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La Fiscalía pide seis años para el expresidente del Madrid Lorenzo Sanz por posible estafa

Tras el última día del juicio celebrado en la Audiencia Provincial, la Fiscalía acusa al expresidente del Real Madrid de unos presuntos delitos de estafa e insolvencia punible y pide seis años de prisión para él y dos para su esposa, María Luz D. M.

La Fiscalía ha pedido este lunes seis años de prisión para el expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz y dos años de cárcel para su mujer, María Luz D. M., por presuntos delitos de estafa e insolvencia punible, según fuentes jurídicas. En el último día del juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial, Sanz ha mantenido su inocencia y se ha declarado insolvente al indicar que ha perdido 36 millones de euros como consecuencia de inversiones lícitas.

El Ministerio Fiscal además ha solicitado para el procesado José Antonio R.R. dos años por delito de estafa y uno por delito societario y para Santiago S.S. un año y seis meses por los mismos delitos. Los letrados de los acusados han pedido la absolución de sus defendidos y la exención de responsabilidad penal para José Antonio R.R. por demencia sobrevenida, ya que sufre la enfermedad de Alzheimer.

Por su parte, la acusación particular ha pedido para cada uno de los miembros del matrimonio Sanz diez años y seis meses, desglosados en una pena de cinco años por delito de estafa; otra de tres años por falsificación de documentos privados y una de dos años y seis meses por insolvencia punible. Además, ha criticado que el expresidente del Real Madrid justifique "con meras declaraciones" la insolvencia y el mal estado de sus cuentas sin ningún documento que acredite que está en lo cierto.

Según el Ministerio Público, María Luz D. M., esposa de Lorenzo Sanz Mancebo, era la administradora única de la sociedad Refinsa S.L., mientras que su marido lo era de la sociedad Nuada S.A., propietarias ambas de unos terrenos en la localidad madrileña de San Fernando de Henares. En junio de 2003 ambas sociedades acordaron la venta del cincuenta por ciento de estos terrenos, por el precio de casi nueve millones y medio de euros, a la empresa Numan S.A.

Dado que los precios se habían disparado al alza y el contrato no estaba elevado a escritura pública, las sociedades Refinsa y Nuada acordaron con el también procesado José Antonio R.R., máximo accionista de Numan S.A., y con el procesado Santiago S.S., administrador único de Numan S.A., la nueva venta del inmueble, esta vez previa rescisión del anterior, por un precio muy superior, y ya no el cincuenta por ciento del terreno sino el cien por cien.

Acordaron así vender todo el terreno a la sociedad Coperfil por un valor de 52,5 millones de euros, casi tres veces más del precio de la compra-venta inicial. El 28 de julio de 2005 se efectuó la venta, que quedó escriturada públicamente el 13 de septiembre del mismo año. Los acusados José Antonio R.R. y Santiago S.S. ocultaron el nuevo acuerdo a los socios de Numan S.A., contrarios a esta operación al tener conocimiento de que los terrenos que habían adquirido debían permanecer en su poder por el incremento del precio del suelo.

En julio de 2005 las sociedades Refinsa S.L. y Nuada S.A. quisieron hasta en dos ocasiones devolver los diez millones de euros a Numan S.A. por el valor de los terrenos de la compraventa anulada. Como Numan S.A. se negaba a aceptarlo, Lorenzo Sanz y su esposa decidieron quedarse con los diez millones abonados más los casi 30 millones de Coferfil, que ya habían sido depositados en sus sociedades.

Los procesados Lorenzo Sanz y María Luz D.M. carecen de cualquier bien inmueble, propiedad, patrimonio o activo que sufrague los gastos que la querellante Numan S.A. había abonado por los terrenos, más los intereses establecidos por un juzgado de Primera Instancia de Madrid en concepto de compensación, por un montante total de algo más de 16 millones de euros.

La sociedad Refinsa fue declarada en concurso de acreedores en junio de 2008, desapareció su activo original y los 40 millones de euros cobrados por los terrenos. La sociedad Nuada ocultó su patrimonio en operaciones extranjeras sin ningún fundamento y sin rendimiento económico alguno. Los acreedores no tienen cómo embargar bien alguno.


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