La AIReF avisa: la renta mínima podría costar más de 15.000 millones al año

La proposición de ley impulsada por los sindicatos para fijar una prestación de ingresos mínimos de 426 euros para más de 2,4 millones de personas sin recursos sigue su andadura en el Congreso. El PP no consiguió tumbarla hacce un mes. Si finalmente sale adelante una iniciativa así tendría un coste muy elevado para las aún maltrechas arcas del Estado: podría llegar a costar más de 15.000 millones, tal y como ha asegurado este martes el presidente de la Autoridad Fiscal, José Luis Escrivá.

Escrivá ha acudido al Congreso para opinar por primera vez sobre esta materia a la comisión de Empleo que tramita esta proposición de ley. De hecho, ha advertido de que el organismo que dirige ha hecho solo unos cálculos aproximados con la poca literatura científica que hay sobre esta materia y ha reclamado un análisis mucho más integral de la proposición.

A su parecer, dicho análisis debería incluir un estudio de la evidencia internacional, un análisis de los programas que existen actualmente a nivel nacional y autonómico y una estimación prospectuiva de la proposición de ley en las distintas variables que se reflejan en las enmiendas, puesto que podrían elevar mucho el coste de la medida. 

Alejaría las cuentas del equilibrio presupuestari y tendría un impacto notable en la deuda pública

En cualquier caso, el cálculo de la Autoridad Fiscal sitúa el coste entre un mínimo de 6.000 millones y un máximo de 15.300 millones, una cifra considerable que elevaría el desfase de las cuentas públicas en un momento en el que siguen bajo la tutela de Bruselas. En concreto, la estimación preliminar muestra un aumento del déficit entre el 0,5% y 1,5% del PIB y con un notable impacto en la deuda pública.

En cuanto a los beneficiarios, Escrivá ha explicado que sus cálculos apuntan a que el número total oscilaría entre 1,3 y 1,5 millones de personas por el criterio de rentas por hogar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay otros cálculos que podrían elevar la cifra incluso hasta los 2,2 millones de personas..

Por todo eso, antes de poner en marcha una medida de este calado, Escrivá considera tan importante tener en cuenta el coste de la medida, los recursos que hacen falta para financiarla a corto y largo plazo y los efectos sobre la pobreza y la desigualdad, ya que muchas medidas de este tipo finalmente no llegan a los colectivos más necesitados de la sociedad.