Ya de noche, Fátima Báñez intentó tender un puente con las organizaciones empresariales, en pie de guerra por una materia que para ellas supone una importante fuente de financiación.

Y no sólo llamó a Rosell. A lo largo de la tarde la ministra movió hilos, presionó y buscó apoyos entre diversos miembros destacados de la organización empresarial. Báñez buscaba la manera de que la patronal aceptase la reforma de la formación continua. Sólo que todos sin excepción hicieron piña y respondieron en el mismo sentido: la formación para ocupados es un dinero que ponen las empresas y que el Gobierno no se lo va a arrebatar.

“Pueden poner todos los controles que quieran. Pero si nosotros lo pagamos, somos los que más tenemos que decir respecto a qué se hace con nuestro dinero. Que la Administración mande sobre esto es incomprensible”, declaró Rosell

Rosell le trasladó a la ministra que puede haber todo tipo de controles, que puede haber libre concurrencia a la hora de designarse quién imparte los cursos, pero que un funcionario no puede en ningún caso determinar cuáles son las necesidades de formación de las empresas. Al entender de la patronal, esta labor sólo la pueden llevar a cabo las empresas y sus representantes.

Los dos se concedieron unos días más de prórroga y acordaron que la semana próxima se reunirán los técnicos del Sepe con la Comisión de la Formación de CEOE. “Imagínense los funcionarios enfrentados con 150 miembros de la patronal que dependen de esos fondos”, comentaba una fuente patronal.

Y todo esto se trató al día siguiente miércoles en la Junta Directiva. Inmediatamente después, Rosell concedió una rueda de prensa en la que se mostraba tajante. “Pueden poner todos los controles que quieran. Pero si nosotros lo pagamos, somos los que más tenemos que decir respecto a qué se hace con nuestro dinero. Que la Administración mande sobre esto es incomprensible. No nos gusta. La reforma es muy mejorable”, declaró.

A su lado comparecía también Antonio Garamendi, el presidente de Cepyme, quien incluso fue un paso más allá: “Yo no diría que vayamos a las trincheras, pero sí que nos devuelvan el 0,6 por ciento que pagamos, que los empresarios somos muy inteligentes y lo destinaremos a lo que creamos oportuno”.

La satisfacción entre los miembros de la patronal era algo común. “Por fin nos vemos respaldados en esto. Rosell ha estado firme y sensato. Ha hecho lo que tenía que hacer”, manifestaban diversas fuentes empresariales.

Las grandes empresas sencillamente quieren seguir decidiendo con libertad cómo se organizan sus programas de formación. Pero el problema mayor se da sobre todo en las pequeñas, que pueden quedar más desamparadas sin tener un gremio al que acudir para que les confeccionen los cursos a la medida de sus necesidades, aducen las patronales. En juego hay 1.800 millones de euros, casus belli más que suficiente para la CEOE.


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