El Consejo de Defensa del Contribuyente acusa a Hacienda de violar los derechos del contribuyente

Las nuevas normas que el ministerio de Hacienda está aprobando provocan “temor” en el Consejo para la Defensa del Contribuyente. Es lo que declara en su memoria anual en la que acusa al ministerio de “poner en peligro, o al menos en riesgo de colisión, los derechos del contribuyente”.

"Un grupo importante de las nuevas normas aprobadas pueden poner en peligro, o al menos en riesgo de colisión, los derechos del contribuyente", denuncia la Memoria

El informe es tan contundente que recuerda a Hacienda que en la mayoría de los casos analizados “el fin no justifica los medios” y concluye que, en algunos casos, “las medidas no respetan los derechos del contribuyente”. La denuncia es especialmente relevante porque el Consejo para la Defensa del Contribuyente se integra en el propio ministerio de Hacienda y tiene como misión “velar por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios y atender las quejas que se produzcan por la aplicación del sistema tributario”. De hecho, esas denuncias han sido remitidas ya a la Secretaría de Estado de Hacienda y a la Directora Estatal de la Administración Tributaria.

La denuncia detalla puntos concretos en los que el fisco está excediéndose y en los que puede estar –según ese informe—vulnerando la ley. A lo largo de 40 páginas detalla una lista de posibles excesos:

• Embargo de bienes: Las nuevas normas permiten a Hacienda embargar más dinero que el que se adeuda. Según el informe, la Agencia Tributaria tiene ahora capacidad de embargar “cuantías mayores a las debidas”. Ese mismo informe denuncia que Hacienda también excede el ámbito al que deberían limitarse sus actuaciones al permitir el embargo de “bienes inmuebles de una sociedad sin que el procedimiento recaudatorio se dirija contra ella”. Así el fisco puede ahora incautarse de las propiedades y acciones de personas “distintas al obligado tributario”.
• Prescripción de los delitos: La Agencia Tributaria está considerando que se interrumpen los plazos de prescripción con simples notificaciones o trámites de declaraciones aunque el contribuyente no esté siendo inspeccionado. Esa consideración es descrita como una “diligencia de argucia” y contra ellas ha fallado el Tribunal Supremo. Sin embargo, la Agencia Tributaria sigue aplicando ese criterio favorable a los intereses del fisco y contrario al contribuyente.
• IRPF: El fisco también está alterando aquí los plazos de prescripción a su favor, denuncia el Consejo para la Defensa del Contribuyente. “Con esta disposición, la Ley prescinde lisa y llanamente del instituto de la prescripción. No le basta al legislador con la dureza de las sanciones establecidas por no suministrar la información, sino que con esta nueva disposición anula para tales bienes el instituto de la prescripción”, concluye.  

El Defensor del contribuyente acusa a la Agencia Tributaria de estar inclinando la balanza “a favor de la lucha contra el fraude en perjuicio de la seguridad jurídica”, una actitud que describe como “más que cuestionable” y que está llevando a “suprimir principios básicos del orden tributario”.

Normas aprobadas “a escondidas”

El informe sobre los derechos de los contribuyentes asegura que muchas normas se están aprobando “a escondidas” en “disposiciones adicionales de normas reguladoras de cuestiones específicas que quedan lejos de respetar el principio de seguridad jurídica”. “Es difícil defender que una norma de cuyo incumplimiento se derivan sanciones muy graves modifique in extremis el plazo para su ejecución en una Disposición Adicional del Reglamento de los Impuestos Especiales”, pone como ejemplo el informe.

Pese a la avalancha de denuncias que suma el informe del organismo y pese a que la ley 58/2003 que establece la constitución del Consejo para la Defensa del Contribuyente contempla que el organismo “efectuará las sugerencias y propuestas pertinentes en la forma y con los efectos que reglamentariamente se determinen”, “durante el año 2012, el Consejo no estimó precisa la presentación de ninguna propuesta normativa a la Secretaría de Estado de Hacienda”.