Las limitaciones presupuestarias impedirán a Podemos la 'barra libre' en ayuntamientos y comunidades

La candidata de Ahora Madrid a la Alcaldía, Manuela Carmena, ha prometido devolver al Ayuntamiento los servicios de limpieza, reducir el precio del transporte público, garantizar los suministros de luz y agua a todos los hogares que no puedan pagarlos, habilitar alojamiento a los desahuciados, asegurar el acceso a la sanidad municipal a toda la población y ampliar los horarios de apertura de bibliotecas, escuelas y polideportivos. Son iniciativas que dispararían el gasto de una corporación endeudada en casi 6.000 millones de euros y que está bajo vigilancia de Hacienda, según los parámetros establecidos en la ley de estabilidad presupuestaria. En una situación similar, aunque con un pasivo más reducido, están las seis corporaciones locales más grandes de España, las que superan el medio millón de habitantes, que cerraron el año pasado con una deuda cercana a los 10.000 millones. La de Barcelona, que en un par de semanas pasará a estar gestionada por Ada Colau, arrastra una deuda que roza los 1.000 millones.

Carmena y Colau no podrán disparar el gasto ni en Madrid ni en Barcelona, salvo que suban los impuestos de forma salvaje

El próximo día 13, estarán constituidos los más de 8.000 ayuntamientos que hay en España y será cuando pongan a prueba el margen del que disponen para aplicar los programas electorales de los nuevos equipos. La inquietud en el Gobierno ante la posibilidad de que abran de nuevo la barra libre y disparen sus gastos, es limitada. Por una parte, los interventores municipales están obligados a garantizar el respeto a la ley de Estabilidad Presupuestaria y estas administraciones, por tanto, seguirán monitorizadas. Pero, por la otra, no puede descartarse que después de las elecciones generales previstas para fin de año, se cambie la norma en el Parlamento, como hizo José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, y los desequilibrios vuelvan a desbocarse. Este es el gran peligro.

El margen para las alegrías que tendrán los ayuntamientos antes de las legislativas es mínimo, apuntan fuentes del Gobierno, salvo que suban de una manera salvaje los impuestos para compensar las desviaciones de gasto.

El Estado, principal acreedor de las comunidades

Los interventores están obligados a garantizar en ayuntamientos y comunidades el respeto a los compromisos presupuestarios

Algo parecido, aunque a otra escala, va a ocurrir en las comunidades autónomas que ahora está a punto de reconquistar la izquierda. Si la deuda municipal supera los 40.000 millones, la autonómica le añade a esta cifra cerca de 200.000 y el Estado ya es acreedor de más de la mitad, como consecuencia de los fondos de liquidez promovidos por el Ministerio de Hacienda a partir de 2012, entre ellos el de liquidez autonómica y el del pago a proveedores. Gracias a ello, las comunidades han podido financiarse en condiciones más que favorables. No es un secreto para nadie que buena parte de ellas, sobre todo las que tenían cerrado el acceso a los mercados, se encuentran intervenidas y están sujetas a controles de gasto muy estrictos que también tendrán que respetar los nuevos gobiernos autonómicos, pese a quien pese, recuerdan en el Ejecutivo.Los interventores están obligados a garantizar en ayuntamientos y comunidades el respeto a los compromisos presupuestarios

De esta supervisión no se librarán tampoco las comunidades y los ayuntamientos que están en superávit, pues a pesar de que han conseguido en los últimos ejercicios un cierto saneamiento, todavía soportan altos niveles de endeudamiento.

Asturias y Canarias, dos de las comunidades en las que el pasado domingo se celebraron elecciones, son las que cerraron 2014 en una situación más desahogada, mejor incluso que Castilla y León. Pese a ello, el espacio para las indisciplinas presupuestarias es inexistente, enfatizan en el Gobierno, teniendo en cuenta que España tiene pendiente un ajuste estructural de 2,5 puntos de PIB para conseguir el equilibrio al que se ha comprometido con Bruselas.