OPINIÓN

De la amnistía fiscal, Montoro y el fariseo impertinente

Los gentiles Boyer, Solchaga y el propio ministro interpelado, Montoro, habían concedido graciosamente condonaciones absolutas o parciales de deudas tributaria precisamente a quienes por su notoria capacidad contributiva gozaban del asesoramiento y los medios adecuados para poder sustraer buena parte de sus rentas y patrimonios a la vigilante mirada del Fisco.

De la amnistia fiscal, Montoro y el fariseo impertinente.
De la amnistia fiscal, Montoro y el fariseo impertinente. EFE

La eterna pregunta.

            Como a nuestro Señor Jesucristo (Mc 12, 14-17), preguntaron los fariseos a Montoro si era lícito pagar los impuestos:

           –¿Pagamos o no pagamos? Le inquirieron.

El ministro respondió:

           –Traedme un denario para que lo vea.

Se lo llevaron y él dijo:

           –¿De quién es esta imagen?

Ellos le respondieron:

           –De Mariano Rajoy.

Y el profesor Montoro, concluyó:

           –Pues dad a Mariano lo que es de Mariano y a Dios lo que es de Dios.

Un profesor veterano tiene respuestas para casi todo. Como un político liberal-socialdemócrata-democristiano-conservador-progresista (¡?). Más o menos. En realidad, la imagen del César Rajoy viene a representar también a todos sus predecesores en el cargo; a los sucesivos agentes de Leviatán, el monstruo de Mister Hobbes que nos sorbe el plasma sanguíneo a través de los 79 impuestos estatales, autonómicos y municipales que, con carácter directo, indirecto, accidental o periódico, nos persiguen de la mañana a la noche… y de la noche a la mañana. Y eso por no contar otros tributos, como la constelación de tasas y contribuciones especiales con las que se alimenta esa auténtica Hidra de Lerna conocida como el Estado de las Autonomías, engendro que multiplicó sus cabezas hasta el número de diecisiete.

Aquí no hay solo un césar, sino diecisiete, cada uno de ellos con su propio gobierno, su parlamento, su tribunal superior de justicia, su consejo económico y social, su tribunal de cuentas...

Porque, en efecto, en España tenemos diecisiete de todo. Aquí no hay solo un césar, sino diecisiete, cada uno de ellos con su propio gobierno, su parlamento, su tribunal superior de justicia, su consejo económico y social, su tribunal de cuentas, su defensor del pueblo, su órgano regulador de la competencia, su red de “embajadas”, sus televisiones públicas, sus empresas públicas, sus … Todo ello como resultado de una auténtica clonación de nuestro Estado unitario precedente, hoy vaciado, mermado e interferido en sus competencias, pero con su propio armazón casi intacto. O sea que, en realidad, lo que tenemos en España no son diecisiete, sino dieciocho césares; seis más de los que biografió Gayo Suetonio en su De vita deudecim Caesarum, entre julio-claudios, flavios, antoninos, severos, valentinianos y … ¡qué sé yo! Se entiende así la voracidad fiscal de Leviatán, que tiene que mantener a semejante armatoste institucional y a la legión de individuos que de él viven sin privarse de ninguna clase de capricho (3 millones largos de empleados públicos, según la EPA; con 428.990 cargos políticos de libre designación).

Interviene el fariseo impertinente

Visto lo anterior, no es extraño que el fariseo Asher -cuyo nombre en hebreo quiere decir “felicidad”, felicidad a la que todos aspiramos, incluidos los sufridos contribuyentes sin escape posible- plantease al ministro del Ramo, como decían nuestros abuelos, su objeción al deber de pagar tantos tributos para sostener a semejante y pródigo César. Además, añadía, no todos tenían las mismas posibilidades de escapar a los requerimientos del publicano de turno, con lo que lo defraudado por unos tenían que suplirlo los demás.

