Desconfíen siempre del Gobierno

La trampa de las pensiones públicas

Una de las características más típicas de los regímenes totalitarios es la limitación a la libre circulación de las personas dentro de sus fronteras y, por supuesto, afuera de ellas. El poder sólo tiene sentido si lo puedes ejercer sobre alguien, por lo que cualquier Estado necesita población sobre la que su gobierno pueda ejercerlo. En caso contrario, terminarás por ir vaciando tu territorio de gente y esto no es un riesgo, sino una certeza de que ocurrirá.

Reformas que no atinan

Mucho se habla ahora de la reforma de las pensiones. Todas las propuestas están basadas en argumentos técnico actuariales. Básicamente la argumentación se centra en un argumento actuarial: las personas comienzan a trabajar más tarde y cuando se jubilan, incluso aunque se respetasen estrictamente las edades legales de jubilación, su esperanza de vida remanente es muy superior a la que hubieran tenido de haberlo hecho, jubilarse, treinta o cuarenta años antes. Este argumento, aunque técnicamente impecable, adolece de un error: nuestro sistema de pensiones público no es de capitalización, sino de reparto. Es decir, para ser sostenible necesitamos mantener el número de cotizantes por jubilado para asegurar la misma prestación y durante el mismo tiempo, que había esos hace treinta o cuarenta años de los que hablábamos. Si además, quisiéramos mantener la misma prestación, pero durante más años, porque la gente vive más años tras su retiro, el número de cotizantes por beneficiario de pensión pública debiera aumentar. Dicho de otro modo, al sistema sólo lo libraría un aumento de las tasas de natalidad pero no desde los índices actuales, sino desde los que había hace treinta o cuarenta años. Creo que esto no necesita más comentarios, salvo que los hijos que no se tienen sólo pueden ser sustituidos por inmigrantes, con los problemas que eso puede llegar a ocasionar en caso de una afluencia masiva de extranjeros en un corto plazo a un territorio.

La libertad como argumento

Sin embargo, nadie argumenta, bajo mi punto de vista, con la razón más importante para la reforma del sistema: el actual modelo es una forma de desincentivar, casi diría que de esclavizar, a los cotizantes a las autoridades de territorio en el que hacen las mismas. Podemos mejorar el sistema actual para que los últimos años no sean definitivos en la prestación que un individuo recibe finalmente. Podemos así alargar los años que se incluyen en el cálculo de la prestación a percibir hasta acercar un sistema de reparto a un sistema de capitalización, de tal modo que tengamos una mixtura que mejore la sostenibilidad actual del sistema, pero mientras un trabajador no pueda movilizar sus cotizaciones pasadas a un Estado para aplicarlas a otro, terminará teniendo una fuerte restricción a su circulación internacional, por lo menos hasta el momento de su jubilación, momento en el que su libertad de residencia será ya definitiva. Mientras tanto y según avanza su edad, y al margen de otras consideraciones, se irá encontrando cada vez más prisionero del Estado para el que contribuyó sin más herramienta que su voto individual, pero sin la gran posibilidad que para él sería abandonar el país si piensa que en otro sitio podría estar mejor.

Al final, el pasivo por pensiones que el Estado no reconoce entre su deuda ata más que una hipoteca porque lo hace hasta la muerte.


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