Economía

El Gobierno devolverá en metálico y "si puede ser" en enero el 25% de la extra a los funcionarios

La cuarta parte de la paga de Navidad retirada en 2012 no se devolverá en aportaciones al fondo de pensiones, como se había anunciado, para que los empleados públicos puedan "elegir libremente" si destinan ese dinero a ahorro o a consumo.

La devolución a los funcionarios del 25% de la paga extraordinaria que se les suprimió en el año 2012 se producirá finalmente en metálico, y no mediante aportaciones a sus planes de pensiones como se anunció inicialmente, según ha señalado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso. Según Beteta, el "trabajo bien hecho por las administraciones públicas" en los últimos años ha dado al Gobierno "un pequeño margen presupuestario" que se destinará a los empleados públicos, a los que se abonará una cuarta parte de la paga extraordinaria de la Navidad de hace dos ejercicios durante el primer trimestre de 2015.

"A diferencia de lo anunciado inicialmente, la devolución será en metálico y no en aportaciones al fondo de pensiones, algo reclamado y aceptado por los sectores sindicales", ha precisado el secretario de Estado, que justifica este cambio en que así se respeta el "derecho" de los funcionarios a "elegir libremente" si destinan ese dinero a ahorro o a consumo.

La medida responde a "un compromiso adquirido de que cuando mejorara la situación presupuestaria se iría avanzando en la devolución"

En su turno de réplica, Beteta ha rechazado la "presunción" de que esta decisión se toma para evitar un fallo del Tribunal Constitucional contra la supresión de la paga extraordinaria, y ha defendido que la medida responde a "un compromiso adquirido de que cuando mejorara la situación presupuestaria se iría avanzando en la devolución".

Posteriormente, en declaraciones a los medios, ha precisado que la intención del Ministerio es abonar la paga extraordinaria "a todo el mundo" y "si puede ser" ya en la nómina de enero, aunque ha reconocido que existe algún "problema de tipo técnico" ante algunas situaciones concretas de funcionarios que han cambiado de administración, se han jubilado o incluso han fallecido.

"Aumento de la renta disponible"

Con respecto a la congelación salarial incluida en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2015, Beteta ha expresado su confianza en que "muy probablemente será la última que ocurra" y ha recordado en cualquier caso que la tasa de inflación es "prácticamente neutra". Esto "mitigará sin duda la pérdida de poder adquisitivo" de los empleados públicos que, además, se beneficiarán -como el resto de ciudadanos- del "aumento de la renta disponible" que propiciará la reforma fiscal ya desde la nómina de enero "por la vía de menores retenciones".

Junto a estas medidas, el Ejecutivo también ha decidido elevar del 10% al 50% la tasa de reposición de los "sectores prioritarios" -Sanidad, Educación, servicios sociales, lucha contra el fraude fiscal y laboral, y Seguridad- lo que "permitirá reforzar la función pública" en las áreas "donde la sociedad tiene mayores demandas".

"Una de las causas que motivó el déficit" excesivo fue el "crecimiento de estructuras burocráticas administrativas, ha dicho Beteta

A juicio de Beteta, "una de las causas que motivó el déficit" excesivo fue el "crecimiento de estructuras burocráticas administrativas que no se correspondían con las necesidades reales de la sociedad", como demuestra el hecho de que entre 2004 y 2012 los empleados públicos se incrementaran un 14,14% frente al 9,41% que aumentó la población. "Esta situación se tradujo en un incremento muy notable en gastos estructurales presupuestarios de personal, que cuando los ingresos crecían no planteaban problemas, pero sí cuando empezaron a decrecer exponencialmente", ha señalado.

Y dado que "más no significa mejor" y que "tener más empleados públicos no es en absoluto sinónimo de tener una mejor administración sino que hay que tener el número adecuado para prestar los servicios públicos", el Ejecutivo ha "adecuado" durante los últimos años la plantilla pública a las "necesidades de la sociedad".


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