El reparto del oxígeno dado por Bruselas para reducir el déficit será una decisión política, aseguran en el Gobierno

Los ‘barones’ autonómicos vuelven a gastar más de lo que ingresan, so pretexto del malestar ciudadano

“Cada gobierno autonómico va a lo suyo”, se admite en el Gobierno en tono afligido, al constatar que la ampliación de los plazos dados por Bruselas para corregir el déficit está siendo aprovechada por casi todos los ‘barones’ territoriales para presionar a Hacienda y conseguir, ejercicio tras ejercicio, gastar más de lo que ingresan.

La Comisión Europea ya ha hecho casi oficial que este año dará el aprobado a España si consigue dejar el déficit en el 6,3% del Producto Interior Bruto, no en el 4,5% como tenía fijado en un principio. Esta cesión evitará al Estado tener que sumar cerca de 19.000 millones de euros al recorte previsto para 2013, un favor del que se quieren beneficiar también las 17 comunidades autónomas. De hecho, el Gobierno ya les ha dejado este año llegar a un déficit del 1,2%, frente al 0,7% inicial, y ahora lo que se está negociando es cómo se reparte esta tarta entre las 17. Cataluña y Andalucía, las dos más importantes que no controla el PP, han empezado a hacer piña con la comunidad valenciana, Murcia  y Baleares para conseguir del Gobierno una especie de déficit a la carta, mientras que los gobiernos regionales que el año pasado hicieron mejor sus deberes reivindican un trato uniforme que no alimente los agravios comparativos.

Cataluña y Andalucía se han sumado a la comunidad valenciana, Murcia y Baleares para exigir al Gobierno un déficit a la carta

Desde el Gobierno se observan las exigencias de las diferentes comunidades con creciente malestar porque se constata que, con independencia del color político de sus gobiernos, “cada una va a lo suyo”. De hecho, la mayoría de los ‘barones’ solo dice verdades a medias para conseguir, un año más, gastar más de lo que ingresan, a las puertas de una precampaña electoral, la que guía hasta los comicios autonómicos y locales de 2015, que se prevé muy dura.

Según fuentes gubernamentales, por una parte, las comunidades exigen subir su listón del déficit, pero por otra no recuerdan que reciben este año del Estado 82.748 millones de euros por la vía de un modelo de financiación que incluye entregas a cuenta que no han sido acomodadas a las nuevas previsiones de crecimiento. No es lo mismo que la economía se contraiga un 0,5% del PIB, aseguran en el Gobierno, que lo haga un 1,3%, la previsión que rige en el nuevo cuadro macro. De hecho, si el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro batallara con algunos gobiernos regionales con las mismas armas que ellos utilizan, podría pedirles, incluso, que devolvieran parte de estas entregas a cuenta para ajustarlas al empeoramiento de la coyuntura.

Todos los gobiernos autonómicos han recibido de Hacienda entregas a cuenta que no están acomodadas a una contracción económica para este año del 1,3%

Es obvio que no lo va a hacer porque lo último que ahora le interesa al Gobierno es, precisamente, incendiar su relación con las autonomías en la antesala de una precampaña electoral que ha empezado a generar no pocas tensiones. Aunque se están produciendo numerosos contactos para apagar el fuego, la hora de la verdad llegará cuando Bruselas haga oficial sobre el papel, en cuestión de tres semanas, los nuevos objetivos que otorga a España y se convoque con posterioridad un Consejo de Política Fiscal que se presume monográfico y en el que puede terminar prevaleciendo el grito de “¡Quiero más déficit!” por parte de no pocos gobiernos regionales.

El presidente murciano exige abrir un debate sobre el coste real de servicios como la educación, la sanidad o el transporte

Mientras que algunas comunidades exigen más dinero para gastar, desde el Gobierno se observa que están sobre financiadas. Algunos ejecutivos territoriales, como el que preside en Murcia Ramón Luis Valcárcel, opinan que lo que habría que hacer es un debate a fondo sobre el coste real de servicios como los de sanidad, educación o transporte, y que hasta que este análisis no se realice, será imposible encarar una negociación con datos objetivos. De hecho, uno de los principales argumentos de la mayoría de los ‘barones’ territoriales para justificar sus demandas es que la calle está incendiada y que el malestar ciudadano está al borde del estallido social, concepto que ninguno de ellos acierta a precisar. Hay, incluso, quienes han amenazado a Mariano Rajoy con eludir de antemano su compromiso con los objetivos de déficit si perciben que, al final, reciben igual trato las comunidades incumplidoras, como Cataluña, que las que han hecho disciplinadamente sus deberes. “Al final, el reparto del oxígeno dado por Bruselas para reducir el déficit será una decisión política”, explican en el Gobierno, pendiente de que Rajoy oiga a Montoro y a Luis de Guindos y tome la temperatura a los presidentes autonómicos en quienes más confía para decir la última palabra.


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