Desde la Tarima

No sólo de impuestos vive la Hacienda

Ante una nueva reforma fiscal

Anuncia la vicepresidenta del Gobierno una nueva reforma fiscal. Laenésima desde que tengo uso de razón en la materia. Claro que los sistemas tributarios no pueden estarse quietos. La estructura económica y social de los países cambia y con ella han de hacerlo las instituciones pertinentes. Los impuestos son, además de instrumentos financieros, herramientas de política económica, también coyuntural. Por eso, sin duda, ha podido hablarse de la inevitable reforma tributaria permanente. En todo caso, debemos felicitarnos los hacendistas de mi generación porque se nos ha dado presenciar el proceso de transformación de unas merascolecciones de tributos formadas por la agregación sucesiva de exacciones de la más diversa naturaleza, y al ritmo de la perentoria necesidad de recaudar, en sistemas tributarios propiamente dichos, es decir, sistemas fruto de una previa reflexión acerca de cuáles han de ser y cómo han de articularse los medios precisos para la financiación de los gastos públicos, cumpliendo lo mejor posible con un conjunto de principios generalmente aceptados.

Se nos dice que la reforma proyectada va a incidir en el IRPF (cómo no), en los Impuestos sobre Sociedades y Sucesiones, y en el tratamiento fiscal de los planes de pensiones y las SICAV. Y eso no es una reforma fiscal, es un retoque. Cuando el mismo se lleve a cabo, con permiso del respetable, lo comentaremos. Importa ahora recordar algunas cuestiones básicas para la correcta orientación de toda política fiscal, máxime cuando con ella se persiguen fines predominantemente –cuando no exclusivamente- recaudatorios. Me refiero a la fundamentalísima cuestión del reparto de la carga fiscal, tanto desde el punto de vista de la justicia como desde el lado de la eficiencia económica. Quiero referirme después a lo que podríamos llamar, la reforma tributaria que nadie propone.

Lo primero que hay que hacer.

Para el logro de la consolidación fiscal que se nos impone, y que ya deberíamos habernos impuesto nosotros mismos hace tiempo, no hay muchas alternativas: o se reducen los gastos o se aumentan los ingresos,…o, naturalmente, se acometen ambas cosas a la vez en la cuantía conveniente. Da sonrojo recordarlo. De las medidas posibles –y rigurosamente necesarias- para reducir los gastos me he ocupado en otro lugar (¿Se puede reducir el déficit público? en J. Velarde, coord.: “Lo que hay que hacer con urgencia”, Actas, 2011). Digo allí que no se trata tanto de recortar los gastos del Estado –entendido éste en su sentido más amplio- cuanto en recortar al Estado mismo. Es preciso someter a este obeso Estado “metomentodo” a una rigurosa cura de adelgazamiento. Replegado al ámbito que le es propio, la contracción de sus gastos vendría por añadidura. Sin embargo, nos informa también el Gobierno acerca de suaudaz decisión de prescindir de, al menos, un centenar de consejeros de las empresas públicas estatales, lo que supondrá un ahorro de ¡un millón de euros anuales! El chocolate del loro; aunque más bien el del buitre. Yo no sé si el buitre come chocolate, pero creo que más que suprimir el dulce alimento de este falconiforme es necesario eliminar al buitre mismo. Muerto el buitre, se acabó el dispendio. Y el buitre no es otro que este disparatado y onerosísimo Estado llamado de las Autonomías. Por ahí hay que empezar.

Un breve recordatorio de cosas fundamentales.

