Desde la heterodoxia

La deuda pública ilegítima de España

La mayoría de los análisis que se han hecho a lo largo de la actual crisis sistémica sobre la economía española, además de ser incorrectos, están cargados de una profunda ideología. Ahora nos vuelven de nuevo a mentir, no hay ningún proceso de recuperación en ciernes, ni lo habrá, mientras no se reduzca de manera drástica, bien por reestructuración o bien por extinción, nuestro volumen de deuda total.

Tenemos un volumen de deuda privada y pública que no se va a poder pagar, salvo que se pretenda arruinar las expectativas de vida de los españoles –ya están en ello-. Lo que empezó siendo un problema de deuda privada ha acabado contaminando definitivamente a la deuda pública. Las dinámicas de ambas están fuera de control. Bajo este escenario, quien financió la mayoría de esta deuda, el sistema bancario, es insolvente.

En este contexto diversas voces urgen identificar qué parte de nuestra deuda pública es ilegítima, cómo y por qué se ha generado. Y una vez identificada, proponer como extinguirla.

¿Qué es la deuda ilegítima?

La deuda ilegítima sería aquella deuda contraída por un gobierno, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos del país. Dicha deuda entonces no tendría por qué ser pagada. Legalmente el concepto es análogo a la nulidad de los contratos firmados bajo coacción.

Técnicamente se consideraría deuda ilegítima aquella deuda emitida por las administraciones públicas cuyos fondos se destinan no a sufragar gastos operativos corrientes o de capital, sino a ser nuevamente prestados a terceros.

Sin embargo, también debería incluirse dentro del concepto de deuda ilegítima toda aquella obra pública inútil, muy extendida en nuestro país por los distintos gobiernos de turno, y aquella cuyo coste final supere con creces lo recogido y asumido por las partes en los distintos concursos públicos. Estas últimas podrían considerarse personales, debiendo responder quienes las hayan contraído -bien sea el presidente del Gobierno o de una comunidad autónoma, el alcalde de turno, el gobernador del Banco Central…- y no el Estado en su conjunto y por tanto los ciudadanos.

Auditoría de la deuda

El objetivo sería calcular la parte de la deuda generada no con la finalidad de cubrir déficits públicos no financieros. El origen de esta conducta es que el Estado pide prestado para luego, a su vez, prestar a terceros y favorecer a intereses privados espurios al margen de la ciudadanía. Se trataría de repudiar todas aquellas deudas contraídas por las administraciones públicas a espaldas a sus ciudadanos, sin su consentimiento y con fines de enriquecimiento personal o de enriquecimiento corporativo. Estas deudas en última instancia conllevan un empeoramiento de los servicios públicos y el sometimiento de la ciudadanía a una represión social y política y, en definitiva, en contra de los intereses de los propios ciudadanos.

Los cálculos realizados en nuestro país para el periodo 2008-2013 se aproximarían a los 250.000 millones. No hubiese hecho falta implementar ningún recorte en sanidad, educación, o jubilación, ni haber sometido a la población española al mayor empobrecimiento de los últimos 40 años.

Sin embargo, no se preocupen, tal auditoría no se va a hacer. Los distintos lobbies oligopolistas beneficiados de estas prácticas –bancario, eléctrico, telecomunicaciones, constructor…- han actuado en connivencia con el aparato político, y ambos tendrían mucho que perder. Además controlan la inmensa mayoría de los medios de comunicación, salvo muy honrosas excepciones.

Deuda ilegítima e inseguridad jurídica

Desde diversas voces se considera que el mero hecho de plantear una auditoría de la deuda generaría inseguridad jurídica. Todo lo contrario: la inseguridad jurídica se deriva de la confusión de lo que son intereses públicos e intereses espurios privados.

En nuestro país la mayor parte de la deuda ilegítima se deriva de un acuerdo tácito entre el Banco Central, el Tesoro público y la banca privada. Según el mismo, esta última, la banca, insolvente y zombi, se rescata con dinero de los contribuyentes –FROB, EPAs, SAREB…-, y se financia a coste cero en el BCE, con colaterales cada día de peor calidad. A cambio presta al Estado porque es la única forma de que tiene de generar beneficios en un contexto de mora en máximos (13% del total de créditos según cifras oficiales, 23% mora real) y nula actividad crediticia al sector privado.

Si realmente queremos dejar atrás lo peor de la crisis será necesario, aunque no suficiente, un proceso de reestructuración de nuestra deuda. En primer lugar, habría que reducir el tamaño del sector bancario privado acorde a la economía real y a una valoración objetiva de los activos en balances. Los agujeros deberían ser asumidos por accionistas y bonistas. A su vez, tal como ya recomienda incluso el FMI, debería realizarse una quita a familias con el fin de evitar ejecuciones masivas de hipotecas. Finalmente, una vez hecha la auditoria de la deuda pública, la definida como ilegítima no debería pagarse. Pero no se preocupen, no se hará nada de esto, les es más rentable seguir exprimiendo a la ciudadanía. ¿Hasta cuándo?


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