Economía

Nuevo retraso: Santander renuncia a sacar a Bolsa su filial en Reino Unido durante 2015

El banco presidido por Ana Botín ha paralizado el salto al parque de Santander UK hasta que no quede totalmente esclarecida la nueva normativa regulatoria impuesta a los bancos por el gobierno británico. Esta nueva ley obliga a separar las actividades de banca minorista y mayorista. La entidad con sede en Boadilla lleva anunciando esta operación desde 2011.

Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander.
Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander.

Cada año, desde 2011, en el que el Santander anunció la intención de sacar a Bolsa su filial británica, se espera el saltó al parqué en Reino Unido. Cada año, desde entonces, se ha producido un retraso por diferentes motivos: turbulencias en los mercados, reestructuración interna de la propia filial o cambios regulatorios en el sector financiero británico. Esta última circunstancia pospondrá de nuevo la operación durante este ejercicio, según confirman fuentes del sector.

El Santander ha renunciado a sacar a Bolsa su filial británica hasta que no esté plenamente definida la reforma financiera en el país anglosajón, el conocido como Informe Vickers. Esta normativa obliga a cada entidad a crear, dentro de cada banco, dos secciones legal y económicamente independientes. Una de banca minorista y otra de banca de inversión. “Hasta que no sepamos qué ámbitos quedan en cada una de estas dos áreas no se realizará ningún movimiento en relación al salto al parqué. En estos momentos no sabríamos qué sacar a Bolsa”, explican fuentes del banco. “La operación en este 2015 queda descartada”, reiteran.

La principal recomendación del informe Vickers es la separación en anillos (ring-fencing) de ciertas actividades bancarias esenciales para hogares y pymes respecto a la banca de inversión y mayorista. Tal y como se plantea, la idea es constituir el negocio minorista en filiales capitalizadas de forma autónoma, de modo que no dependan del resto del grupo bancario a efectos de liquidez y solvencia.

Lo que sucede es que el informe no enumera con detalle las actividades que quedarán dentro y fuera del ring-fence, sino que opta por concretar sólo algunas que necesariamente habrán de tener una u otra consideración, manejando definiciones abiertas. Así, considera como actividades a proteger (mandated services), a aquellas cuya mera interrupción temporal generaría costes económicos significativos, no estando los clientes preparados para hacer frente a la misma. Entre dichas actividades se incluye necesariamente la captación de depósitos y la concesión de crédito por descubierto a hogares y pymes, además de actividades de gestión necesarias para la provisión de dichos servicios (ancillary services). Sobre este tipo de actividades se propone la aplicación de requisitos más estrictos en términos de recursos propios, límites al apalancamiento, bail-in, preferencia de depositantes o capacidad de absorción de pérdidas.

La nueva regulación, conocida como Informe Vickers, aún no está totalmente definida por lo que el banco rojo aún no conoce qué perímetro de su filial podría salir a Bolsa

Por el contrario, considera como actividades excluidas del ring-fence (prohibited activities) aquellas que dificulten o encarezcan significativamente la resolución del banco protegido o amenacen de cualquier otra manera el objetivo del ring-fence, que incrementen directamente la exposición del mismo a los mercados financieros globales o que no resulten esenciales para la provisión de servicios de pago o la intermediación entre ahorradores y prestatarios. Entre las mismas se deben incluir necesariamente las identificadas con la banca de inversión, como negociación por cuenta propia y de derivados, creación de mercado o suscripción de valores.

Existe una categoría intermedia de actividades (permitted activities) que no tienen que estar por definición bajo la protección del ring-fence, pero que se pueden incluir bajo el mismo, como préstamos a particulares y pymes, captación de depósitos de clientes distintos a particulares y pymes o concesión de crédito a grandes compañías no financieras.

Se estima que el coste de las medidas para la banca británica oscilará entre los 4.648 y 8.133 millones de euros, si bien las entidades tienen hasta 2019 para implementar la reforma.

El banco que preside Ana Patricia Botín ha adoptado esta media pese a contar en Reino Unido con una nueva presidenta no ejecutiva a la que se considera artífice de la estrategia del Ejecutivo británico para rescatar a la banca en la pasada crisis financiera. Shriti Vadera, baronesa nacida en Uganda, sucederá Lord Burns el 30 de marzo de 2015 aunque se incorporó al consejo como vicepresidenta el pasado 1 de enero. El banco tiene más de 1.300 sucursales y emplea a más de 25.000 personas en el Reino Unido.


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