Hacienda prepara una reforma de la Administración que incluirá el traslado y la evaluación de los funcionarios

Los recortes de costes entre los empleados públicos son sólo el primer paso de una reforma más profunda de la Administración Pública que ya está preparando el Ministerio de Hacienda. Según han revelado a Vozpópuli fuentes del departamento, Hacienda prepara una honda reorganización que incluirá traslados de funcionarios y una reevaluación de los criterios con los que se asignan los complementos variables en las pagas del personal público.

Los datos acumulados en los últimos casi cuatro años servirán para determinar traslados y marcar objetivos a los que ligar complementos

Hacienda construirá ese nuevo diseño sobre los datos que ha recabado en los últimos casi cuatro años en los que ha medido el rendimiento de 2.000 funcionarios en diferentes ministerios en una experiencia piloto con la que pretende crear una serie de parámetros de medición de la eficiencia y producitividad de los empleados públicos, según revelan fuentes del Ministerio de Hacienda. El ministerio de Cristóbal Montoro ha evaluado a trabajadores en su propio departamento así como en los ministerios de Empleo, Industria, Economía, Interior, Defensa, Justicia, Agricultura y Presidencia. El sistema de evaluación fue puesto en marcha por el anterior gobierno socialista tras la reforma de la función pública aprobada por Jordi Sevilla y ha continuado bajo la supervisión del nuevo ministro. Esa información de 40 direcciones generales ha sido remitida a la Subdirección General de costes de personal y pensiones públicas que deberá plantear ahora una redistribución de efectivos, propuestas de traslados y la posibilidad de ligar los complementos variables de las retribuciones de los funcionarios.

De la evaluación se pueden derivar dos medidas concretas: la primera y más inmediata será determinar el traslado de funcionarios al servicio del Estado Central de unas áreas a otras y de unas regiones a otras con el objetivo de conseguir “una asignación más eficiente y adecuada de los recursos humanos”. Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado que abre la puerta al despido de los funcionarios que se nieguen a aceptar ese despido, tal como informó ayer Vozpópuli.

La segunda variable puede ser todavía más polémica: el Ejecutivo pretende ajustar los complementos por productividad al cumplimiento de determinados objetivos. En la actualidad, la estructura salarial de los funcionarios la componen cinco elementos clasificados en conceptos “básicos” (grupo profesional, antigüedad y destino fundamentalmente) y conceptos “variables” (específicos y por productividad). Con el plan que maneja Hacienda, la paga por productividad quedaría vinculada al cumplimiento de objetivos. Según los cálculos del ministerio, esa partida ronda los 900 millones de euros anuales y podría sufrir una rebaja en la medida en que los empleados públicos no cumplan con los niveles exigidos.

Los sindicatos y la oposición están de acuerdo en el espíritu general

Pese a que la reforma es profunda, la falta de oposición frontal puede acelerar sus trámites. Tanto los sindicatos como el Partido Socialista han mostrado su acuerdo a un intento de modernización de los criterios por los que se rige la Administración Pública.

Jordi Sevilla critica un sistema en el que “el único criterio para premiar a los funcionarios más efectivos se basa sólo en la antigüedad"

El ex ministro socialista que intentó esa modernización en 2007, Jordi Sevilla, asegura que los empleados públicos deben tener asegurado “el trabajo pero no necesariamente el puesto de trabajo“ y critica un sistema en el que “el único criterio para premiar a los funcionarios más efectivos se basa sólo en la antigüedad”. Según recuerda el ex ministro, la legislación que él introdujo en 2007 ya contemplaba esa intención pero topó entonces con el problema de fijar baremos objetivos para medir la productividad. Ese problema puede estar resuelto ya con la medición de datos que desde 2007 ha acumulado Hacienda. Sin embargo, Jordi Sevilla, concluye “sería un error hacer esto por el coste”. Según afirma “el impacto neto no se debe medir por el ahorro sino por la mejora en el rendimiento”.

También los sindicatos son “partidarios del desarrollo de la productividad”, asegura en nombre de la sección de función pública de CC.OO., Jesús Vicente, que reconoce que ahora se producen pagos hasta cierto punto “arbitrarios”. Sin embargo, los sindicatos piden criterios objetivos para esa medición y una negociación que no se ha producido ya que, según recuerdan, no han sido llamados a una sola reunión hasta la aprobación de los recortes la semana pasada.