Desconfíen siempre del Gobierno

Vende tú que a mi me da la risa

Desde finales de 2007, cuando podemos más o menos fijar el comienzo de la crisis, y hasta el final de 2011, la deuda pública de las Administraciones Públicas españolas ha aumentado en 353 mil millones de euros, es decir en un 92%. Casi hemos doblado la deuda pública en cuatro años. De esa deuda, a finales de 2007 los españoles financiábamos casi el 53% y el resto, el 47%, se lo financiaban a nuestras Administraciones Públicas los extranjeros. Esos 353 mil millones podrían haber sido crédito para el Sector Privado, pero lo han sido para el Público. El Sector Financiero nacional ha puesto, de esos 353 mil millones de euros de nuevo endeudamiento, 151 mil millones, el resto de los españoles hemos puesto 122 mil millones y los extranjeros sólo 80 mil millones. De ese modo, ahora mismo los españoles financiamos el 64% y los extranjeros el 36% del total de deuda pública.  Este descenso de la proporción de dicha deuda que financia el exterior sólo puede deberse a dos motivos: o ahorramos mucho y no sabemos dónde invertir o sólo nosotros nos vamos fiando de la deuda de nuestras administraciones. O no nos queda más remedio, que diría el castizo. En cualquier caso, en los últimos cuatro años 273 mil millones de euros, equivalentes al 77% de las nuevas necesidades de financiación del Sector Público, del escaso ahorro interior no han ido al Sector Privado. Ni 80 mil millones del ahorro foráneo. No les aburro con más cifras…de momento.

Y en eso llegó la reforma financiera

Que no es una reforma, porque no cambia el marco básico en que operan las entidades españolas. Son medidas para salvar la situación del Sector Financiero aquejado de un grave problema de solvencia, credibilidad y liquidez. La liquidez de la banca bien la podríamos definir como la capacidad de hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo. Estas obligaciones medidas por los depósitos recibidos no han crecido desde finales de 2008 y lo han hecho poco desde los de 2007. Sin embargo, la deuda pública no ha hecho sino crecer mucho desde cualquiera de las dos fechas anteriores. Dicha deuda es un activo muy líquido: apenas se puede convertir en dinero contante y sonante con una llamada de teléfono en la que se pronuncie la expresión “vendo”.  Dicho de otro modo: las entidades tienen cada vez más, y para un volumen más o menos fijo de depósitos del público, más activos líquidos en forma de deuda pública, pero no todo es tan positivo como esto que acabamos de ver. No lo es porque el volumen de activos no líquidos también ha crecido: los famosos créditos dudosos y los activos inmobiliarios recibidos en pago de algunos de dichos créditos. Inversiones que se esperaban cobrar bien para atender obligaciones, bien para volver a prestar los importes recuperados.

En esta situación y si ustedes tuvieran problemas de liquidez, es decir: si tuvieran al cobrador en la puerta de su casa con una estaca, plantéense que venderían primero: la deuda pública, los créditos dudosos o los inmuebles recibidos. Dicho de otro modo: ¿aguantarían los bonos públicos, los préstamos malos o los inmuebles en la actual situación del mercado? No sé qué harían ustedes, pero al menos sí lo que no le gustaría al Gobierno que hicieran.

El Gobierno no quiere que los bancos vendan la deuda pública

Pues en eso estamos: el Gobierno no quiere que los bancos vendan la deuda pública. No quiere porque los precios de los bonos caerían en los mercados o, lo que es lo mismo, que suban los tipos de interés porque eso le encarecería las nuevas emisiones de títulos que tiene que hacer. Y hay que hacerlas porque habrá que financiar el déficit, la diferencia negativa entre ingresos y gastos de las Administraciones Públicas, y renovar la deuda que va venciendo. Así que el Gobierno ha decretado que la banca tiene que vender sus inmuebles y las carteras de créditos malos e, incluso, las de buenos con garantía de inmuebles. No otra cosa es lo que pretenden los dos Reales Decretos Leyes que ha aprobado el Gobierno: uno la semana pasada y otro hace poco más de tres meses. No soy yo contrario a que las entidades vendan activos como modo de clarificar su solvencia y de hacer frente a sus obligaciones. Lo que no tengo claro es que tenga el Gobierno el derecho, a través de la legislación, a primar la venta de unos activos o de otros según su interés.  Tampoco creo que tengan derecho las entidades a exigir ayudas públicas para sostener activos si tienen necesidad de venderlos.

Al final las reformas se circunscriben a eso: ¿quiere usted seguir manteniendo en su balance las inversiones poco líquidas? Hágalo, aunque los tipos de interés y la prima de riesgo suban,  pero como el mercado no repunte a tiempo, no espere la ayuda de los contribuyentes. Al fin y al cabo le pagan para eso, no para que el Gobierno tome las decisiones por usted.

@rubenmansolivar


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