Desconfíen siempre del Gobierno

El barco, las ratas y las preferentes

No está claro que vaya a haber solicitud de responsabilidad a los administradores de las cajas de ahorros por la situación de éstas. Pero tampoco nos extraña. Al fin y al cabo, el sistema de elección de los miembros de las correspondientes asambleas generales y de las comisiones de control a fuer de democráticos, eran muy deficientes. En unos casos porque los elegidos para formar parte de estos órganos lo eran por sorteo entre los impositores, como si estuviéramos otorgando magistraturas en la Atenas de Pericles. En otros, porque la elección se hacía entre determinados colectivos (sindicatos y partidos políticos) que se reservaban sus correspondientes cuotas de poder. Y así durante treinta años.

No me cabe duda de que en otro tipo de institución, mismamente en los bancos que son sociedades anónimas, o en las cajas rurales que son cooperativas, la propiedad habría ejercido la acción social de responsabilidad contra los administradores. Aquí, la propiedad la ejercían los poderes políticos que además eran los administradores por lo que no es posible esa exigencia de responsabilidades que muchos reclaman. Los impositores, mientras recuperen sus depósitos, no tendrían perjuicio que les permitiera ejercer acción alguna y ya se encargan los poderes públicos de que así sea, a base de poner los fondos que haga falta en las cajas, incluso cuando ya se ha agotado el Fondo de Garantía de Depósitos.

Y en esto llegaron las preferentes

Las participaciones preferentes que comercializaron las cajas de ahorros en los últimos años pudieran ser, sin embargo y en cierto modo, el instrumento que diera origen a esa reclamación de responsabilidades, aunque sólo fuera de manera indirecta. Estos títulos se emitieron con la finalidad de poder continuar con el crecimiento que ofrecía la política monetaria expansiva del BCE, primero, y reforzar la solvencia de las cajas cuando comenzaron a aparecer los síntomas de la crisis económica, después. Al fin y al cabo, estas instituciones no tenían la posibilidad de solicitar capital a sus socios, como en los bancos, o a sus cooperativistas, como en las cajas.

Estos títulos, como ustedes conocen, permitían suspender el pago de sus intereses en caso de necesidad del emisor y, lo que es su gran riesgo, podrían no llegar a reintegrarse a sus suscriptores si hubiera que liquidar una institución, como modo de asegurar, sin embargo, que habría fondos suficientes para los depositantes. Esta última posibilidad, la de que no se reintegrasen sus fondos a los tenedores de participaciones, se vio reforzada por las declaraciones de las autoridades de la Unión cuando comenzaron las primeras reclamaciones.

Dichas autoridades negaron la posibilidad de ayudas a las entidades con problemas si las misma se recompraban las participaciones colocadas entre sus clientes, como modo de evitar la conflictividad jurídica que se avecinaba. Las razones de dichas autoridades: las participaciones eran parte de las ratios de capital de las cajas, así se habían considerado e informado a las autoridades financieras y el capital, como las ratas, debe ser el último en abandonar el barco.

Y Guindos III

En esta situación es en la que estamos: muchas cajas han sido, de manera evidente, muy mal gestionadas y nadie ha exigido responsabilidades por ello a pesar de las ayudas públicas, por un lado, y los tenedores de participaciones preferentes se encuentran atrapados, como cuasi-capitalistas que son, pero sin los derechos políticos que asisten a los accionistas o cooperativistas.  La comercialización al por menor de las preferentes parece que guardó los aspectos formales exigibles por ley pero las modificaciones del último Real Decreto-ley 24/2002, el tercero de los de De Guindos, casi impide a partir de ahora la misma entre el público y afirma en su propia exposición de motivos que intenta dar “respuestas decididas en relación con la comercialización de los instrumentos híbridos y otros productos complejos para el cliente minorista, entre los que se incluyen las participaciones preferentes, con el fin de evitar que se reproduzcan prácticas irregulares ocurridas durante los últimos años.” No sé que dirán los tribunales, pero está claro que el Gobierno, aunque no haya exigido tampoco responsabilidades, parece que ha juzgado el caso.


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