Desde la heterodoxia

Las falacias sobre la insostenibilidad de las pensiones (II)

En el blog anterior introdujimos uno de los elementos donde la política económica neoclásica dominante, agrupada bajo el denominado Consenso de Washington, ha centrado su mirada en los últimos años. Como aves carroñeras, están esperando su descomposición para devorarlo. Nos referimos al intento de reducir, sino eliminar, los sistemas de pensiones públicos de reparto.

El esquema de pensiones públicas basado en el sistema de reparto se encuentra sometido a un ataque constante por parte de la ortodoxia neoclásica. A partir de una serie de problemas reales de financiación consecuencia del envejecimiento de la población, la ralentización del crecimiento salarial, y los cambios en la distribución de la renta, los responsables de las políticas públicas proponen, como comentamos un movimiento en favor de sistemas pre-financiados, total o parcialmente, que incluso lleve a unaprivatización de parte o de la totalidad del sistema.

Los problemas asociados al actual sistema de pensiones público de reparto son el estancamiento del crecimiento de los salarios, la desigual distribución de la renta, y la caída de la productividad

Sin embargo, como ya detallamos, los problemas asociados al actual sistema de pensiones público de reparto, y que se deberían atacar, son otros: el estancamiento del crecimiento de los salarios, la desigual distribución de la renta, y la caída de la productividad. Remediar el estancamiento de los salarios y la desigualdad salarial, unido a un crecimiento de la productividad son, por lo tanto, partes intrínsecas que permitirían solucionar los problemas de las pensiones públicas bajo el sistema de reparto, sin necesidad de acudir a sistemas financiados y a sus efectos perversos. Pero de eso, nada de nada.

Privatización sistemas de pensiones e hipótesis de mercados eficientes

Nuestro objetivo es desmontar las bases teóricas que están detrás de las opiniones neoclásicas dominantes que justifican la adopción obligatoria de esquemas de pensiones completamente financiados, públicos o privados, como sustitutos totales o parciales del actual sistema de reparto, no financiado. En el blog anterior, demostramos que la transición desde un sistema público de reparto a otro completamente financiado, público o privado, no tiene un efecto positivo real de dotar a las generaciones futuras de un mayor capital y un producto per cápita más alto. La razón es que la causalidad neoclásica “el ahorro genera inversión” no se cumple. En el blog de hoy, vamos a ver como la privatización, total o completa, del sistema de pensiones plantea serias dudas relacionadas con el riesgo precio de los activos, es decir, su valoración, la existencia de costes de transacción, y la equidad.

La teoría neoclásica justifica la implantación de esquemas de pensiones de gestión privada apoyándose en la hipótesis de mercados eficientes. Si los mercados son eficientes, los recursos se colocaran automáticamente de manera óptima en línea con los objetivos de largo plazo de la sociedad. Más aún, mientras que el concepto inicial de la Economía de la Incertidumbre de Kenneth Arrow consideraba que los agentes tenían diversas opiniones sobre el futuro, y regularmente se equivocaban en sus previsiones, la Escuela de Chicago impuso el dogma de las expectativas racionales: los agentes saben y están de acuerdo sobre la distribución de probabilidad verdadera de las noticias futuras, de manera que los mercados ciegamente valoran correctamente los activos. Detrás de ello está el origen de toda una familia de teorías que predicen que el riesgo de los mercados financieros es muy pequeño, completamente valorable y manejable. Mediante este razonamiento, se justificaba intelectualmente niveles de endeudamiento y apalancamiento extremadamente peligrosos, que han llevado al colapso de la economía, mientras que en el mundo real la mayor parte del riesgo era endógeno.

El caso de Chile no solo no supone una protección real de las rentas futuras a obtener, sino que en determinados episodios de exuberancia irracional la explosión de una burbuja implicaría un empobrecimiento masivo de los pensionistas

Sin embargo, existe suficiente evidencia empíricaque invalida la hipótesis de eficiencia de los mercados financieros de manera que en un contexto de fuerte sobrevaloración de activos los esquemas de de gestión privada pueden generar pérdidas importantes. Dicho de otra manera, esquemas de sistemas de pensiones completamente privados como los existentes en algunos países, el caso de Chile es el más paradigmático, no solo no supone en realidad una protección real de las rentas futuras a obtener, sino que en determinados episodios de exuberancia irracional, como consecuencia de una excesiva propensión al riesgo, la explosión de una burbuja o inflación de activos financieros como la actual implicaría un empobrecimiento masivo de los pensionistas.

Problemas de riesgo moral en los sistemas de pensiones privados

Además del riesgo precio, que invalida la hipótesis de eficiencia de los mercados financieros, los sistemas de pensiones completamente privados presentan una serie de riesgos adicionales ignorados completamente por la ortodoxia neoclásica. En primer lugar, el riesgo de variabilidad del inversor individual. Muchos inversores invierten e invertirán mal y corren el riesgo de obtener unos muy bajos rendimientos o pérdidas. En este caso, la carga final podría recaer sobre el erario público, si finalmente se pone en marcha una red de seguridad de pensiones con apoyo público. Ello conlleva un tremendo problema de riesgo moral ya que muchos contribuyentes podrían invertir de una manera excesivamente arriesgada sabiendo que existe una red de seguridad.

Los sistemas completamente privatizados presentan una serie de inconvenientes adicionales que los economistas convencionales suelen obviar

Pero además los sistemas completamente privatizados presentan una serie de inconvenientes adicionales que los economistas convencionales suelen obviar. Los costes administrativos de los esquemas de sistemas de pensiones privados son muchísimo más altos. Por ejemplo, a principio de la década de los 90, en el sistema de pensiones chileno, totalmente privatizado, los costes administrativos eran 5,5 veces más altos que en el sistema de Seguridad Social existente en Estados Unidos. Además, estos costes son tremendamente regresivos porque son de carácter fijo, repartidos por igual en todas las cuentas, lo que afecta negativamente a aquellas cuentas de ingresos bajos.

Los sistemas de pensiones basados en esquemas totalmente privatizados no proporcionan una serie de beneficios que son parte del sistema de Seguridad Social existente. Estos incluyen prestaciones de invalidez por accidente laboral y beneficios para el cónyuge y los hijos a cargo en caso de muerte accidental. Finalmente, los sistemas privados carecen de la dimensión progresiva redistributiva de los sistemas de reparto. En los sistemas de reparto se asegura que incluso en el caso de que el flujo de ingresos derivados de la actividad de un trabajador se interrumpa, los trabajadores aún así podrían terminar con una pensión de jubilación razonable.

En el contexto actual, donde los lobbies campan a sus anchas, es más necesario que nunca, cuando se utilizan una serie de hipótesis para justificar acciones de política económica, comprobar las hipótesis que hay detrás. Si no se cumplen, y los problemas reales no se atacan, los efectos sobre la población, especialmente la más desfavorecida, serán brutales e irreversibles.


Fotografía de cabecera: George W. Bush firma la ley HR 4, Ley de Protección de Pensiones de 2006 (Kimberlee Hewitt)


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