Economía

Hacienda investigará a clientes de Banco Madrid y BPA que se acogieron a la amnistía fiscal

Dimite en pleno el consejo de Administración de la filial española un día después de la intervención del Banco de España. Montoro seguirá los mismos pasos que con el HSBC.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. EFE

Aviso para las grandes fortunas, a la postre los clientes de Banco Madrid. La Agencia Tributaria investigará todos los indicios de delito que puedan haber cometido los clientes que se acogieron a la amnistía fiscal y que tenían cuentas en Banca Privada de Andorra (BPA) y su filial española Banco Madrid después de que se haya conocido que la entidad andorrana podría haber colaborado en el blanqueo de capitales, en línea con las anunciadas frente al HSBC, según confirman fuentes de Hacienda. El departamento que dirige Cristóbal Montoro ha encargado un estudio a la Abogacía del Estado para ver si emprende acciones legales contra la filial suiza del banco HSBC por su posible participación en fraude fiscal. Este estudio deberá determinar las responsabilidades que pueda tener la entidad bancaria y sus empleados ante las cuentas de españoles que han defraudado a la Hacienda española.

De esta forma, Montoro quiere que España colabore con otros Estados afectados por las cuentas publicadas a través de la lista Falciani y que ya han anunciado sus reclamaciones legales pertinentes. No se descarta que pueda realizarse un proceso similar en caso de BPI y Banco Madrid, según confirman fuentes del sector.

Hacienda analizará también a los contribuyentes que sean clientes de esas entidades financieras que se acogieron a la Declaración Tributaria Especial (DTE) de 2012 (modelo 750), conocida como amnistía fiscal, y a quienes presentaron el modelo 720 de declaración de bienes y derechos situados en el extranjero. La DTE, aprobada por el Gobierno el 30 de marzo de 2012 y a la que podían acogerse los contribuyentes hasta el 30 de noviembre de ese año, establecía un gravamen especial del 10% para impulsar la declaración de las rentas no declaradas.Los responsables del Ministerio y la Agencia Tributaria han señalado en distintas ocasiones que la Declaración Tributaria Especial no iba amparar cualquier ilícito de otra consideración y que las actuaciones de la institución no se ven limitadas por la presentación de la misma.

Así, se va a enviar al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) la información de estos contribuyentes para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes. Esta actuación de Hacienda se anuncia después de que el Banco de España haya decidido intervenir Banco Madrid, después de que el Tesoro de Estados Unidos señalara a su matriz BPA por haber podido colaborar en blanqueo de capitales. Tras esta actuación, el consejo de administración de Banco Madrid presentó este miércoles su dimisión tras la intervención desde el Palacio de Cibeles por presunta colaboración en el blanqueo de capitales a través de su matriz. Una dimisión forzada desde el Palacio de Cibeles.

La reunión del consejo de administración acabó con la dimisión en pleno de todos los directivos, entre ellos los miembros de la familia que es accionista mayoritaria de BPA

El consejo de administración había quedado totalmente anulado tras la intervención del supervisor español. Cualquier paso y decisión que adoptasen tenía que ser transmitido a los dos interventores nombrados por el Banco de España, Alejandro Gobernado Hernández y José Luis Gracia Cáceres, quienes tenían la última decisión. A partir de ahora, supervisarán la gestión de la entidad hasta que el Gobernador Linde decida nombrar a unos nuevos gestores. Además, el Banco de España ha comenzado a elaborar un análisis forensic de la entidad para conocer si hubo blanqueo de capitales o actividades ilícitas en la entidad desde que fue adquirida por BPA.

El consejo de administración de Banco Madrid estaba compuesto por José Pérez Fernández, presidente de la entidad y exdirector del servicio de Supervisión del Banco de España; Joan Pau Miquel Prats, consejero delegado; así como por los vocales Higini Cierco Noguer; Ramón Cierco Noguer (miembros de la familia que es accionista mayoritaria de BPA); Ricard Climent Meca; Soledad Núñez Ramos, exdirectora general del Tesoro, y el secretario Rodrigo Achirica Ortega.

En la misma mañana del miércoles, Banco Madrid había envíado un comunicando con el objetivo de manifestar su punto de vista al respecto de la intervención. En el mismo destacaba como “BPA y Banco Madrid son dos entidades totalmente independientes” y que Banco Madrid cuenta con su propio consejo de administración, una dirección independiente, un balance completamente separado y capital propio, sujeto a regulación y supervisión española, y por tanto, no disponible por su accionista. No hablaban, sin embargo, de la fuga de depósitos que producirá la intervención. Fuentes de la entidad sostienen que esta salida de fondos apenas llegó a un 0,5% de sus activos gestionados.

El Tesoro norteamericano, a través de su división de delitos financieros (FinCem), señala a BPA como una “institución financiera extranjera sometida a preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales”. En su comunicado, relata que, “durante varios años, directivos de alto nivel en BPA han facilitado conscientemente transacciones de lavadores de dinero que actúan en nombre de organizaciones criminales transnacionales”, dedicadas al crimen organizado -apunta hacia Rusia y China-, la corrupción y el tráfico ilegal de seres humanos. Según este informe, habría facilitado transacciones de la mafia rusa a través de Andrei Petrov; el ciudadano chino Gao Ping, y la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA), para la que se calcula que el banco andorrano habría blanqueado 2.000 millones de dólares. 

Según Jennifer Shasky Calvery, director del FincCem, las actividades de lavado de dinero por parte de BPA se realizaron principalmente a través de su cuartel general en Andorra. BPA accedió al sistema financiero de EE.UU. a través de cuentas en cuatro entidades estadounidenses. FinCEN ha enviado al Registro Federal un informe de sus investigaciones. Además, la división de delitos financieros del Tesoro ha enviado unas recomendaciones que, si se adoptan como norma definitiva, prohibirían a cualquier institución financiera estadounidense abrir o mantener ningún tipo de cuenta o relación con BPA o alguna de sus filiales. Estas medidas están sujetas a un plazo de 60 días, a partir del día en que estas recomendaciones se adopten como norma definitiva en el Registro Federal del Tesoro de EE.UU.


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