Desde la Tarima

Del déficit público y las amnistías fiscales

En relación con el recurrente asunto de las amnistías fiscales como medio para reflotar las finanzas públicas, me formularon  hace poco la siguiente hábil pregunta: “¿Rechazaría usted una transfusión de sangre que pudiera salvarle la vida sólo porque el donante fuera un asesino o un delincuente de cualquier otra clase?” Dialécticamente,  este planteamiento analógico no parece admitir otra respuesta que la negativa. Sin embargo, como tantas veces sucede con el lenguaje metafórico, la cuestión real es muy distinta.

Ni la recuperación de la suficiencia financiera admite más remedio que la amnistía incondicional de los ilícitos tributarios con la esperanza de acrecer los ingresos públicos –antes deberían hacerse recortes mucho más importantes en los gastos-,  ni esta medida encaja con la idea de  justicia fiscal que debe presidir a todo sistema de Hacienda respetable. Sin embargo, parece volver a  oírse al respecto ruido de consultas,  informes y evaluaciones en las covachuelas de la Administración y en los despachos profesionales. Berlusconi perdonó parcial y condicionadamente a los evasores tributarios italianos en 2001 y 2003, y parece ser que por el mismo medio logró que aflorasen hasta 100.000 millones de euros en 2011.

El Reino Unido consideró la posibilidad de aplicar  medidas semejantes, y Francia lo ha hecho en alguna ocasión. Por lo que se refiere a España, todos recordamos, en tiempos de Boyer (1984), el episodio de los pagarés del Tesoro, documentos al portador para cuya anónima suscripción a nadie se preguntaba por el origen de los fondos invertidos. Y fue Solchaga (1991) quien ofreció a los tenedores de estos opacos instrumentos financieros su canje por Deuda pública especial, con un interés  inferior al de mercado. Pero ninguno de estos intentos proporcionó los resultados  apetecidos.

España no es la única en recurrir de paraísos fiscales

Ni el problema del fraude tributario interno, ni el de la fuga de capitales a esos maravillosos parajes que llamamos paraísos fiscales, son marca española. La OCDE ha estimado que el 13% del PIB mundial se remansa en tan atractivas latitudes. Es cierto, sin embargo, que en nuestro país el volumen  estimado de la economía sumergida según el método del input físico (“consumos energéticos”) alcanzaba, ya en 1990, el 22’9 % de dicha magnitud, y que en  alguna Comunidad Autónoma, como la andaluza, ha podido estimarse en el 28’9%, cerca de un tercio del conjunto de la actividad económica de la región.

No faltaba razón a Paracelso cuando afirmaba que “ningún elemento es tóxico en sí: la dosis hace el veneno”. Ciertamente, a nadie complace pagar impuestos, y esto podría explicar un cierto e inevitable margen de fraude. Pero el nivel que el mismo alcanza en España obliga a considerar la influencia de otros factores explicativos más relevantes. En efecto, lo que hace tóxico al fraude entre nosotros es su abultada dimensión.

Amnistía fiscal o regularización de los defraudadores

Aunque nos hallemos 6’3 puntos porcentuales por debajo de la media Eur-27 (y ello por el tirón hacia arriba de los países escandinavos, sobre todo), una presión fiscal del 33’3% del PIB indica, sin duda, un alto coste de oportunidad para el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente a su alternativa: la defraudación; a lo que  habría que añadir, desde luego, la escasa eficacia mostrada a  este respecto por la inspección de Hacienda. Una encuesta realizada en 2008 por el IEF sobre las opiniones y actitudes fiscales de los españoles, ponía de manifiesto la relevancia de los factores indicados y añadía otro: la impunidad de la que parecen  disfrutar los defraudadores.

