La Agencia Tributaria abre una investigación al sindicato de técnicos de Hacienda por el acceso a datos reservados

Mariano Rajoy anunció el pasado 25 de febrero en el debate del estado de la nación que el cambio más inmediato en la estructura del IRPF aliviará la carga fiscal, con especial incidencia en las rentas medias y bajas, a 12 millones de contribuyentes, que empezarán a notar los efectos de la reforma el próximo enero. El presidente señaló que los trabajadores que ganan menos de 12.000 euros al año dejarán de pagar este impuesto. En el mismo paquete, Rajoy informó de una mejora de las deducciones fiscales para las familias mediante la elevación “significativa” de los mínimos personales con hijos, ascendientes y discapacitados que convivan con el contribuyente.

Rajoy anunció que la reforma del IRPF afectará al principio a 12 millones de contribuyentes y Gestha rebajó el impacto a casi 402.000

El sindicato de técnicos de funcionarios devaluó rápidamente la importancia de estos anuncios y calculó en 49 euros al año el ahorro para cada ‘mileurista’, con un impacto de menos de 20 millones de euros para las arcas públicas. Gestha detalló que la medida afectará a casi 402.000 personas si se incluyen asalariados y pensionistas con ingresos brutos de entre 11.121,2 y 12.000 euros al año, que son los que actualmente tributan. Aunque el número de asalariados y pensionistas que perciben rentas inferiores a los 12.000 euros asciende a 12 millones, no todos se verán afectados por la nueva medida, argumentó Gestha, porque la gran mayoría, los que ganan menos de 11.121 euros al año, no tributan nada a Hacienda desde 2010.

El sindicato de técnicos recordó también que  muchos colectivos están exentos del pago del IRPF, como son los pensionistas de más de 75 años que realizan la declaración individual o las parejas con dos hijos que presentan la declaración conjunta, casos en los que el mínimo exento supera los 12.000 euros brutos anuales.

El sindicato de técnicos de Hacienda detalló el impacto de la reforma para los contribuyentes andaluces

En algunas comunidades, como fue el caso de Andalucía, este mismo sindicato detalló también el impacto de las medidas anunciadas por Rajoy. Según sus cálculos, cada ‘mileurista’ andaluz solo ahorrará 31,5 euros anuales, con un beneficio para 69.400 andaluces en esta región si se incluye a asalariados y pensionistas.

La Agencia Tributaria sospecha que para estos cálculos, algunos de los cuales considera erróneos, Gestha utilizó datos confidenciales que solo obran en los ordenadores de Hacienda. Por ello, ha abierto una investigación interna para depurar posibles responsabilidades, siguiendo el protocolo clásico previsto para este procedimiento. La seguridad de la información contenida en sus bases de  datos está supervisada por una comisión de control que actualiza periódicamente los criterios y directrices generales sobre seguridad informática y accesos a los ordenadores.

El acceso a la base de datos de la Agencia Tributaria se vigila a través de un programa informático denominado "Controla"

La ley vigente, que data de 1996, establece como falta disciplinaria grave, “el acceso a los datos, informes o antecedentes obtenidos por las administraciones tributarias por parte de un funcionario público para fines distintos de las funciones que le son propias”, calificación que tendrían también los accesos indebidos del personal laboral. La norma considera también falta muy grave, sancionada hasta con la separación del servicio, la publicación, “utilización indebida o difusión a terceros” de la información obtenida por un empleado de la Agencia Tributaria, aun cuando hubiera accedido a la misma por razón de trabajo.

Cada empleado de la Agencia es responsable de los accesos que realiza a las bases de datos y de que los mismos sean los estrictamente necesarios para desarrollar su trabajo. Cualquier usuario con acceso a información y a los ordenadores de la Agencia a través de las aplicaciones o de cualquier otro recurso, está identificado por un código y una contraseña personal.

Los funcionarios que acceden a los ordenadores de la Agencia dejan huella con su código y contraseña

Fuentes de la Agencia informan que el seguimiento de los accesos a las bases de datos, especialmente a las que contienen referencias de carácter personal, se realiza mediante una aplicación informática denominada ‘Controla’, que audita las entradas concretas que se han de revisar, seleccionando aquéllas que cumplen los requisitos establecidos por la comisión de seguridad, sin perjuicio de que los responsables pueden ampliar los controles de forma discrecional. De hecho, periódicamente, piden aclaraciones a los usuarios sobre los accesos que han sido seleccionados.

De no quedar suficientemente acreditada la procedencia de estos accesos a la base de datos, se comunica el hecho a un administrador de seguridad, quién debe realizar una investigación exhaustiva sobre las circunstancias que han rodeado el uso de la base de datos y la posible trascendencia de la actuación, un expediente que acaba en manos de ‘asuntos internos’, es decir, del servicio de auditoría. El Informe del administrador de seguridad tiene carácter reservado ante el expediente disciplinario que pudiera incoarse como consecuencia de las conductas irregulares detectadas, añaden fuentes de la Agencia.

Un administrador de seguridad de la Agencia decidirá si el expediente acaba o no en manos de asuntos internos

La tramitación de un expediente disciplinario puede dar lugar a la suspensión provisional del funcionario o contratado laboral. Si se prueba la comisión de una falta y su autoría, el expediente disciplinario finalizará con la imposición de una de las sanciones previstas en el Estatuto Básico del Empleado Público: separación de servicio en caso de faltas muy graves, la suspensión firme de funciones con una duración máxima de seis años, el traslado forzoso o el apercibimiento.

El alcance de cada sanción se establece, concluyen en la Agencia, teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación.

Hay personal de la Agencia que considera que Gestha solo manejó datos estadísticos de declarantes y se queja de que los últimos publicados sean de 2011

Otras fuentes de la Agencia ven improbable que la investigación en curso acabe con sanciones duras “ya que los datos ofrecidos por Gestha responden solo a un informe estadístico de declarantes o pueden elaborarse, incluso, con el simulador de Funcas”. Consideran ilógico que la última estadística de declarantes date de 2011 y no descartan que el sindicato recabara para su análisis datos más actualizados “que deberían estar a disposición del público” y cuya búsqueda “no debería ser objeto de sanción”.