Economía

¿Hay que intervenir las CCAA? La Autoridad Fiscal pone el debate sobre la mesa

La Autoridad Fiscal presidida por José Luis Escrivá reacciona ante el remoloneo de Hacienda con las Comunidades. Y no le falta razón. Con dos elecciones de por medio y un objetivo de déficit muy exigente, el 2015 se antoja un año harto complicado para rebajar el agujero presupuestario. No podemos perder un tiempo precioso.

Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. EFE

“Señor Montoro, una vez conocidos los datos de déficit y después de tantos trimestres de incumplimientos de las Comunidades… ¿cuándo va aplicar el artículo 135 de la Constitución a los gobiernos autonómicos”, ésta es la pregunta que en numerosas ocasiones ha lanzado un conocido periodista económico al titular de Hacienda en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Tras varios años de sucesivos incumplimientos de los déficits por parte de una serie de Autonomías, ¿qué sucede para que no se tome una acción decisiva respecto a las cuentas autonómicas?

Y eso mismo se ha preguntado el presidente de la nueva Autoridad Fiscal Independiente, José Luis Escrivá. Después de haber conseguido reducir el déficit en 2012 y 2013, no hace falta ser un experto para apreciar que el ajuste de las Comunidades ha tocado hueso y no progresa como debería. Entre el horizonte electoral, las amenazas independentistas, la calma de los mercados y el advenimiento del populismo, cuesta mucho más avanzar en el proceso de consolidación fiscal. La presión ha remitido. Casi con un año de retraso, Hacienda ni siquiera ha aprobado todavía los planes de reequilibrio que debían haber adoptado las Comunidades que sobrepasaron las metas de déficit en 2013.

Además, por sus propias estructuras de gastos e ingresos, las Comunidades tienen algo más complicado lograr el ajuste. Muchos de los gastos están vinculados a la educación y la sanidad, unas partidas más difíciles de recortar. Los desembolsos en intereses cada vez son mayores según va aumentando la deuda. Y los ingresos dependen de un ciclo inmobiliario que no retorna y de unas liquidaciones tributarias que sólo traerán la recuperación de los ingresos dos años más tarde.

El desfase presupuestario de las Comunidades Autónomas es un riesgo muy importante de cara al exigente objetivo de déficit de 2015

Así las cosas, el riesgo evidente consiste en que este año el desfase acabe en unos niveles similares a los del año pasado. Quizás en 2014 eso no sea un problema porque el Estado está arañando de otras rúbricas y beneficiándose de la recuperación de los ingresos de forma que podría compensar el agujero de las Comunidades. Pero eso no va a pasar el año que viene teniendo que recortar el déficit del conjunto de las Administraciones en unos 12.000 millones de euros. 12.000 millones es muchísimo dinero. Y todavía lo será más con dos procesos electorales de por medio, tal y como alerta la Autoridad Fiscal Independiente.

Ahora mismo los mercados están calmados. Pero las vulnerabilidades de la economía española teniendo que acudir fuera a refinanciarse todos los meses son grandes. España todavía acumula un cien por cien de deuda con el exterior entre lo público y lo privado. Si vence el populismo en las urnas, la eurozona se estanca y el BCE no consigue convencer a los mercados, las turbulencias podrían reproducirse. Y Escrivá no es nada ajeno a estas cuestiones. Así que ha empezado a hacer campaña cual Pepito Grillo recordándole al Gobierno sus debilidades presupuestarias:

“Conviene recordar, en este sentido, que el desbordamiento de los objetivos presupuestarios de las Comunidades Autónomas en el entorno de sus procesos electorales afectó negativamente en el pasado a la credibilidad de las cuentas públicas españolas con consecuencias graves para las condiciones de financiación del país”, sostiene Escrivá en una carta dirigida al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.

“Conviene recordar que el desbordamiento de los objetivos presupuestarios de las Comunidades en el entorno de sus procesos electorales afectó negativamente a la credibilidad de las cuentas", afirma Escrivá.

La misiva del presidente de la Autoridad Fiscal concluye que ante el manifiesto riesgo de incumplimiento Hacienda debe activar las medidas preventivas previstas en el artículo 19 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Es decir, el primer paso del largo y arduo proceso hacia la intervención de una Comunidad.

