De Guindos se apoyará en Francia e Italia para conseguir el aval de Bruselas a la reforma fiscal

El Gobierno de Rajoy presentará este viernes una rebaja fiscal electoralista y que apenas compensará con alzas de impuestos, justo lo contrario de lo que le exige Bruselas. De modo que la reunión de ministros de Finanzas europeos de este viernes será decisiva para evitar nuevos ajustes presupuestarios con los que neutralizar el efecto en las cuentas públicas de la reforma fiscal.

En el consejo de ministros de Economía y Finanzas europeos, Luis de Guindos tendrá una tarea harta complicada defendiendo la reforma fiscal de Cristóbal Montoro. La Comisión Europea ha pedido a España nuevos esfuerzos para cumplir con el objetivo de déficit de 2015. Es más, en su opinión debería aprovecharse la reforma fiscal con el fin de asegurarse más ingresos. Sin embargo, en lugar de ello, Bruselas se encontrará con que hay un agujero en las cuentas incluso mayor, por valor de al menos 2.500 millones de euros más debido al recorte impositivo. Mal asunto.

Durante este Ecofin, los ministros harán el trabajo preparatorio de cara al próximo Consejo de jefes de Estado y de Gobierno que aprobará las recomendaciones de reformas europeas. Y estas recomendaciones se basarán en las que elaboró hace poco la Comisión, las cuales a su vez instaron a España a acometer nuevos ajustes en 2015, precisamente en medio de un año electoral en el que además se pondrá en práctica la bajada de impuestos.

No obstante, para evitar otra dosis de austeridad con unas elecciones a la vista, España contará con dos aliados de lujo. Tras la resaca de las elecciones europeas, Francia e Italia han iniciado la batalla para ganar un poco de margen presupuestario con el que poder hacer las reformas. La idea básica se resume en que la aplicación de las reformas suele irritar bastante al personal, por lo que habría que recurrir a la chequera para compensar al electorado con alguna alegría presupuestaria. Es decir, se trata de poner en marcha las medidas que contribuyan a recuperar la competitividad a cambio de rebajas de impuestos y estímulos que compren la paz social y reanimen el crecimiento. Máxime cuando los partidos más extremistas amenazan con hacer estallar el statu quo y poner fin a cualquier agenda reformista.

Mayor énfasis en el crecimiento

Semejante debate ha puesto sobre la mesa una nueva relajación de los objetivos de consolidación presupuestaria. En concreto, se propone que a la hora de medir el déficit no se contabilicen ni los costes de las reformas ni los paquetes de estímulos al crecimiento, una iniciativa que permitiría a España aprobar la reforma fiscal sin mayores sacrificios.  

Y el primero en airear otra vez esta idea ha sido Sigmar Gabriel, el vicecanciller alemán y líder de los socialistas socios de Merkel en el Gobierno. Después de entrevistarse con el ministro de Economía francés el pasado lunes, Gabriel declaró: “Nadie quiere más deuda. Pero sólo se podrá recortar el déficit si se vuelve poco a poco al crecimiento. Los países que lleven a cabo reformas deben tener más tiempo para recortar sus déficits. Pero debe ser algo obligatorio, un compromiso de reforma a cambio de más tiempo”.

Un rayo de luz se vislumbró en el horizonte europeo. Sólo que Merkel tardó muy poco tiempo en enmendarle la plana a su vicecanciller y verter un jarro de agua fría sobre las esperanzas de mayor flexibilidad. Al día siguiente, la canciller afirmó que ya se había concedido bastante margen presupuestario. “He hablado con Gabriel y hemos acordado que no hace falta cambiar el Pacto de Estabilidad. Toda la flexibilidad que necesitamos para solventar problemas ya se recoge en este Pacto”, explicó.

La batalla por la relajación de los objetivos de consolidación fiscal ha comenzado. Pese a haber obtenido dos años extra para recortar el déficit al 3 por ciento, París ya ha sido reprendida por Bruselas porque se desviará otra vez en 2015. Y Roma ha anunciado que peleará por una mayor flexibilidad presupuestaria durante su presidencia de la UE en la segunda mitad de año.

El propio primer ministro italiano, Mateo Remzi, ha eludido por ahora dar su apoyo a la candidatura de Juncker a la presidencia de la Comisión Europea. ¿El motivo? Muchos sugieren que puede vender a Merkel su respaldo a Juncker a cambio de más facilidades para alcanzar las metas de déficit.

Una rebaja electoralista

Y en este juego la suerte de España consiste en que se puede colocar a rebufo de los galos y transalpinos a la hora de pedir un poco de árnica. Con los comicios de 2015 en el horizonte, el objetivo del Ejecutivo español es hacer una rebaja de impuestos que recupere a aquellos votantes del PP que decidieron quedarse en casa en las elecciones europeas.

Y para eso se reducirán los tramos del IRPF de siete a cinco. Se bajarán todos los tipos en dos años, situando en el 2015 el más bajo, al menos, en el 24 por ciento y el más alto por debajo del 50 por ciento. También se mejorará el tratamiento fiscal de las familias. No obstante, estas medidas podrían compensarse con el recorte o la eliminación de algunas exenciones, como por ejemplo la de las rentas del trabajo o la de la indemnización por despido.

Respecto al impuesto de Sociedades, el tipo se recortará en dos años hasta el 25 por ciento a cambio de la eliminación de casi todas las deducciones salvo las de reinversión e I+D. Probablemente, Hacienda también mantenga el tipo del 15 por ciento establecido para las nuevas pymes.

El sistema de módulos se dejará intacto para quienes traten directamente con el consumidor final, como es el caso de la hostelería, el comercio y los taxis. Tampoco se tocarán ni los tramos autonómicos del IRPF en particular, ni cualquier otro impuesto regional en general, a la espera de un inminente Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se discutirán los impuestos y la financiación de las CCAA.

Por lo que respecta a las alzas, se ha descartado la mayoría salvo la tributación medioambiental. Nada de tocar la vivienda. El IVA que afecta al material sanitario se subirá, pero se excluirán las gafas graduadas y lentillas. De modo que habrá que esperar al trámite parlamentario entre septiembre y noviembre para comprobar si el Gobierno se ve obligado a introducir nuevas alzas tributarias impuestas por Bruselas. La pelea por convencer a Alemania ha comenzado.