Venía siendo práctica habitual que, cuando al Cesar no le llegaba la camisa al cuello, financieramente hablando, se concediera alguna gracia

Pero lo que, sobre todo, indignaba a Asher, como buen fariseo, era el incumplimiento de la ley que a todos obligaba. Los gentiles Boyer, Solchaga y el propio ministro interpelado, Montoro, habían concedido graciosamente condonaciones absolutas o parciales de deudas tributaria –se llamaran amnistías o regularizaciones fiscales- precisamente a quienes por su notoria capacidad contributiva gozaban del asesoramiento y los medios adecuados para poder sustraer buena parte de sus rentas y patrimonios a la vigilante mirada del Fisco. Venía siendo práctica habitual que, cuando al Cesar no le llegaba la camisa al cuello, financieramente hablando, se concediera alguna gracia de esta clase consistente, por ejemplo, en tributar al 10% por lo que debiera haberlo hecho al 50%, e incluso con alguna adicional rebaja de última hora, hasta el 3%. Como es conocido, así ha sido en la última ocasión.

Y el Sanedrín se pronunció

El caso es que la amnistía o regularización fiscal privilegiada, como ustedes prefieran, del gentil Montoro, fue recurrida de inconstitucionalidad, hace ahora cinco años, por 115 diputados del PSOE, es decir, por más de un centenar de miembros del mismo partido de los ya olvidados amnistiadores, Boyer y Solchaga. Eso se llama cuajo, o como ahora se dice, morro. Por cierto, los cinco años transcurridos hasta la reciente STC de 8 de Junio de 2017, constituyen una prueba más de la ejemplar diligencia del Alto Tribunal, de su proverbial productividad. No voy a entrar ahora en mi personal valoración y pronóstico acerca de la amnistía montoriana. Ya lo hice reiteradamente en su momento (VOZPÓPULI, 16-I-2012: Del déficit público y las amnistías fiscales; y 7-IV-2012: Barrabás nuevamente amnistiado). Como era fácil prever, el TC ha venido a confirmar lo que algunos presumíamos nulo y flagrantemente inconstitucional.

Se advierte, no obstante -en los medios, como en el propio debate social- escasa atención al trasfondo ético o moral de cualquier amnistía tributaria, y de esta última en particular

Los fundamentos jurídicos en los cuales se basa la referida Sentencia son concluyentes y bien conocidos (grave lesión de los principios constitucionales de generalidad, igualdad, capacidad económica y progresividad, además del uso improcedente de la técnica del Decreto-Ley para lo que constituye una alteración del régimen general y de los elementos esenciales de varios impuestos, vulnerando así el fundamental principio de reserva de ley). No merecen, por tanto, mayor comentario. Se advierte, no obstante -en los medios, como en el propio debate social- escasa atención al trasfondo ético o moral de cualquier amnistía tributaria, y de esta última en particular. Todo parece discurrir, en efecto, en el plano puramente económico-financiero (era necesario achicar el déficit a cualquier precio) o de la técnica jurídica (ahora se despacha el ministro con su propósito de incorporar a la vigente Ley General Tributaria un nuevo precepto prohibiendo cualquier amnistía fiscal, como si la legislación vigente o la doctrina sentada por el TC no fuesen suficientes). En definitiva, pragmatismo economicista o formalismo y positivismo jurídicos de la peor especie.

A Dios lo justo y al César … lo estrictamente necesario

Se ignora que la jurisprudencia –prudencia del derecho, literalmente- es la ciencia de lo justo y de lo injusto y que, como decían los antiguos, no todo lo que es jurídicamente lícito, legal –ahora vemos que no lo era-, es moralmente bueno. Además, como decía el profesor Federico de Castro,” […] la calidad de un ordenamiento positivo se mide por el grado en que es capaz de moralizar a la sociedad”. Justo lo que más falta nos hace. Y para dirimir la cuestión de lo que en puridad corresponde a Dios (la Justicia) y lo que es debido al César (los recursos precisos para cubrir eficientemente las auténticas necesidades colectivas, no más) convendría recordar el lema con que el eminente jurista encabezaba su Derecho civil de España (1955): “Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hch. 5, 29). O sea, la justicia antes que la bolsa del arbitrario y manirroto César.


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