Democracia y mercado

El país que se enredó entre normas

Discutía ayer con mi amigo Jorge San Miguel por qué el PP ha llevado adelante la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Yo aventuraba que tal vez formaba parte de un cálculo electoral según el cual la provisión de más seguridad es uno de los pocos asuntos, junto al crecimiento económico, donde pueden poner de acuerdo a los votantes moderados que están perdiendo (véase estos gráficos) con algunas de sus bases de derecha "dura". Para San Miguel estaba mucho menos claro. La Ley es multifacética, en ella se esconden aspectos elaborados expresamente contra las protestas de 2010-2013, cuando es claro que dichas protestas han contado con más aprobación social que una hipotética, y algo vaga, demanda por "tranquilidad" y "seguridad" de una supuesta mayoría silenciosa. Incluso entre los votantes moderados. Entre otras cosas, mi tocayo se refirió a la excesiva pasión reglamentista de nuestros políticos (de cualquier color), que intentan solucionar cualquier problema con una nueva norma. Y a veces parece que cuanto más omnímoda, compleja, ambiciosa sea, mejor.

Otro ejemplo relevante es la forma en que intentamos poner prohibición sobre prohibición para terminar con la corrupción en España, cuando parece obvio que la actividad corrupta ya es ilegal de partida

Es éste un tema recurrente en nuestras conversaciones. Obsérvese la de veces que el debate en torno a un tema concreto, llamémoslo X, se estructura como si fuese una cuestión de defender o atacar “el derecho a X”, afirmar o desmentir que “X es un derecho”. El último ejemplo es el del aborto, otro tema en el que resulta difícil entender el empeño de este gobierno desde un punto de vista meramente político. Otro ejemplo relevante es la forma en que intentamos poner prohibición sobre prohibición para terminar con la corrupción en España, cuando parece obvio que la actividad corrupta ya es ilegal de partida, y lo que necesitamos es eliminar tanto los incentivos como la oportunidad de que surja. Algo parecido puede decirse de la regulación laboral: la prolija oferta de contratos para cualquier relación laboral recién iniciada que disfraza la distinción entre estables y precarios de una supuesta funcionalidad de “fijos” y “temporales” según la naturaleza del puesto laboral que nadie cumple.

Esta prevalencia del derecho como eje del debate es, por tanto, un factor empobrecedor de nuestro debate público: afecta a la elección de temas a afrontar, a la manera en que los afrontamos y a cómo los resolvemos, introduciendo una distorsión de la que nos debemos librar.

La norma es un instrumento fundamental en democracia, pero es antes “instrumento” que “fundamental”. Necesitamos la ley porque es la manera en la cual codificamos las decisiones que la sociedad toma a través del mecanismo de la democracia representativa. Éstas tienen siempre una doble vertiente: funcional y distributiva. Cualquier nueva política viene a intentar resolver un problema (función) y a crear un nuevo statu quo según el cual unos ganan tanto y otros pierden cuanto, o ganan menos (distribución). La norma codifica esta solución-distribución. Pero por sí misma no significa nada. Todo es economía y política, sobre todo la ley.

Las figuras del “político funcionario” y del “funcionario político” nos son muy familiares a todos: no hay más que mirar a la Jefatura del Gobierno misma

Quizás la abundancia de personas formadas en Derecho tenga algo que ver con esta situación. Tal vez se relacione más con la incestuosa relación que existe en España entre cuadros medios y asesores de los partidos y el cuerpo funcionarial, eminentemente sesgado hacia la norma y el reglamentismo. Lo mismo puede decirse de sindicatos e incluso de la patronal. Las figuras del “político funcionario” y del “funcionario político” nos son muy familiares a todos: no hay más que mirar a la Jefatura del Gobierno misma. La mayoría de élites electas o asesores de confianza hilvanan una carrera paralela en el partido y en las Administraciones, de manera que cuando alguien viene a la esfera política desde el ámbito privado incluso nos sorprendemos (Cristina Garmendia, Manuel Pizarro). En cualquier caso, es probable que haya un componente muy importante de herencia recibida: los nuevos “hacedores de leyes” han de adaptarse a un entorno que ya de por sí es reglamentista, a un debate que lleva décadas girando en torno a los derechos en lugar de hablar de intereses e incentivos. En cualquier caso, la cruda realidad es que hay dos perfiles necesarios, imprescindibles que quedan demasiado apartados del hacer legislador.

El primero es el experto. Hay un déficit de conocimiento técnico (no legal, no de la reglamentación existente, sino sobre el tema legislado en concreto) en el proceso legislativo español, sobre todo cuando se nos compara con el norte de Europa. Sí, por descontado que hay consultas, que se discute con ellos, incluso se les escucha, pero muy pocas veces se encargan del proceso de cabo a rabo. Parece lógico, sin embargo, que sea un experto en economía laboral (entiéndase economista con conocimientos tanto teóricos como empíricos, no un conocedor del derecho laboral) quien se encargue de elaborar programas para acabar con el paro juvenil.

Pero no podemos esperar que los expertos resuelvan todos nuestros problemas, simplemente porque todos ellos tienen una dimensión irresoluble. Decía antes que cualquier política tiene no solo un aspecto funcional, que lógicamente corresponde al técnico, sino también (y sobre todo) un componente (re)distributivo. Cualquier medida sobre el paro juvenil, por seguir con el ejemplo, va a sacar fondos de algún bolsillo, quien puede pensar que es más o menos justo que se dediquen tales recursos a resolver el desempleo. Así que el paso anterior al técnico, este sí fundamental, es la articulación del conflicto a través de colectivos con sus intereses claros, explícitos y organizados. Algunos lo llaman sociedad civil. Otros, lobby ciudadano. Da igual. Lo importante es que los individuos sean conscientes de que pueden, de que deben ponerse de acuerdo en ciertas demandas acordes con sus intereses, de que van a tener que luchar y trabajar por ellas, y que todo ello ha de hacerse tanto dentro como fuera de los partidos para evitar la captura por parte de éstos. Hoy, España tiene una de las tasas más bajas de asociacionismo en Occidente. Solo ciertos temas despiertan el activismo específico y la dedición de personas entregadas que no se pierden en una dispersión de demandas maximalistas. Necesitamos muchas más: a la derecha, a la izquierda y en el centro del espectro.

A diferencia de lo que opinaba Winston Churchill, necesitamos entrar mucho más a fondo en la manera en que se hacen las leyes

El papel del experto legal debería ser articular el acuerdo resultante, integrar las perspectivas expertas acordes con el mismo, y darle forma de norma clara, concisa y coherente. En forma de secuencia: los grupos de interés organizados expresan sus demandas, los partidos median en las mismas, los técnicos ponen medios para los fines políticamente determinados, y el ámbito legal lo pone todo en prosa consonante con la normativa existente. Entiéndase este proceso como una caricatura de una realidad que se tornaría, como todas las realidades, llena de aristas y nudos. Pero es una caricatura útil, en cualquier caso. Porque nos ayuda a entender que, a diferencia de lo que opinaba Winston Churchill, necesitamos entrar mucho más a fondo en la manera en que se hacen las leyes. Paradójicamente, para poner al Derecho en su sitio.


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