OPINIÓN

El descontrol autócrata de la deuda

Si en 2006 la principal responsabilidad del BdE era la regulación del sistema financiero, ahora es la estabilidad y el cumplimiento del mandato constitucional respecto a la deuda, algo que aparentemente se está sorteando y burlando mediante una tupida trama de normas.

El descontrol autócrata de la deuda.
El descontrol autócrata de la deuda. EFE

El 26 de mayo de 2006, la Asociación de Inspectores del Banco de España, enviaron al entonces Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Hacienda Pedro Solbes, y al otrora gobernador de Banco de España, Jaime Caruana, una carta alertando sobre la inminencia de una crisis sistémica de deuda, técnicamente denominada recesión de balances, por la complaciente actitud de las autoridades económicas y monetarias del momento (un ejecutivo socialista y un gobernador del Banco de España elegido en su momento por el Partido Popular) “ante el desmedido crecimiento del crédito destinado en su mayor parte al inmobiliario cuyos precios son insostenibles”. Los inspectores del regulador reclamaban algo ya empleado en el pasado, controles “ex-ante” que supusieran un freno a un crecimiento desaforado del crédito, especialmente si iba asociado a una burbuja. Mucho mejor un control ex-ante que un castigo ex-post a los hipotecados vía desahucios, que es lo que al final acabó pasando. La reacción fue un caso claro de negligencia. Algunos llegaron a afirmar que “cuanto más se endeudaran los españoles para comprar pisos más ricos seríamos, pues los pisos jamás pueden bajar de precio”. ¡Qué caraduras!, ¿verdad? Les recomendamos una excelente película sobre la naturaleza humana y la burbuja inmobiliaria, en este caso estadounidense, “The Big Short”, en español, “La Gran Apuesta”. El resultado, como ustedes ya conocen, fue un empobrecimiento masivo, millones de parados y el tejido productivo gravemente dañado.

Algunos llegaron a afirmar que “cuanto más se endeudaran los españoles para comprar pisos más ricos seríamos, pues los pisos jamás pueden bajar de precio”

Si en 2006 la principal responsabilidad del BdE era la regulación del sistema financiero, ahora es la estabilidad y el cumplimiento del mandato constitucional respecto a la deuda, algo que aparentemente se está sorteando y burlando mediante una tupida trama de normas, que permiten una emisión de deuda continua y su maquillaje contable.

Las circulares del BdE permiten emitir deuda sin control aparente

Desde el pasado año, un grupo de profesores y economistas independientes, hemos venido dialogando con ustedes y las autoridades europeas sobre la sobreestimación inexplicable del Producto Interior Bruto de nuestro país. Para ello presentamos en su momento tres estudios correspondientes a las aproximaciones tradicionales del cálculo del PIB. Aún no hemos recibido respuesta alguna. Por un lado, un cálculo desde el lado de la oferta; en segundo lugar otro desde el lado de las rentas; y, finalmente, desde el lado de la demanda. En los tres se obtenían conclusiones muy similares, una sobreestimación del PIB de entre el 17% y 18%. Ello tiene claras implicaciones. Nuestra deuda sería ostensiblemente mayor, exactamente igual que nuestro déficit público. Sin soberanía monetaria cualquier incremento de la aversión al riesgo complicaría de manera notoria su financiación, y entraríamos en un círculo vicioso, crisis de deuda-crisis bancaria, de muy difícil solución, con un empobrecimiento adicional de los ya muy sufridos ciudadanos españoles. Pero además dicha sobreestimación estaría ocultando algo no asumido por nuestra ciudadanía: en realidad nuestra presión fiscal sería una de las mayores de Europa (cobramos salarios modestos, pero pagamos impuestos como los países más ricos.). Acorde con todo ello, el último informe de la Comisión Europea pone de relieve la vulnerabilidad económica que atraviesa nuestro país y que ha enterrado en deuda el porvenir de varias generaciones de españoles.

¿Cómo es posible que el Estado pueda seguir emitiendo Deuda pública en estas condiciones?

