Desde la heterodoxia

¿Una gran coalición? ¡No, gracias!

Durante los últimos días distintas voces políticas y sus voceros mediáticos empiezan a hablar públicamente sobre la necesidad de formar una gran coalición de gobierno (PP-PSOE), si “el país lo necesita”. En realidad las élites que dirigen nuestro devenir en la sombra empiezan a asustarse, no vaya a ser que los españoles despierten de su letargo y el actual statu quo salte por los aires.

La gran coalición, si en algún momento se produjera, sería una gran estafa, un fraude. Tendría un carácter meramente defensivo. Subyace un temor creciente a que la ciudadanía, aritméticamente, abriera paso a alguna que otra posibilidad de gobierno que pudiera resquebrajar sus intereses, y vislumbrarse en definitiva el final del actual régimen. Si les digo la verdad dudo que esto se produzca de manera inmediata.

Lo que realmente persiguen quienes promocionan la gran coalición no es una modernización democrática y económica de nuestra querida España. Tampoco les preocupa el alarmante incremento de la pobreza y la desigualdad. Ni siquiera se han llevado las manos a la cabeza cuando diversos organismos han advertido de la disparidad salarial en nuestro sector productivo. Intentan aferrarse al control hegemónico político y mediático que tan pingües beneficios les ha reportado en las últimas décadas.

Voces de alarma

La situación es tan alarmante que desde Europa han lanzado ya distintos S.O.S. Recientemente Bruselas denunció que en España las empresas son más poderosas que los supervisores y que quienes deben regular el mercado carecen de medios, de personal y de preparación para hacerlo. Fíjense ustedes lo que habrán visto para dar semejante aviso.

En su momento el Banco Central Europeo, al analizar la situación de los países que han necesitado ayudas de la Unión Europea, concluyó que algunos sectores de la economía española no estaban abiertos a la competencia, de manera que el ajuste lo estaban pagando tanto sus empleados, con salarios menores, como sus clientes, con precios mayores.

Ambos avisos reflejan una característica intrínseca a la economía española. Si analizamos la composición del Ibex 35, la situación es para echarse a llorar. Predominan antiguos monopolios naturales, básicamente empresas eléctricas, petroleras, y del sector de telecomunicaciones. Junto a ellos, el sector inmobiliario, ligado al BOE, y el bancario, insolvente. A estos sectores, junto a su brazo político, les fue muy bien durante la gran mentira, la burbuja inmobiliaria del período 1997-2007. Se forraron como jamás antes nadie lo hizo en nuestra querida España.

Sin embargo, ninguna situación se eterniza en el tiempo, y menos cuando hablamos de burbujas. Y un día ésta explotó. Todo parecía irse al garete. Pero estas élites no estaban dispuestas a perder ni un euro y ni un ápice de su poder. Para ello, a base de puertas giratorias y de legislación, impusieron su ajuste. Así se entiende el porqué cuando el riesgo de impago radicaba principalmente en el sector privado, y no en el público, las élites patrias, junto a los acreedores internacionales, presionaban al Gobierno de turno para impulsar sus reformas, término eufemístico con el que se referían a la imposición de recortes, privatizaciones y empobrecimiento salarial de sus conciudadanos. Todo por la patria.

El hecho que el gobierno de turno se mostrara dispuesto a avalar y garantizar gran parte de la deuda privada de los bancos y otros sectores supuso que el mercado, es decir, los acreedores de la deuda española, enfocara su presión sobre las finanzas públicas, para que éstas estuvieran más saneadas que nunca, por si finalmente el Estado tuviera que salir al rescate de impagos del sector bancario o de otros oligopolios financiados por la banca.

Reacción de la sociedad civil

Como consecuencia de estas políticas, nuestra deuda pública se ha disparado desde el origen de la crisis, en realidad se ha más que duplicado y ya supera el 100% de nuestro PIB. Y una gran parte de la deuda contraída por nuestro gobierno de turno se ha destinado no a sufragar gastos operativos corrientes o de capital, sino a ser nuevamente prestados a terceros. El origen de esta conducta es que el Estado pide prestado para luego, a su vez, prestar a terceros y favorecer a intereses privados espurios al margen de la ciudadanía. Se trata de deuda ilegítima. Y el contador suma y sigue (déficit tarifario, autopistas, etc.).

Permítanme por lo tanto que dude de todos aquellos que hablan de recuperación económica. Sólo quieren ganar tiempo, adormilarnos para continuar con lo suyo. Tenemos un volumen de deuda privada y pública que no se va a poder pagar, salvo que se pretenda arruinar las expectativas de vida de los españoles. Las dinámicas de ambas ya están fuera de control.

Hoy más que nunca es necesaria una reacción democrática transversal que diga basta, donde, parafraseando a Javier Benegas y Juan M. Blanco en su libro Catarsis, “busquemos una democracia de mayor calidad, donde acabemos definitivamente con el sistema de acceso restringido dominado por los privilegios, la corrupción, el caciquismo, el intercambio de favores y las barreras a la participación”. Por eso, ¿una gran coalición? ¡No, gracias!


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