Economía

La reforma laboral española habría frenado el alza del paro de haberse aprobado años antes, según el BCE

La entidad augura una "acusada caída" de la remuneración de los asalariados en España y Grecia.

Según el Banco Central Europeo (BCE), España habría podido evitar gran parte de la destrucción de puestos de trabajo desde el comienzo de la crisis si hubiera aprobado "hace unos años" una reforma laboral similar a la adoptada finalmente en febrero de este año.

"En el caso de España, las autoridades finalmente aprobaron, en febrero de 2012, una reforma del mercado de trabajo de gran trascendencia  y envergadura que podría haber sido muy útil para evitar la destrucción de empleo si se hubiese aprobado hace unos años", defiende el boletín correspondiente al mes de agosto de la institución presidida por el italiano Mario Draghi.

Así, al analizar los procesos de ajuste acometidos por los cuatro países de la Eurozona sometidos a algún tipo de rescate (Grecia, Portugal, Irlanda y España) además de Chipre, el organismo señala que, tras el inicio de la crisis financiera, salvo en el caso de Irlanda, la moderación salarial se ha producido con un retraso considerable, como en el caso de Portugal, donde sucedió en 2010, o ha seguido siendo muy limitada, como ha ocurrido de España y Chipre, a finales de 2011.

Con estos datos, el BCE pronostica que en futuro se producirá "una acusada caída de la remuneración por asalariado" en España "como consecuencia de nuevos recortes de los salarios del sector público y del impacto de la reforma laboral en la moderación de las reivindicaciones salariales del sector privado". Algo similar sucederá en Grecia, como resultado de las recientes reformas del proceso de determinación de salarios en el sector privado.

Más reformas fiscales y estructurales

El BCE considera también que "todos los países tendrán que emprender reformas adicionales de gran calado" para introducir medidas que aumenten la competitividad, reduzcan el desempleo y restablezcan la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Respecto a la competitividad, esta institución recomienda aumentar la flexibilidad del proceso de determinación de salarios, cuando sea necesario, por ejemplo "mediante la relajación de la legislación de protección del empleo", la supresión de los mecanismos de indiciación salarial, la reducción de los salarios mínimos, y permitiendo la negociación salarial a nivel de empresas.

Señala, además, que "habida cuenta de su bajo nivel", es "especialmente urgente" aplicar recortes adicionales a los costes laborales y a los márgenes de beneficio, sobre todo en países con niveles de desempleo muy elevados.


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