Economía

La reforma de la Administración es insuficiente: Bruselas insiste en un análisis detallado de los capítulos del gasto

La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas promovida por la vicepresidenta y Hacienda se queda corta. La Comisión Europea pide otra vez “una revisión sistemática del gasto en todos los niveles de la Administración para contribuir a mejorar la eficiencia y la calidad del gasto público”.

El presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso
El presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso EFE

La Comisión Europea exige en sus recomendaciones que se haga un análisis “global y sistemático” de los capítulos del gasto, de forma que los recortes se puedan practicar allá donde “sean favorables al crecimiento al mismo tiempo que se atienden las necesidades de los menos vulnerables”. Es decir, la reforma de la Administración promovida por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y el Ministerio de Hacienda básicamente se queda corta.

Desde que comenzó el proceso de tutela, Bruselas siempre ha solicitado un estudio en profundidad de todos los desembolsos, al objeto de que se pueda concluir en qué partidas se ha de recortar. Pero en una ocasión tras otra el Ejecutivo ha dicho que nones, que ya vale con el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones conocido como Cora y con todas las medidas que se están adoptando para racionalizar el gasto sanitario y el empleo público. Que no hace falta replantearse todas y cada una de las grandes partidas como quiere la Comisión.

Sin embargo, Bruselas no comparte el diagnóstico. En su opinión, hace falta “una revisión sistemática del gasto en todos los niveles de la Administración para contribuir a mejorar la eficiencia y la calidad del gasto público”. Y le pone al Ejecutivo incluso un plazo de ejecución: antes de febrero de 2015. Un hecho que cobra mayor importancia porque los técnicos de la Comisión apuntan que hay riesgos de incumplimiento del déficit en el ejercicio 2015 y siguientes. “Los esfuerzos fiscales previstos durante todo el programa son inferiores a los recomendados por el Consejo Europeo”, sostienen.

Subidas de impuestos

De hecho, incluso reconociendo los avances logrados, una de las principales preocupaciones de la Comisión estriba en que la reforma fiscal asegure los ingresos que faltan para cumplir con las metas de déficit, pues a su entender las estimaciones de crecimiento del Gobierno español pecan de optimismo. Y para enmendar el riesgo de desviaciones presupuestarias, piden alzas de los impuestos que gravan el consumo, el deterioro medioambiental o los bienes inmuebles. Por no hablar de la eliminación de deducciones en IRPF y Sociedades. Un recetario que de aquí a las elecciones de noviembre de 2015 el Gabinete de Rajoy únicamente pretende seguir a medias, tan sólo eliminando algunas desgravaciones aquí y allá, subiendo los especiales y medioambientales, recomponiendo Sociedades y bajando IRPF. Pero nada de tocar más IVA.

Por si no fuera poco, la Comisión pone además en duda que baste con los ajustes previstos en las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, estos últimos en el marco de la reforma local. Es más, recuerda que hay margen para aplicar medidas coercitivas a las Autonomías y que se puede seguir mejorando la eficiencia del gasto sanitario y farmacéutico.

Dentro de esta línea, Bruselas destaca un dato a tener muy en cuenta y sobre el que podría pivotar una parte de la reforma del bienestar: de las prestaciones sociales, cuyo importe asciende al 25 por ciento del PIB, sólo el 4 por ciento del PIB se entrega después de revisar los ingresos del beneficiario. Las políticas sociales tienen efectos redistributivos limitados y presentan deficiencias a la hora de seleccionar los destinatarios, subrayan.

Pese a que se trata de una Comisión cuyos miembros están de salida y que por lo tanto no tendrá tanta capacidad para imponer sus recomendaciones, el informe mete más de una vez el dedo en el ojo del Gobierno, por ejemplo señalando los clamorosos retrasos en la reforma de los servicios profesionales, la constitución de la Autoridad Fiscal Independiente o la modernización de unos servicios públicos de empleo que solo colocan al 2 por ciento de todas las contrataciones. Incluso en un contexto de mayor relajación en la UE, los técnicos no se han cortado un pelo y han puesto en un brete al Ejecutivo al señalar que ha hecho poco respecto a la pobreza infantil y que la desigualdad de rentas se ha disparado.

Una segunda reforma laboral

Pero, sobre todo, la Comisión Europea ha dirigido el foco hacia el mercado laboral: “Las evaluaciones de la OCDE no han sido seguidas por el anuncio de modificaciones significativas en el mercado de trabajo”, concluyen. Y entre las reformas que se demandan en esta materia se incluye el recorte de los costes de despido para acabar con la segmentación existente entre los indefinidos y los temporales, ya que "la diferencia entre unos y otros figura, incluso después de la reforma laboral, entre las mayores de la UE".

El Ejecutivo comunitario que preside Barroso aboga por la reducción del número de contratos, por que continúe la moderación salarial, por que se recorten las cotizaciones de los salarios más bajos, por que se vinculen las prestaciones de desempleo a la búsqueda de trabajo, por que se modernicen los servicios de empleo apoyándose en las entidades privadas de colocación y por que se mejoren las políticas activas y la formación. En definitiva, la Comisión presiona para que haya una segunda vuelta de tuerca a la reforma laboral.

Bruselas también requiere en sus recomendaciones que se solvente el déficit de tarifa y el agujero de las autopistas, que se cree un observatorio que evalúe el coste y la eficiencia de la inversión en infraestructuras, que se eliminen trabas a la creación de empresas, que se combatan “los graves problemas” del fraude fiscal y el trabajo no declarado, y que se adopten más medidas para ayudar a la reestructuración de deudas, fundamentalmente con una ley de insolvencia personal. Así que después de seis años de crisis la lista de reformas no se acaba, y toda ella tendrá que ser negociada de cara al próximo Consejo de jefes de Estado y de Gobierno de principios de julio, en el cual muy probablemente se fijen por escrito como ineludibles obligaciones que luego el Ejecutivo intentará diluir y retrasar como pueda.


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