No ha de extrañar, pues, la preocupación del nuevo Gobierno por el problema del fraude, máxime ante el grave desequilibrio que arrojan nuestras cuentas  públicas. La estrategia diseñada por Hacienda para combatirlo durante el ejercicio que ahora comienza, se estima que permitirá recaudar 8.171 millones de euros (2.000 menos que en 2011). De modo que, si admitimos que el volumen de la economía sumergida asciende a unos 230.000 millones (23% del PIB), no parece que las actuaciones inspectoras se prevean muy eficaces. Dos únicas posibilidades se ofrecen, por tanto, para recuperar los rendimientos fiscales fraudulentamente sustraídos al Tesoro público: la amnistía fiscal y la espontánea regularización tributaria de los defraudadores.

La amnistía fiscal pura y simple, es decir, la condonación de las deudas tributarias exigibles y no satisfechas (incluidos los intereses de demora y las sanciones), a condición de reintegrar las rentas ocultadas al curso normal de la economía, a nadie se le ocurriría proponerla, entre otras cosas, por el agravio comparativo que se infringiría a quienes cumplieron sus obligaciones fiscales en tiempo y forma; y no digamos a quienes, descubierta su falta, se obligó a pagar con los añadidos de intereses y sanciones. En cuanto a la oferta de amnistía  limitada a sólo la condonación de éstos últimos, no parece tan atractiva como para lograr que afloren los recursos confortablemente sumergidos. Para algunos, el ofrecimiento de enjugar sus deudas en un plazo  suficientemente dilatado, quizá fuese un estímulo eficaz. Lo mismo que la posibilidad de que colocaran la fuente de sus rendimientos no declarados  en un depósito temporal, a muy bajo interés, en el  Banco de España. De esto hay precedentes.

Esperar la regularización espontánea de los escurridizos burladores del Fisco parece un tanto optimista. Si así lo hicieran, por las deudas tributarias no prescritas tendrían que pagar, además, el oportuno recargo y los  intereses de demora correspondientes.

La importancia de sellar el sumidero del fraude fiscal

Sin embargo, no cabe ignorar la importancia  que para una Hacienda  en riesgo de quiebra y una economía nuevamente al borde de la recesión, tendría la captación de los recursos perdidos  por el sumidero del fraude fiscal. En tales circunstancias, mirar lo que hace el vecino puede ser útil. Así, en lo relativo a la evasión de capitales, el pasado verano se hicieron públicos los acuerdos  bilaterales  “Rubik”, suscritos por Alemania y el Reino Unido con Suiza, y en virtud de los cuales los residentes en cualquiera de los dos primeros países que posean activos financieros situados en la Confederación Helvética, podrán, una vez ratificados tales acuerdos, regularizar su situación fiscal a un tipo de gravamen comprendido entre el 19 y el 34%,  estimándose que, en la práctica, dicho tipo se situará dentro de la horquilla del 20-25%. Siempre manteniendo el anonimato de sus clientes, las entidades suizas depositarias de tales activos quedan obligadas a efectuar el pago de los impuestos que a aquellos correspondan, con carácter plenamente liberatorio de cualquier responsabilidad  tributaria. No cabe duda de que este  arbitrio puede convertirse en fuente no despreciable de ingresos para las arcas públicas germanas y británicas.

Ahora bien, si se tratara de aplicar en España este sistema, convendría considerar, al menos, las siguientes cuestiones:

1ª) La conveniencia de extender los  acuerdos a otros países, además de a Suiza, ya que son hoy más los que, al amparo del secreto bancario, se han convertido en atractivos refugios para quienes buscan la opacidad fiscal (Singapur es uno de ellos; el caso de Gibraltar  merecería una atención específica);

2ª) ¿Cabría en nuestro ordenamiento la “delegación” de la gestión y recaudación impositivas, en unas entidades privadas de países terceros sobre las cuales carecería de facultades fiscalizadoras la Administración española?

3ª) ¿Cabrían estos acuerdos en el marco del vigente Derecho comunitario? pues es cuestionable si los mismos constituyen  materia de negociación bilateral o colectiva; y otro problema: cómo se integrarían con normas comunitarias tales como la Directiva del Ahorro; y

4ª)  ¿No quedaría menoscabada la autoridad  moral de nuestra Hacienda para exigir al resto de contribuyentes el normal cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con su rigor habitual? Una vez más surge, en el terreno de la política fiscal, el “trade off” entre eficiencia y equidad.


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