Economía

El Gobierno sigue oponiéndose a la autoridad fiscal independiente, que califica de antidemocrática

La troika exige que el organismo auditor evalúe el coste de todas las medidas, haga proyecciones económicas y tenga un consejo y financiación realmente independiente. “Se están poniendo muy pesados con esta entidad. Realmente lo que quieren es un controlador de carácter tecnócrata, y eso roza lo antidemocrático”, explica un ministro.   

Los ministros De Guindos, Sáenz de Santamaría y Montoro
Los ministros De Guindos, Sáenz de Santamaría y Montoro GTRES

El Gobierno no quiere ni de broma una autoridad fiscal independiente. Pese a haber puesto en marcha su creación, todavía ha de estudiar con mucho cuidado cómo se organiza y qué atributos se le confieren. Sin embargo, Bruselas ya le ha advertido que vigilará con la máxima atención cómo se diseña.

Los miembros del Ejecutivo consideran que si se instrumenta tal y como exige la Comisión Europea, este organismo podría erigirse en una suerte de brazo armado de Bruselas. Simplemente serviría para imponer las decisiones de un grupúsculo de tecnócratas que poco entiende de las características de un país o de las dificultades políticas y que, por supuesto, carece de la legitimidad de las urnas.

“Se están poniendo muy pesados con esta entidad. Realmente lo que quieren es un controlador de carácter tecnócrata, y eso roza lo antidemocrático”, explica un ministro.

Bruselas ha insistido mucho en la constitución de esta autoridad fiscal desde que se firmó el memorando de entendimiento del rescate bancario. Sin embargo, el Gobierno lo ha ido demorando una y otra vez. Hasta que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, lo presentó en el Consejo de Ministros del 12 de abril.

De acuerdo con el anteproyecto de ley del Gobierno, esta autoridad dará sus primeros pasos a finales de 2013 y hará nueve informes al año sobre el estado de las cuentas públicas de todos los aparatos estatales. Entre sus labores, confeccionará previsiones económicas y valorará el Plan de Estabilidad o cualquier proyecto de presupuestos de una Administración. Hacienda ha aprovechado para brindarle poderes de control sobre las Comunidades, otorgándole la capacidad de establecer los déficits autonómicos o inspeccionar las cuentas de las Comunidades.

El propio Montoro afirmó que se le daba al presidente un mandato de tres años prorrogables a otros tres para desvincularlo del ciclo electoral y que el órgano sería independiente, como el INE, Banco de España o la CNMV.

Sin embargo, la autoridad fiscal dependerá del Ministerio de Hacienda, el Parlamento sólo podrá examinar la experiencia profesional de su presidente, y éste sólo tendrá rango de subsecretario de Estado. Es decir, pese a que el organismo tendría que velar por el cumplimiento del artículo de la Constitución que establece la estabilidad presupuestaria, lo va a tener muy difícil si está incrustado en Hacienda. Además, los informes no tendrán fuerza vinculante y, por lo tanto, el Gobierno podrá saltárselos a la torera.

Todo esto no ha convencido en Bruselas. Según fuentes cercanas a la Comisión, se examinará con lupa la forma en que se articula esta entidad. Se vigilará estrechamente que el presidente y su consejo sean auténticamente independientes y que dispongan de unas fuentes de financiación claramente estipuladas, sin que dependan de la voluntad del político de turno.

Después de las sucesivas desviaciones en el déficit y del remoloneo con las reformas, la Comisión pretende apoyarse en este órgano para que las políticas económicas ganen credibilidad. En Bruselas, se pone como modelo la Oficina del Presupuesto del Congreso estadounidense, conocida como CBO.

La CBO estima el impacto económico de cualquier medida o propuesta electoral, de tal modo que el debate público siempre resulta mucho más informado. Sus directores son economistas de gran prestigio que no precisan de los ingresos y su independencia está fuera de toda duda.

En España, otra incógnita sobre esta nueva institución consiste en qué papel desempeñará entre tantas otras que llevan a cabo tareas similares. Por ejemplo, la IGAE ya se encarga de asegurar la veracidad de las cuentas; el Banco de España ya hace previsiones e informa de la deuda de las Administraciones; el Instituto de Estudios Fiscales cuantifica el impacto de muchas medidas, y el INE registra todo tipo de estadísticas.

No obstante, Bruselas quiere algo mucho más independiente y transparente. El problema es que varios componentes del actual Gabinete de Rajoy ya tuvieron en otra legislatura la experiencia de un Pepito Grillo con José Barea, y difícilmente querrán que se ésta se repita.


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