Llegados a este punto, la pregunta que debemos hacernos es ¿cómo es posible que el Estado pueda seguir emitiendo Deuda pública en estas condiciones? ¿No se supone que después de perder nuestra soberanía económica, tras la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, deberíamos cumplir los criterios Maastricht sobre adecuación de deuda pública y déficit? ¿O estaremos de nuevo ante una gran mascarada?

Para responder a estas preguntas hace falta desenvolverse entre una copiosa elaboración de informes, Leyes Orgánicas, Reales Decretos, Circulares del Banco de España y datos realizados ex professo, para hacer comprensible que se siga emitiendo ingentes cantidades de Deuda pública. Por eso, antes de nada, quizá convendría mirar a lo que ha ocurrido en nuestro pasado próximo cuando tras la aprobación del Real Decreto 705/2002, de 19 de julio, por el que se regula la autorización de las emisiones de Deuda Pública de las entidades locales. Se igualaron las emisiones deuda pública de las Haciendas Locales en las mismas condiciones y beneficios que se aplicaban a las de Deuda pública del Estado.

A partir de entonces, se sustituyó la obligación de otorgamiento de escritura pública (papel) por publicación en el BOE en el caso de emisión de deuda de las Entidades Locales, Organismos Autónomos y empresas Públicas de capital, y eximió de toda responsabilidad de la verificación previa de las emisiones de deuda pública a la CNMV.

Ahora la única obligación reside en elevar una propuesta al BdE, quien la eleva con su informe a la consideración del Ministerio de Economía. Así de sencillo resulta seguir endeudando a los españoles

Ahora la única obligación reside en elevar una propuesta al BdE, quien a la vista de la memoria de emisión, la eleva con su informe a la consideración del Ministerio de Economía. Así de sencillo resulta seguir endeudando a los españoles y esto a pesar de que tras la Reforma del artículo 135 de la Constitución Española el 27 septiembre de 2011, por la cual el Estado se había obligado a cumplir con la estabilidad presupuestaria y que finalmente tomaría la forma en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera donde se establecieron los parámetros: regla de oro y el techo de gasto.

La regla de oro es una norma fiscal de obligado cumplimiento cuyo objetivo es lograr la estabilidad presupuestaria, mientras que el techo de gasto es un mecanismo propio para lograr esa estabilidad y que negocia exclusivamente Cristóbal Montoro con los representantes de las CC.AA.

Tanto el artículo 135 de la Constitución Española como la LOEPS prohíben expresamente la emisión de deuda pública por encima del 60% del PIB, excepto en los casos de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social, y siempre apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. Ninguno de estos factores se produce y el Gobierno sigue emitiendo deuda indiscriminadamente, y además, sin el consentimiento del Congreso.

Tanto el artículo 135 de la Constitución Española como la LOEPS prohíben expresamente la emisión de deuda pública por encima del 60% del PIB

Pero en esta explicación, tiende a olvidarse que ya en etapas anteriores, la Circular 4/2011, de 30 de noviembre, del Banco de España (que modifica la Circular 3/2008, de 22 de mayo, sobre determinación y control de los recursos propios mínimos), el BdE contemplaba la emisión de deuda de la Administración General del Estado, Organismo Autónomos, Empresas Públicas de capital y los Entes Locales con solvencia económica propia, como si mantuviera todavía en su poder las competencias en materia monetaria.

Se dejó así una puerta abierta para poder seguir emitiendo Deuda Pública, eso sí, sin control práctico alguno y que fuera poco clara para los ciudadanos, permitiendo que únicamente fuera el Ministro de Hacienda, quien autorice al Estado a realizar emisiones de Deuda pública, lo que en última instancia pone de manifiesto una gestión que podríamos tildar de autócrata y cuyos excesos entierran en deuda a varias generaciones de españoles.

Lo realmente escandaloso es que nuestros dirigentes están faltando al obligatorio cumplimiento de normas de rango superior (Constitución y Ley Orgánica) mediante el uso de normativas de rango inferior (Reales Decretos y Circulares), incurriendo presuntamente en una ilegalidad manifiesta y flagrante.

En otro artículo no les quepa duda de que les detallaremos y cuantificaremos la cuantía de esta deuda autócrata.


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