Desde la Tarima

La reforma laboral, Adam Smith y el salario familiar

Es cosa saludable volver de vez en cuando a los clásicos, a los clásicos “redivivos y futuros”, a los que siempre “deben estar a nuestro lado”, como decía Azorín. Releer las obras cimeras de los grandes autores, es fructífera costumbre. Eso hago siempre que encuentro el sosiego necesario para ello.

Ante la inmediata reforma del mercado de trabajo que se nos anuncia, ¡por fin!, y que, según propia declaración, va a costar a Rajoy una huelga general, ¿qué dirán ustedes que he encontrado en ese Antiguo Testamento de la economía liberal, que es La Riqueza de las Naciones? Pues me he topado con el siguiente párrafo de  Mr. Smith, que subrayé  hace años: “El hombre siempre ha de vivir y mantenerse con su trabajo. Por consiguiente, su salario ha de alcanzar por lo menos para su mantenimiento. Es indispensable también, las más de las veces, que gane algo más que su sustento, porque   de otro modo sería imposible mantener una familia” (La riqueza…, VIII, I). De modo que, ya en 1776, el viejo profesor de Glasgow sentó uno de los principios básicos de la Doctrina Social Católica. ¡Quién lo diría!

Hay que revisar el funcionamiento de las instituciones

Nadie discute la perentoria necesidad de reformar determinadas instituciones  que regulan las relaciones laborales en nuestro país. Es obvio que algo no funciona bien cuando la tasa de paro alcanza entre nosotros el 23% de la población activa, mientras en USA y Alemania, por ejemplo, con un 10 y un 8%, respectivamente, cunde la alarma. Nuestro nivel de desempleo es no sólo incomparablemente elevado, sino estructural. El aparato productivo español se muestra, en efecto, incapaz de crear empleo, pero ello no es debido sólo a las rigideces institucionales que suelen señalarse. Hay otras causas tanto o más relevantes quizá.

Porque con idéntico marco jurídico laboral, el paro se situaba en un mínimo del 7´95%, hace sólo cuatro años, y en 1994 alcanzó la cota máxima del 24´55%. No, no son únicamente el coste del despido, la exuberante variedad de contratos de trabajo existentes, la negociación colectiva sectorial, la indexación de los salarios con el IPC, o el propio coste de las cotizaciones a la Seguridad Social, los factores que explican este auténtico drama nacional. Sus causas son mucho más complejas y, probablemente, más difíciles de erradicar. Al menos, a corto plazo. Por encima incluso del impacto negativo de las oscilaciones cíclicas, sucede que nuestra economía posee un nivel de capitalización relativamente bajo; una escasa dimensión de las unidades que integran su tejido empresarial (el 99´88% son PYMES, de las cuales, el 54% no tienen asalariados; el 41%  poseen plantillas con menos de 10 trabajadores; y el 4´2% emplean entre 10 y 49 personas); una baja competitividad orientada, además, predominantemente, al mercado interior; y, como tantas veces se ha señalado, un modesto ambiente emprendedor para los negocios .

De modo que para tratar de resolver el problema del paro no basta con reformar lo que corresponda en el marco jurídico de las relaciones laborales. Por ejemplo, es preciso reformar antes la fiscalidad empresarial, si se quiere ganar competitividad, única forma de crecer y crear empleo. El tipo medio efectivo de gravamen al que están sometidas las empresas españolas  -el 26% de su beneficio fiscal- es dos veces y media superior al de Eur-27, lo que, unido a la fragmentación de nuestro mercado interior por el intervencionismo de las Comunidades Autónomas en sus respectivas circunscripciones territoriales, y a la inseguridad jurídica reinante, explica el débil pulso de la inversión exterior en nuestro país, y, aún más, la “emigración” de capitales imprescindibles para la economía (más de 50.000 millones de euros en depósitos parece que han salido de España durante los últimos meses).

La masiva liquidación de PYMES experimentada  durante estos años, tiene mucho que ver con la morosidad comercial, pero también con la de las Administraciones públicas, que con 162 días de media nos coloca ya a la altura de Grecia, con 168. Y en el mismo sentido influye, lógicamente, la obligación de pagar el IVA devengado con independencia del cobro de las operaciones correspondientes. La falta de crédito es otra de las circunstancias explicativas tanto de de la destrucción de empresas como de la escasa creación de ellas, y esa carencia de crédito tiene mucho que ver con el “efecto expulsión” ocasionado en el mercado de fondos prestables por las necesidades financieras del Sector público. De manera que la drástica reducción del déficit de las Administraciones públicas se configura también como requisito fundamental para la creación de empleo. No es preciso insistir en que esa reducción sólo será posible tras un profundo replanteamiento del papel que debe jugar el Sector público en la economía, así como de su propia configuración político-administrativa.

Luchar contra el desempleo

Las anteriores son algunas de las reformas importantes que han de abordarse para impulsar la demanda de empleo con independencia de la flexibilización del mercado de trabajo, porque la oferta está ahí, impaciente: más de cinco millones de personas. Oí expresar en cierta ocasión a Julián Marías la siguiente duda, muy propia de un filósofo: “No logro entender cómo puede haber paro, habiendo tantas cosas por hacer”. Un economista quizá pueda encontrar alguna explicación a semejante paradoja considerando el descomunal volumen de economía sumergida que padecemos (en torno a 230.000 millones de euros), pues es evidente que el mismo corresponde a bienes y servicios -no todos ellos lícitos, seguramente- producidos por personas y organizaciones cuyo propósito consiste en sustraer el fruto de su actividad al peso de onerosos tributos, arbitrarias licencias y paralizantes reglamentaciones. De no existir tales rémoras, o de ser más llevaderas y adecuadas, habría quizá más empleo transparente.

Volviendo a lo dicho al principio,  ante la reforma del mercado de trabajo y la reciente congelación del salario mínimo en los 640´41 euros mensuales en que se hallaba establecido (lo que ha coincidido jocosamente con la fijación del “salario máximo” para determinados directivos bancarios, en 600.000 euros anuales) , conviene no olvidar las recomendaciones de Mr. Smith acerca del salario familiar, así como desear la mayor prudencia en el “aggiornamento” de la legislación laboral, porque el  Derecho del Trabajo no deja de ser el fruto de realidades históricas que no convendría olvidar. Por ello es oportuno recordar también otra sabia recomendación debida, en este caso, al  ingenio de Gilbert K. Chesterton: “Cuando te dispongas a quitar una valla, piensa antes un momento en por qué la pusieron allí”.


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