Desde la heterodoxia

Las mentiras del banco malo de Rajoy

La quinta reforma de sistema financiero, centrada ésta en el diseño del banco malo, al igual que las cuatro anteriores, será un rotundo fracaso. Como consecuencia, a pesar de lo que afirman tanto el gobierno español como la Unión Europea, los problemas financieros y las perspectivas económicas de nuestro país empeorarán en los próximos 6-18 meses.

El viernes 31 de agosto el ejecutivo de Rajoy aprobó la que sería “la reforma bancaria definitiva de España”. Sin embargo, vamos ya por la tercera de la época Rajoy, todo un récord en nueve meses, que recibe el apelativo de "definitiva", a las que deberíamos añadir las dos chapuzas previas del anterior ejecutivo.

El banco malo en última instancia es una empresa de gestión de activos que compra todos los activos en quiebra, en definitiva todos los préstamos tóxicos no rentables que los bancos y cajas tienen en sus libros, y, posteriormente los gestiona. Inmediatamente surgen una serie de preguntas. Quién crea esta empresa, con qué dinero, quién la gestiona. Y si la empresa puede obtener un beneficio derivado de la “gestión” de los bienes que compra a los bancos, ¿por qué no podrían los bancos manejarlos ellos mismos?

El Ministro de Economía, Luis de Guindos, en la conferencia de prensa del viernes 31 de agosto, señaló que el objetivo es que los inversores privados adquirieran una participación mayoritaria en el banco malo. Concretamente afirmó "la empresa de gestión de activos debe ser viable y no generar pérdidas y al final no debe tener ningún impacto sobre el contribuyente". Esta afirmación simple y llanamente es falsa porque ambos objetivos son incompatibles.

El gobierno debe elegir lo que quiere

El gobierno deberá elegir entre sobrepagar por la compra de los activos tóxicos, sin tocar a los acreedores extranjeros, en cuyo caso la fiesta la acabarán pagando los contribuyentes patrios. O, alternativamente, proteger a los ciudadanos españoles, infrapagando en la compra de dichos activos podridos, siendo la gerencia, los propietarios y los acreedores extranjeros quienes asuman el coste por haber llevado a la insolvencia a nuestro sistema bancario, al asumir todos ellos riesgos excesivos.

La única manera de que los inversores privados pongan dinero en el banco malo es si se paga un precio realista por los activos que compran. En el momento en que esos préstamos y propiedades embargadas están en manos de los bancos a un valor en libros menos provisiones, según ciertos modelos, y no a un valor de mercado, qué pasaría si el banco malo los compra a un precio de mercado. Pues obvio, los bancos tendrían una pérdida considerable. El importe de la pérdida sería la diferencia entre lo que el banco originalmente había prestado y provisionado y lo que ahora obtendría vendiendo ese préstamo en una profunda recesión. No hay forma de evitar el hecho de que los activos que se vendan hayan perdido valor. La creación de un banco malo según estos criterios, que son los únicos bajo los cuales entraría el sector privado, no hace desaparecer mágicamente esa pérdida. La única pregunta es quién la asumiría.

Tal como venimos defendiendo desde el inicio de este blog, los inversores privados de los bancos rescatados deberían sufragar la mayor parte de los gastos de la limpieza del balance. No se preocupen, no ocurrirá, para eso está Guindos en el Ministerio de Economía. Los tenedores de deuda sénior, aquellos que tienen amigos en el gobierno, que a menudo están en el gobierno, los bancos, los ricos y los poderosos, los grandes inversores están protegidos. En todo caso si alguien paga parte del rescate serán los acreedores junior, es decir, los propietarios de acciones preferentes y deuda subordinada, en su inmensa mayoría españoles.

Las acciones preferentes se ofrecieron a inversores profesionales que en su mayoría se negaron a comprar. El gobierno y las élites financieras decidieron que si el mercado profesional no las compraba, no quedaba más remedio que venderlas a los ahorradores patrios a través de los bancos locales, ofreciéndose bajo el calificativo de productos de bajo riesgo.

Después de recortar los salarios, aumentar los impuestos, destrozar los servicios públicos, acabar con los derechos de los trabajadores, autónomos y clases medias, hundirían aún un poquito más a nuestra querida España, si al final deciden que sean solo aquellos inversores que compraron acciones preferentes quienes acaben pagando el plato roto de semejante desmán.

Por supuesto, el gobierno podría evitar algunas de las consecuencias políticas de todo esto, insistiendo en que la Sociedad Gestora de Activos pagara a los bancos muy por encima del precio de mercado de los activos, más cerca de lo que los bancos deberían haber conseguido si la burbuja no hubiera pinchado. Los bancos entonces perderían muy poco. Sería el banco malo, la nueva sociedad de gestión de activos, el que compraría los activos muy por encima de lo que realmente valen la pena. En este caso ningún inversor privado entraría en el banco malo, a menos que el gobierno cree la empresa de una manera “astuta” para que los inversores privados sean los primeros en la línea en la obtención de beneficios. En otras palabras, engañar a la estructura de beneficios. En este caso todo el coste correría a cargo de los contribuyentes. ¡Qué alegría!

Transformando la deuda privada en pública

Al final todo es más sencillo de lo que parece. La deuda privada de este país, 4,3 billones de eros, no se puede pagar, y quien la concedió en su mayoría, nuestro sistema bancario, es insolvente. Y el hecho de que el Gobierno central, actual y anterior, se haya mostrado dispuesto a avalar y garantizar gran parte, por no decir la totalidad, de la deuda privada de los bancos ha supuesto que el mercado, es decir, los acreedores de la deuda española, hayan enfocado su presión sobre las finanzas públicas, para que estén más saneadas que nunca, por si finalmente el Estado tiene que salir al rescate de impagos de la banca privada española. Al avalar deuda privada; implementar restricciones fiscales y promover bajadas salariales que hundirán por muchos años el crecimiento económico; España se encamina a una quiebra de deuda soberana.

Como ya detallamos en un blog anterior, según nuestras estimaciones, las necesidades de financiación de las administraciones públicas, para el período que va entre lo que queda de 2012 y 2014, se situarán como mínimo alrededor de los 510.000 millones de euros, 300.000 de de los cuales serán deuda nueva, imposible de financiar en los momentos actuales. Según estos cálculos, muy conservadores, la deuda pública de nuestro país sobre PIB pasaría del 81% actual al 109%.

El gobierno de Rajoy ya solicitó a Europa un rescate de nuestro sistema financiero, cuyo diseño supone, desde nuestro análisis, una socialización en toda regla de las multimillonarias pérdidas privadas provocadas por una élite financiera y política que, aún hoy, sin ningún tipo de rubor, sigue exigiendo sangre, sudor y lágrimas al resto de los ciudadanos. Dicho rescate, además, no valdrá para nada. Como detallamos en un blog previo, la cuantía necesaria, siguiendo el diseño implantado por las élites, rondará finalmente los 300.000 millones de euros frente a los 100.000 millones inicialmente solicitados. Ahora ya solo le queda el rescate total. ¡Qué rabia!


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