Desde la heterodoxia

En defensa del gasto público

En España el sector privado presenta problemas de solvencia y se encuentra en una profunda recesión económica. Como consecuencia, los ingresos públicos se hunden, aumenta el déficit público y se incrementa la deuda del Estado. La relación causa-efecto es del sector privado al público, y no al revés.

En este contexto, es más necesario que nunca un programa de inversión pública centrado en energía, transporte, educación, investigación y desarrollo, e infraestructuras de tratamiento del agua. Estados Unidos ya lo está implementando con cierto éxito, y en Japón se lleva aplicando desde los años 90 como antídoto frente a la contracción del sector privado.

Pero además, y frente a la opinión de la mayoría de los economistas, hay que incrementar el gasto social. Islandia en 2008, paralelamente a la restructuración bancaria aumentó el gasto social para mitigar los efectos de la crisis sistémica sobre los grupos más débiles. Ni que decir tiene que la solución heterodoxa de Islandia ya está teniendo sus frutos. En España las medidas adoptadas nos llevan al abismo.

El sector privado español es insolvente

La economía española, al igual que gran parte de los países occidentales, presenta unos niveles de endeudamiento privado insostenibles (alrededor del 320% del PIB al que hay que añadir el 73% de la deuda pública). Dicho endeudamiento se apoyaba y retroalimentaba a través de un crecimiento de la riqueza, especialmente inmobiliaria, muy por encima de la expansión del PIB. Éste era uno de los serios problemas a los que se enfrentaba la economía y que la mayoría de economistas fue incapaz de percibir su impacto: la riqueza neta de una economía respecto al PIB es constante en el medio y largo plazo. Si la riqueza neta crece muy por encima del PIB, dicho ratio (riqueza neta/PIB) revertirá a la media mediante una fuerte caída del precio de los activos financieros e inmobiliarios. Creo que no es necesario comentar más, a los hechos me remito.

Cuando el precio del colateral cae, los niveles de endeudamiento en torno al mismo son insostenibles, y el balance de las familias, empresas, y entidades financieras presenta problemas de solvencia. He aquí el segundo de los problemas, que de nuevo la mayoría de economistas ortodoxos ni olieron: la inestabilidad financiera, y la inutilidad de los balances o de las cuentas de resultados para detectar problemas de sobreendeudamiento.

Debido al descenso del colateral y a los elevados niveles de endeudamiento, las familias disminuyen el consumo y recuperan ahorro, las empresas no financieras no invierten, destruyen capital ya instalado, y despiden a trabajadores. Las entidades financieras, tras años de extrema laxitud y propensión al riesgo, cortan el grifo del crédito en un escenario de incremento de la mora, y tratan de recapitalizarse en un momento donde tienen completamente cerrado el mercado de capitales.

El papel del gasto público

En este escenario el gasto público como motor de la economía es vital, especialmente en infraestructuras, capital humano, y el consumo social. Al igual que la ortodoxia económica no ha entendido la naturaleza endógena de la actual crisis económica sistémica, tampoco comprende el papel del Estado y del gasto público.

Según la ortodoxia dominante las crisis económicas y la existencia de ciclos económicos son consecuencia de shocks exógenos inevitables, y por lo tanto minimizan el papel del Estado. Sin embargo la teoría de ciclos demuestra lo contrario, éstos son endógenos, asociados al comportamiento intrínseco del capitalismo, y que por lo tanto deben ser suavizados y humanizados por un mayor papel supervisor del Estado.

La ortodoxia dominante considera que el gasto público es ineficiente, pero ¿es posible una mayor ineficiencia que el comportamiento de bancos comerciales, bancos de inversión, cajas de ahorro, y empresas inmobiliarias en los últimos 10 años?

No contentos con ello esa misma ortodoxia argumenta que el aumento del déficit público vía gasto no genera actividad, ya que los agentes económicos racionalmente ahorrarán para pagar los mayores impuestos futuros. Además, el incremento del gasto público aumenta los tipos de interés por el efecto expulsión que ejerce sobre la inversión privada. De nuevo la evidencia empírica invalida tales argumentos: por un lado, los tipos de interés dependen básicamente del tipo de referencia fijado por el banco central (véase experiencia japonesa para entenderlo: deuda pública por encima del 200% del PIB, y tipos de interés del 0%), y, por otro, vía demanda efectiva, el gasto público tiene un impacto favorable sobre los beneficios de las empresas.

Quitas, deducciones y exenciones fiscales

Es indudable que un aumento exponencial del déficit público y deuda pública no es sostenible. El aumento del gasto social y la implementación de un programa de infraestructuras incrementarán el déficit público, que se debería financiar en un entorno de inestabilidad en los mercados de capitales.

A finales de 2011 uno de los mayores expertos de crisis de balances, el economista jefe del banco de inversión japonés Nomura, Richard Koo, en una conferencia impartida en Madrid, habló sin ambages de la necesidad de incrementar el gasto público en un escenario de crisis de balances privados, que se podría financiar perfectamente con el ahorro interno. Y también comentó que la Unión Europea debería establecer si hiciera falta control de capitales. Ante la reacción de cierta audiencia neoliberal no se anduvo con rodeos, “si quieren suicidarse allá ustedes”.

Si comparamos España con Italia hay una diferencia en nuestra contra que ya empieza a percibir el mercado. Italia tiene suficiente ahorro interno. Nosotros no. Por eso es necesario antes reducir la deuda privada mediante quitas, previa limpieza de balances bancarios. Me remito a la experiencia exitosa de Suecia en 1992 y de Islandia en 2008.

La mejora del déficit público no debe hacerse a través de un descenso del gasto en infraestructuras, del gasto en educación, o eliminando proyectos que permiten reducir los costes de reproducción de la fuerza de trabajo. Hay que incrementar los ingresos pero sin aumentar los impuestos sobre la renta o el impuesto sobre el valor añadido. La clase media ya no aguanta más presión fiscal.

Hoy más que nunca se deben eliminar todas las deducciones y exenciones fiscales que los distintos lobbies de nuestro país conseguían con los sucesivos gobiernos y que acababan siendo permanentes. El valor añadido y el empleo que generan las grandes empresas son ridículos y no merecen tal recompensa. Las cifras de las que hablamos son espectaculares, entre 50.000 y 70.000 millones de euros anuales, alrededor del 6% del PIB. Y aún no hemos hablado de fraude fiscal.


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