Dicho mecanismo resulta lento y plagado de formalidades. En primer lugar, Hacienda debe presentar una amonestaciónrazonada al Consejo de Ministros para que éste haga oficial la advertencia al ejecutivo regional, precisamente la iniciativa que recomienda Escrivá. A partir de ahí, el gobierno autonómico tiene un mes de plazo para atenerse a las exigencias de Hacienda. Transcurrido ese periodo, siempre y cuando siga instalada en la contumacia, la Comunidad cuestionada verá como le suspenden las operaciones de endeudamiento, las subvenciones y los convenios.

Y si incluso así el gabinete autonómico continúa sin acatar las normas, entonces se le dará un ultimátum de 15 días para aprobar un decreto de no disponibilidad de créditos, es decir, recortes del gasto. Al mismo tiempo, tendrá que depositar el 0,2 por ciento de su PIB regional en una cuenta del Banco de España que le generará intereses. A los tres meses de rebeldía, la cuenta dejará de devengar los intereses y, tres meses más tarde, Hacienda se quedará con todo el dinero en concepto de multa.

En ese mismo instante, se enviará a los hombres de la Intervención General del Estado a la Autonomía, con el fin de que la inspeccionen y determinen un paquete de medidas que deberán obedecer los funcionarios de la Comunidad. Es decir, el primer peldaño de la intervención efectiva tarda al menos unos siete meses en alcanzarse.

Digamos que a pesar de todo esto la Comunidad se resiste, el siguiente y definitivo escalón consistiría en el emplazamiento al Senado, donde se votaría por mayoría absoluta la ejecución forzosa de las medidas y la Moncloa adquiriría la capacidad de ordeno y mando sobre todas las autoridades de la Comunidad Autónoma.

Se trata pues de un proceso harto largo y complicado, y en el que además hay mucho margen para la negociación. Sólo que la propia Hacienda reconoce que no quiere pasar por el mal trago que conlleva intervenir una Autonomía.

De modo que Hacienda simplemente ha ideado otro método de control por debajo de la mesa: la liquidez. Montoro se sirve del Fondo de Liquidez Autonómico para atar en corto a las regiones. A cambio de los fondos necesarios para pagar sueldos y gastos varios, el ministro exige ver las facturas y desnudarse. Y cuando lo considera oportuno, incluso impone mayores ajustes.

Montoro se sirve del FLA para atar en corto a las Autonomías. Pero este año parece que el sistema no está funcionando y no hay tiempo que perder para tomar medidas de cara a 2015

Todo lo cual permite a Montoro hacer política y modular las medidas según le convenga y de acuerdo con las características particulares de cada Comunidad Autónoma. A veces, con una clamorosa ausencia de transparencia. Por ejemplo, ¿qué hacer con una Cataluña a la deriva?, ¿o con una Valencia que es un bastión de su propio partido?, ¿y acaso se puede dejar a Monago bajar impuestos cuando en realidad eso afectará muy poco a sus cuentas dado que en una Autonomía pequeña el grueso del león de los ingresos procede del sistema de financiación y no de la recaudación?

Sin embargo, este modus operandi que hasta ahora parecía funcionar empieza a agrietarse. No sin cierta permisividad de Hacienda, la perspectiva de unas elecciones está restando fuerza a los compromisos de austeridad. El actual esquema deja mucho ámbito para la discrecionalidad. No se conoce qué medidas están tomando... o no. Lo que a su vez conduce a plantear qué incentivos tienen las Comunidades que sí que están cumpliendo. En apenas unos meses, podríamos encontrarnos fácilmente con una bola todavía mayor.

El peligro del que en realidad alerta la Autoridad Fiscal estriba en que no se puede perder un tiempo precioso de cara al 2015. Aunque este año se dé por perdido, se antoja fundamental que en el ejercicio que viene se pise el freno desde el principio. Si hay que esperar hasta marzo para constatar que se ha errado el objetivo y empezar a negociar el plan de reequilibrio, entonces corremos el riesgo de perder hasta ocho meses entre las elecciones, el cambio de gobierno y el verano. Si bien no hará falta pasar por todo el alambicado proceso de intervención, la Autoridad Fiscal insiste en que se empiece ahora mismo con tal de poder aplicar cuanto antes las medidas correctoras de cara a un 2015 endiablado. Escrivá ha hecho sonar las alarmas… ¿habrá algún bombero dispuesto en Hacienda?


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