Desde la heterodoxia

La reforma de las pensiones, pura ideología

La reforma del sistema de pensiones, recogida en su correspondiente anteproyecto y memoria, supone una considerable pérdida de poder adquisitivo para nuestros pensionistas, y no puede llegar en el peor momento posible. No les quepa ninguna duda que intensificará la actual crisis económica.

Además había alternativas a este despropósito, lo cual demuestra, por enésima vez, la fragilidad y pobreza de una débil democracia, la nuestra, donde los temas serios que afectan a la ciudadanía se dejan al devenir de los intereses de los distintos lobbies, que como auténticos vampiros nos desangran de manera reiterada. Al fiasco del sistema bancario, insolvente, se une ahora ésta reforma, hecha a la medida de las compañías de seguros.

En realidad, la propuesta realizada por el denominado 'grupo de expertos' concibe las pensiones públicas bajo un sistema de capitalización, aplicando meros criterios actuariales. Y como tal, es de carácter político, no técnico.

Sistema de reparto y alternativas de financiación

El sector público tiene la responsabilidad ineludible de garantizar a los ciudadanos un determinado nivel de vida, aunque como estamos viendo en el devenir de cada día suceda todo lo contrario. En el tema de las pensiones era el momento de dejar claro que el sistema de reparto es el mejor posible, pero que no podemos empeñarnos en financiarlo sólo con cuotas. En el resto de Europa no es así.

Sólo en ocho de los 28 países de la Unión Europea las pensiones se financian exclusivamente con cotizaciones sociales, como sucede en España. En muchos países hay alternativas de financiación. Así, por ejemplo, en Dinamarca, más del 40% de la pensión final de los trabajadores se financia con ingresos generales; mientras que en Francia se creó en su momento un impuesto para dotar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, siendo en la actualidad el segundo tributo en recaudación después del IVA.

Era el momento ideal para plantear, paralelo a una nueva propuesta de financiación de las pensiones públicas, una reforma en profundidad de nuestro sistema impositivo, injusto e ineficaz. La mayoría de la recaudación recae sobre el factor trabajo y castiga vía impuestos indirectos a los más vulnerables. Y es tremendamente ineficaz, viendo el hundimiento en casi 10 puntos porcentuales de los ingresos fiscales en plena crisis económica, que a duras penas roza el 35% del PIB. Contrasta, por ejemplo, con la evolución de los ingresos fiscales en el país galo, por encima del 50%, y bastante inmune al ciclo económico.

Sin embargo, no se ha hecho nada en este sentido. La propuesta de reforma de las pensiones gira exclusivamente alrededor de las cotizaciones a la Seguridad Social. Por un lado, se establece que las pensiones se revalorizarán en función de los ingresos y gastos del sistema, de manera que en años de déficit subirán 0,25%, y en años de superávit el incremento anual de los precios, medido por el IPC, más 0,25%. Por otro, se aplica un factor corrector por el efecto de la esperanza de vida, que en realidad sólo operará a partir del año 2030.

En la actual coyuntura de recesión de balances, teniendo en cuenta las erróneas medidas de política económica implementadas en nuestra querida España, si realmente se quisieran bajar las pensiones para ajustarlas a lo que se estima que se puede recaudar por cotizaciones implicaría que, por lo menos, se tendrían que reducir en un 50%, lo cual es un disparate.

El peor momento posible

La propuesta de reforma de las pensiones supone una merma para los pensionistas de 33.000 millones hasta 2022, creciente en el tiempo. Todo el ahorro proviene de la aplicación del nuevo índice de revalorización en función de los ingresos y gastos del sistema, y que implicará que durante un lustro los pensionistas pierdan poder adquisitivo de manera constante. Para empezar a ver el efecto de la esperanza de vida habrá que esperar a 2030.

La pérdida de poder adquisitivo de los pensiones, unida a la subida de impuestos indirectos como el IVA o las tasas locales, el copago farmacéutico, y la fuerte reducción en el gasto social, en dependencia, disminuirá de manera notoria la capacidad económica de los pensionistas. Ello es especialmente grave en un contexto como el actual donde, por un lado, el 27% por ciento de los hogares tienen como persona de referencia una persona jubilada o con una pensión distinta a la de jubilación, y, por otro, el único segmento de la población que mantuvo constante el gasto en 2012 fueron precisamente los jubilados. Supone el asalto de aquellos que generaron la crisis al último resorte de solidaridad intergeneracional, con las consecuencias sociales que ello conllevará.

En la encuesta de presupuestos familiares de 2012, el gasto medio por hogar fue de 28.152 euros en 2012, un 3,4% menor que en 2011. El único segmento de la población que incrementó ligeramente el gasto fue aquel donde el sustentador principal era un jubilado o retirado, concretamente un 0,8%. El 'pensionazo' supondrá que este segmento se verá obligado a disminuir su gasto. Ello hará aún más insostenible el actual sistema de financiación vía cuotas, y entraremos en un círculo vicioso. En un contexto de descensos del gasto social, bajadas salariales, aumentos de impuestos, la contracción económica se prolongará en el tiempo, descenderá aún más la población activa, así como la masa salarial, y el sistema se irá haciendo cada vez más insostenible, cuando en realidad había otras alternativas.

La reforma, tal como se ha diseñado, demuestra además el profundo desconocimiento por parte de las autoridades políticas patrias y de los citados expertos de cuál es el importe de nuestras pensiones, muy alejado de los países europeos de referencia. Mientras la pensión media alcanzó los 945,45 euros en 2012, un 55% de las mismas -46% de las contributivas- es inferior a los 642 euros. Pero además es especialmente sangrante, cuando, por ejemplo, el coste estimado hasta ahora de la ayuda a la banca, entre el banco malo Sareb y el FROB, ya supera los 150.000 millones de euros, incrementado directamente en esa cuantía nuestra deuda pública.

Este es el libre mercado, tal como lo entienden estos grupos de poder. Se trata de intervenir el mercado por medio de lobbies, comprando voluntades políticas, para que subsidien a determinados grupos con dinero estatal -véanse, por ejemplo, los rescates bancarios. Entonces, puestos a exigir, piden que el Gobierno no interfiera para proteger al ciudadano en situaciones límites como la actual. Corrompen el Gobierno y luego piden un gobierno pequeño. La reforma de las pensiones es la enésima promesa incumplida del ejecutivo Rajoy, devaluando hasta límites insospechados la acción política. Están jugando con fuego y no tardarán en quemarse, aunque a la ciudadanía hace tiempo que ya la han abrasado.


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