El ministro Montoro, dispuesto a modificar la amnistía fiscal para garantizar su supervivencia política

España ha vivido ya cuatro amnistías fiscales. Pero ninguna como ésta. Nunca hasta ahora un Gobierno había modificado sus leyes para acomodarlas a las peticiones de los evasores y sus bufetes jurídicos. Nunca la penalización al defraudador había sido tan escasa. Y, sobre todo, nunca las sospechas de complicidad política con los evasores habían asediado tanto un Ejecutivo: el antiguo tesorero del PP Luis Bárcenas ha sido el primero en revelar que se ha acogido a la amnistía del PP y los implicados en la presunta financiación ilegal del partido a través de la Gürtel pueden haber sido los segundos, entre ellos el marido de la ministra de Sanidad, Ana Mato.

Esos flancos jurídico, económico y político cercan ahora a un Gobierno dispuesto a rectificar lo que ya ha sancionado en el BOE para garantizar su supervivencia. El resultado es una inseguridad jurídica de principio a fin en un proceso legislativo plagado de medias verdades en los tres ángulos: económico, jurídico y político. 

ECONOMÍA: La que fue “única alternativa” a subir el IVA

Tras anunciar el proceso en el mes de marzo, el PP comenzó una campaña para justificar la necesidad de amnistiar a los evasores. El 1 de abril, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, decía en el Congreso que la amnistía fiscal era “la única alternativa” a una subida del IVA. Tres meses después y con capitales ya regularizados, el Presidente del Gobierno anunciaba que el IVA subía del 18 al 21%.

El argumento de “la alternativa” se deshacía definitivamente al comparar las cifras. Lo que iba a captar la regularización, unos 2.500 millones, apenas suponía una cuarta parte de las necesidades fiscales del Ejecutivo. Sólo la subida del IVA preveía captar 7.500 millones de euros y el total del ajuste comprometido rondaba los 20.000 millones anuales.   

DERECHO: La amnistía que redactaron los defraudadores

Sin el argumento económico, el Ejecutivo ha intentado hasta el final defender el valor “técnico” de la regularización. Hacienda aprobaba un Real Decreto Ley 12/2012 que –según defendió Cristóbal Montoro hasta el 12 de diciembre en la sesión de Control del Gobierno— probaba que “en España no ha habido ninguna amnistía fiscal, sino un proceso de regularización fiscal (…) con el que hemos extirpado el fraude”. El PP en el Congreso, a través de Alfonso Alonso, lo describía como “un proyecto ajustado y bien hecho”.

Sin embargo, esa redacción original no era lo suficientemente atractiva para los evasores. Hasta el 19 de junio, apenas 115 defraudadores se habían acogido a la amnistía, como publicó Vozpópuli. Apenas 18 millones de euros habían aflorado y del total de evasores, uno de cada tres, había regularizado fondos en el centro de operaciones de la trama Gürtel: la Comunidad Valenciana. Por ese motivo, la Dirección General de Tributos comenzó una ronda de contactos con los principales bufetes fiscalistas para vender las virtudes de la regularización. Se produjeron, al menos, tres encuentros

La Dirección General de Tributos emitió a partir de ese momento dos informes que modificaban la ley recogiendo las exigencias de los asesores fiscales.

• El primero del 27 de junio, prometía a los defraudadores por escrito que “no resulta procedente la comprobación aislada de la declaración tributaria especial”. Cuando algunos inspectores rechazaron la orden de “no investigar”, el Director General remitió un e-mail a los inspectores en el que recordaba el carácter vinculante de sus instrucciones.
• El segundo informe, con fecha de 11 de octubre, admitía que se escribía a petición de los asesores “al haberse planteado a este Centro Directivo diversas cuestiones relativas al procedimiento de regularización” y hacía más laxas las exigencias de la Agencia Tributaria.

Junto a esas modificaciones legales, el Gobierno anunció una modificación del artículo 305 Código Penal con el que relajaba los criterios de fraude a Hacienda.

Finalmente los asesores fiscales recomendaron la amnistía. Los socios responsables de Garrigues firmaron una carta abierta en la que transmitían a sus clientes que “la norma recién aprobada supone un escenario atractivo para que los contribuyentes salden sus cuentas con la Hacienda española con un coste razonablemente bajo”.

POLÍTICA: Saldo bajo, precio político alto

El saldo económico de la amnistía incluyó una rebaja para los evasores. Frente al 10% de impuestos que Hacienda iba a cobrar, la Agencia Tributaria terminó penalizando por debajo de un 3% del capital aflorado. Pero el resultado económico ha terminado siendo lo de menos. Lo de más son los nombres de quienes se han acogido a ella: Luis Bárcenas, el ex gerente del PP ha confesado haber regularizado 10 millones de euros y el juez de la Audiencia Nacional sospecha que los 11 responsables de la Gürtel, entre ellos el marido de la ministra de Sanidad, Ana Mato, también se han acogido a ella.

La sospecha de que el PP ha hecho una amnistía para los ex cargos del PP ha sido denunciada por el portavoz del PSOE en la Comisión de Hacienda, Pedro Saura. Saura sostiene que la amnistía "se diseñó para que centenares de Bárcenas se pudieran acoger a ella". Los socialistas han pedido ya la dimisión del ministro y que aclare si ha cobrado dinero en B.

Con este larguísimo prólogo de rectificaciones, medias verdades e improvisaciones tributarias, Hacienda se afana ahora en modificar una vez más los términos de la amnistía para dar una imagen de diligencia política frente al fraude. Por ese motivo ha remitido comunicados a los medios, e-mails a los inspectores y ha hecho promesas públicas de que revisará las 30.000 declaraciones especiales que tiene entre manos. Es justo lo contrario de lo que su legislación fijaba hasta ahora. Es justo lo que exige una situación política desesperada en la que el Gobierno sigue bajo sospecha.