Economía

Se acabó el BOE del viernes: las leyes relacionadas con empresas sólo se publicarán en dos fechas al año

¿Cansado de mirar el BOE todos los fines de semana a ver qué ha podido aprobar el Gobierno? Pues se acabó tan tedioso trabajo. El Ejecutivo quiere publicar todas las leyes aplicables a las empresas en dos fechas concretas, una en enero y otra en junio.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina EFE

¿Cansado de mirar el Boletín Oficial del Estado todos los fines de semana a ver qué ha podido publicar el Gobierno? Pues se acabó tan tedioso trabajo. El Ejecutivo quiere publicar todas las leyes aplicables a las empresas en dos fechas concretas, una en enero y otra en junio.

El Gobierno de Mariano Rajoy dará pronto un giro muy importante a la forma en que se legisla sobre las empresas. Este viernes, el Consejo de Ministros abordó el Anteproyecto de ley del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas. Y desde el mismo momento en el que esta ley esté operativa, las normas que afecten a las empresas sólo se podrán publicar -y por lo tanto entrar en vigor- en dos fechas del año salvo contadas excepciones.

La actividad de los Consejos de Ministros continuará con sus anteproyectos y demás actividades consuetudinarias. Pero la publicación de normas relativas a las compañías sólo se llevará a cabo en una fecha de enero y otra de junio, tal y como se recoge en el anteproyecto de ley. Desde el punto de vista del legislado, se trata de un avance considerable, puesto que no se tendrá que estar pendiente de lo que salga cada fin de semana en el Boletín Oficial del Estado. Nada de estar buceando en el BOE un fin de semana sí y otro también para no perder ripio.

Gracias a esta iniciativa, se evitaría que en cualquier ley ómnibus o decreto se cuele por detrás una sorpresa que pudiera pasar totalmente desapercibida. A modo de ejemplo, piezas como la reforma del Impuesto de Sociedades o la reforma laboral se tendrían que haber ajustado a este nuevo calendario.

A pesar de la comodidad que esto supone para los ciudadanos, la propuesta ha generado alguna que otra molestia dentro de los Ministerios, ya que se trata de un esfuerzo ingente el tener todo listo justo para dos fechas. “Los errores a veces serán más fáciles de cometer”, argumentan algunas fuentes.

Una recomendación europea

La medida no surge como un conejo sacado de la chistera. De hecho, se trata de una recomendación europea bautizada como las ‘common commencement dates’ o fechas de comienzo común, pensadas precisamente para aquella normativa que pueda ocasionar un impacto sobre las empresas. La idea consiste en dotar de previsibilidad al proceso legislativo, de forma que los empresarios tengan más tiempo y mayor facilidad a la hora de adoptar la nueva normativa. Y es más, la propuesta comunitaria brinda dos fechas concretas bajo las que se podría armonizar el calendario europeo: el 29 de abril y el 29 de octubre.

Todos estos esfuerzos se enmarcan dentro de un impulso global del Gabinete de Rajoy para mejorar la elaboración de las normas jurídicas. En el anteproyecto ideado por los subsecretarios de Presidencia y de Hacienda, Jaime Pérez Renovales y Pilar Platero, se introducen nuevos controles en estos procesos. Así, se instaura una nueva consulta pública en la que en un primer momento se plantearán los problemas que en principio se quieren solucionar antes de empezar a redactar la normativa.

Como parte de este nuevo protocolo, el anteproyecto establece a priori una revisión de la calidad técnica de cualquier texto legal, con controles adicionales fuera del Ministerio que prepare la norma al objeto de que no se incurran en contradicciones o errores.

Por si esto no fuera poco, se examinará si la transposición de una norma o directiva comunitaria ha conllevado la inclusión de cargas adicionales que poco tienen que ver con lo que exija la UE. Toda nueva pieza de legislación tendra que derogar expresamente las normas que sean contrarias para no introducir confusión. Se estudiará si una norma arremete directamente contra la unidad de mercado o si respeta el principio del 'one-in one-out' o a ley aprobada, ley eliminada.

Todos los años, el Ejecutivo habrá de confeccionar un plan anual normativo en el que recogerá toda la legislación que pretenda poner en marcha. Y una vez haya entrado en vigor una ley habrá una evaluación ex post. No en vano, en ocasiones incluso se llega al extremo de que luego se comprueba que una norma aprobada ni siquiera se ha terminado aplicando. 


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