Publicado: 03/08/2012 04:00
Primero fue la querella de Unión Progreso y Democracia (UPyD). Y tras ella, todo un aluvión. En las escasas semanas que lleva abierto el sumario contra Bankia y sus responsables, al menos una quincena de asociaciones, sindicatos y particulares han presentado ante el juzgado número 4 de la Audiencia Nacional que instruye la causa y otras instancias judiciales demandas contra la entidad bancaria con la intención de ser admitidos en la misma como acusaciones populares o particulares. Un número tan elevado que ha llevado al fiscal Alejandro Luzón a presentar el pasado 17 de julio un escrito ante el juez Fernando Andreu en el que alerta sobre "el número creciente de acusaciones populares que pretenden personarse en la causa y de la razonable previsión de que este número siga creciendo". Por ello, el representante del Ministerio Público ha comenzado a pedir que algunas de ellas o bien sean rechazadas o bien se les obligue a compartir "dirección letrada y representación" para, de este modo, "evitar dilaciones indebidas" en el proceso por la presencia de un número demasiado elevado de abogados.
El fiscal no quiere que un abogado ligado a la familia Ruiz Mateos e imputado en otro sumario pueda personarse en la causa como perjudicado
En concreto, y tras el partido de Rosa Díez, presentó querella el movimiento 15-M, que en estos momentos lleva la representación ya aceptada de quince accionistas de Bankia. Tras ellos apareció el Sindicato Manos Limpias, que el 14 de mayo de 2012 había presentado una denuncia contra diversos responsables de Bankia, del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid. Dicha denuncia fue enviada por este órgano a la Audiencia Nacional y, ahora, el Fiscal es partidario de admitir su personación, pero siempre y cuando comparta la representación legal con UPyD ya que considera que entre ambos hay "convergencia de intereses y fines".
Menos suerte ha tenido el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT), que ha presentado en la Audiencia Nacional un escrito para ser admitida como acusación particular "contra quien o quienes resultaran responsables de los actos delictivos objeto de este proceso". Para el fiscal, su personación adolece de justificación ya que no ha presentado el poder notarial en nombre de aquellas personas que argumenta quieren querellarse. "La personación no puede admitirse toda vez que el sindicato no está legitimado para el ejercicio de acciones penales en nombre de trabajadores afiliados por el mero hecho de estarlos", concluye el fiscal. La CGT había alegado que "tiene representación e implatanción" en Bankia y que los trabajadores de las mismas son perjudicados "como ciudadanos que forman parte de la sociedad".
"Contra el Gobierno español"
Sin embargo, con quien el fiscal se muestra más crítico es con el intento de personación de los responsables de la empresa Bochner España S.L, y más en concreto, de uno de sus representantes, Joaquín Yvancos Muñiz, abogado ligado al Grupo Nueva Rumasa de la familia Ruiz Mateos. Esta entidad mercantil ha alegado ante la Audiencia Nacional supuestas irregularidades en una orden de compra de valores que sucribió en 2009 con Bancaja, entidad integrada en Bankia, para solicitar su personación y, de paso, extender la querella contra "el Estado español, es decir, contra el Gobierno de España" y contra la CNMV. Sin embargo, el fiscal considera que los hechos que se refiere son anteriores a la creación de la nueva entidad financiera y, además, "ajenos" a la investigación iniciada. El Ministerio Fiscal recalca que de aceptarse, tendría que hacerse lo mismo con "cualquier denuncia de genéricos afectados o perjudicados por diferentes contratos celebrados con Bankia u otras cajas de ahorro de su entorno", lo que en su opinión retrasaría el proceso.
Entre los aspirantes a ejercer la acusación, una organización de consumidores, un partido de "mayores" y el propio FROB
En el escrito en el que pide que se retrase la personación de dicha empresa, el fiscal incluso carga contra Joaquín Yvancos, al que califica de "supuestamente engañado", pero al que describe como "un experto abogado, responsable durante muchos años de la dirección jurídica de las sociedades del llamado Grupo Nueva Rumasa, quien difícilmente puede alegar ignoracia en los negocios jurídicos que desarrolla". Incluso detalla que Yvancos está "imputado y hasta acusado en diferentes procedimientos, y existen medidas cautalres" recientes contra él en el que está afectada, precisamente, la empresa Bochner España, que supuestamente se habría beneficiado "de los fondos ilicitamente obtenidos" por las empresas de la familia Ruiz Mateos. Por todo ello, el fiscal sólo admite que se presente como acusación popular, siempre y cuando lo haga "bajo la misma representación y defensa que el el querellante inicial, UPyD".
Junto a todos ellos, también han presentado querella con la intención de estar personados la Federación de Cuadros y Profesionales de Cajas de Ahorro (FEPCA), la Organización Nacional de Consumidores de España 'Causa Común', la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), la Asociación Española de Accionistas Minoristas de Empresas Cotizadas (AEMEC), la barcelonesa Associació per la Defensa dels Perjudicats per les Entitats Financieres (ADPEF) y el Partido de los Mayores y Autónomos (PDMA). Estos últimos, en cocnreto presentaron el pasado 12 de junio una querella en el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, que, a su vez, lo ha remitido a la Audiencia Nacional.
A todos ellos, se unen algunos accionistas a título individual y el propio Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), al que el juez ya ha admitido como parte en el proceso al considerar es te organismo como "parte perjudicada" al haber inyectado a Bankia 4.465 millones de euros de dinero público y preveerse que tendrá que facilitar a la entidad bancaria otros 19.000 millones para acometer su plan de saneamiento y recapitalización. El juez, además, y como adelantó ayer Vozpopuli, ha ofrecido a varios jubilados que han hecho llegar a su juzgado cartas manuscritas en las que detallaban la grave situación financiera en que se encuentra tras adquirir preferentes de la entidad bancaria, la posibilidad de personarse como afectados en la causa.
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