Desconfíen siempre del Gobierno

Preferentes y rescate bancario

Hace unos días publicó el Tribunal de Cuentas (TC) lo que son, eso, sus cuentas sobre el rescate bancario. El importe era alarmante, casi 108.000 millones de euros, muy lejos de los 50.000 millones de euros que viene manteniendo el Gobierno o los 61.000 millones de euros calculados por el Banco de España el pasado mes de septiembre de 2013. Las diferencias se deben sustancialmente a la inclusión o no como ayudas públicas de las provenientes del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), entidad que, aunque de gestión pública, es de financiación privada, por lo que los importes que haya aplicado a todo el proceso no los ha pagado el contribuyente. Importes que ascienden a 32.000 millones de euros.

Las diferencias en los cálculos del coste del rescate

 Otras diferencias provendrían de la diferenciación entre recursos desembolsados, básicamente suscripción por parte del FROB de títulos de las entidades nacionalizadas, y recursos comprometidos: líneas de financiación a disposición de las entidades en crisis o los famosos escudos de protección de activos (EPA), por los que el FROB y el FGD se comprometerían a comprar activos deteriorados a las entidades en dificultades por importe cercano a 5.000 y 24.000 millones de euros, respectivamente, si fuera necesario. No debemos olvidar que BdE sólo ha puesto una línea de crédito en favor de las entidades por 10.000 millones de euros, de la que no se ha dispuesto, o dicho de otro modo: el BdE todavía no se ha rascado el bolsillo. También es cierto que el FROB ha abierto una línea de crédito no dispuesta, hasta ahora, de 6,5 mil millones de euros. Vistas así las cosas, y olvidándonos de otros costes que incluye el TC, como honorarios de profesionales, comisiones, etc…  Las cantidades dispuestas por las entidades estarían en el entorno de los 55 mil millones de euros y otros 53.000 millones de euros se dividirán entre lo que ha desembolsado el FGD (6.000 millones de euros) y disponibles y compromisos, en caso de que hicieran falta, de aportación (47.000 millones de euros) por parte de los tres actores básicos del rescate (FROB, FGD y BdE).

No despreciemos esta última cifra, la de los disponibles y compromisos porque podrían llegar a ser desembolsados y ello aunque nos parezca una posibilidad remota: también lo era la de que nuestro sistema financiero tuviera que ser rescatado.

Luego está el tema de los ingresos que para el erario público pueden estar generando las inversiones practicadas. Los cálculos hablan de que el FROB ha recibido 3.000 millones de euros en intereses, que reducirían la ayuda pública al sector. Bien está. Aunque suele olvidársenos calcular, con la excusa de la dificultad, el incremento de coste que para toda la deuda pública, no sólo la tomada para aplicar a este rescate, ha supuesto el rescate en sí mismo. Este efecto ha contaminado todas las emisiones de deuda del periodo 2009-2012 que estudia el TC en su informe y afectará hasta que dichas emisiones venzan.

¿Y lo que pagaron los preferentistas?

Sin embargo, el gran coste privado (sólo se ha calculado el del FGD), que nadie estima, y no es difícil, es el de las pérdidas infringidas a los tenedores de títulos computables como recursos propios (acciones, preferentes, cuotas participativas y deuda subordinada) a través de los denominados procesos de gestión de híbridos realizados bajo la dirección del FROB. En esos procesos, y por exigencia del famoso MoU (Memorandum of Understanding), las autoridades europeas condicionaban sus ayudas a que dichos tenedores absorbieran parte de las pérdidas del sector, lo que se realizó mediante canjes en los que percibían nuevos títulos de menor valor de mercado que las aportaciones que realizaron en su momento. Con independencia, para eso están los tribunales, de la claridad de los procesos de comercialización de los instrumentos híbridos de capital, no estaría de más reconocer lo que algunos ciudadanos han aportado de sus patrimonios personales para el rescate de la banca. Aunque sólo sea por cultura inversora.


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