Pero vamos al asunto. Como es sabido, hay dos criterios para repartir la carga fiscal: el del beneficio y el de la capacidad de pago. Cuando los gastos públicos se traducen, en todo o en parte, en beneficios individuales, su financiación debe correr por cuenta de sus beneficiarios de la misma manera: total o parcialmente. Es este el ámbito abonado para la aplicación de la tasa o la contribución especial como tributos. Cuando, por el contrario, dichos gastos se traducen en beneficios sociales indivisibles, dado que nadie puede quedar excluido de su disfrute –y que nadie, por tanto, revela espontáneamente sus preferencias acerca de su producción-, no hay otro medio para financiarlos que a través del reparto de su importe entre todos los miembros de la sociedad, y atendiendo a su respectiva capacidad económica para hacerlo, esto es, en función de su renta, su riqueza y su gasto o consumo. Este es el ámbito del impuesto en sentido estricto. Naturalmente, ambos criterios de reparto de las cargas públicas no son incompatibles. Es más, deben ser aplicados como complementarios en supuestos tales como el de la sanidad o el de la educación y, en general, cuando se trate de financiar gastos relacionados con los bienes de mérito (mixtos o público-privados). No se opone esto, en absoluto, al reconocimiento de exenciones a favor de quienes carezcan de capacidad económica o ésta sea insuficiente.

Pues bien, cuando se habla de reforma fiscal o, simplemente, de incrementar los ingresos públicos no financieros, suele pensarse en los impuestos como si éstos fuesen el único instrumento disponible para ello, ignorando la existencia de otros tributos, como las tasas y las contribuciones especiales, e incluso -excediendo el ámbito tributario-, como los precios públicos. Aparte los bienes colectivos puros (defensa nacional, orden interior, mantenimiento de las instituciones fundamentales del Estado,…), la mayoría de los gastos públicos se materializa en la provisión de bienes de mérito o preferentes, como son la sanidad, la educación, y tantos otros generadores de beneficios individuales, además de los de carácter colectivo. Las tasas por servicios, por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público y, en general, por larealización de actividades de las Administraciones que “se refieren, afectan o benefician” –como dice la LGT- a administrados concretos; así como las contribuciones especiales con las que tratan de recuperarselas plusvalías generadas por la realización de obras públicas o el establecimiento o ampliación de servicios públicos, son, todas ellas, otras tantas exacciones no impositivas basadas en el principio del beneficio, el cual postula que han de contribuir a la financiación de los gastos públicos quienes de ellos se beneficien de modo exclusivo o especial. ¿Se ha preguntado alguien cuál es el volumen de gasto público que debería ser financiado mediante estos tributos en lugar de a través de impuestos? Hoy, por ejemplo, los ingresos estatales presupuestados por el capítulo “Tasas y otros ingresos”, representan tan sólo el 2% de los incluidos en el correspondiente a “Ingresos impositivos”. Y no es esa, desde luego, la proporción que guardan entre sí los bienes públicos y preferentes suministrados por el Estado. Lo cual puede trasladarse a las Comunidades Autónomas.

Que cada palo aguante su vela.

Decía el profesor Albiñana que al desmedido afán de políticos y ciudadanos por obtener bienes y servicios al margen de su financiación ortodoxa, debe responderse resucitando la tasa, ya sea como total contraprestación de los bienes y servicios públicos demandados, ya como instrumento moderador de inmoderadas demandas.Tasa y copago (por poco que gusten a muchos políticos y ciudadanos)son medios idóneos para la financiación y/o racionalización de importantes partidas de gasto, como las que corresponden a la enseñanza pública no obligatoria, la sanidad, la cultura, determinadas actuaciones en la administración de justicia, y a tantos otros servicios que no constituyen bienes colectivos puros. La revitalización del principio del beneficio contribuiría no sólo a superar nuestra escalofriante brecha presupuestaria, sino también a mejorar la equidad en el reparto de las cargas comunes y la eficiencia económica en el suministro de muchos servicios públicos. Esta es la reforma fiscal que no veo proponer seriamente a nadie, porque no sólo de impuestos debe vivir la Hacienda. En materia de muchos gastos públicos, cada palo debe aguantar su vela.


Comentar | Comentarios 0

Tienes que estar registrado para poder escribir comentarios.

Puedes registrarte gratis aquí.

  • Comentarios…

Más comentarios

  • Mejores comentarios…
Volver arriba