Democracia y mercado

La corrupción empieza y acaba en nosotros

Empezamos la semana desayunándonos el penúltimo escándalo de corrupción en España. La red de adjudicaciones y comisiones que poblaba las Administraciones locales, provinciales y regionales de Madrid, León, Valencia y Murcia nos deja con un sabor de boca que ya conocemos desde hace mucho, demasiado tiempo. El amargor no va y viene, sino que se acumula y va a acabar por hacernos escupir aún más fuerte sobre el conjunto de nuestro sistema político. El drama es que no solo necesitamos recetas, soluciones. También nos hacen falta quien las cocine. Es este un negocio complejo, porque quien se atreva estará atándose las manos, a sí mismo y a los suyos. Lo cual requiere una dosis de valentía poco frecuente.

Es cierto que necesitamos cambiar prácticas y rotar a las personas, pero para asegurarnos el no volver a caer en el mismo error debemos modificar los mecanismos de control y los incentivos existentes

A la hora de buscar soluciones somos cada vez más quienes nos negamos a emplear el derrotismo culturalista (“es que España es así, y punto”) o la simpleza del “hay que echarlos a todos y traer a otros nuevos”. El regeneracionismo personalista ignora que es necesario entender por qué unos determinados perfiles de personas con actitudes concretas se interesan por ascender en el sector público y en los partidos políticos, y no otros. El culturalismo asume que el hábito precede y moldea la estructura institucional. Es cierto que necesitamos cambiar prácticas y rotar a las personas, pero para asegurarnos el no volver a caer en el mismo error debemos modificar los mecanismos de control y los incentivos existentes para quienes se meten en el agujero de la corrupción. Muchos han señalado los problemas o incluso sugerido reformas en este sentido: el politólogo (y especialista en calidad de gobierno) Víctor Lapuente, los economistas Jesús Fernández-Villaverde y Luis Garicano, y más. Pocas veces nos atrevemos, sin embargo, a ir un paso más allá: ¿cómo llevamos adelante tales cambios? ¿Son políticamente viables? Y si no lo son, ¿qué debemos hacer para que lo sean?

La corrupción no ha llegado a nuestras Administraciones (¡ni siquiera a los titulares de los periódicos!) con la crisis. Al contrario, la época de la burbuja fue terreno abonado para chanchullos varios que ahora han venido cobrando relevancia pública. Sin embargo, como se observa claramente en el gráfico del encabezado ha sido solo desde 2010 que los españoles hemos empezado a escandalizarnos realmente. En el pasado, pese a que sí existía penalización por parte de los votantes hacia los casos de corrupción, ésta quedaba atenuada por una serie de factores, a saber: el hecho de que muchos de los casos implicaban también un beneficio indirecto para el conjunto de la población (piense el lector en recalificaciones que favorecían grandes proyectos urbanísticos que proporcionaban empleo y crecimiento a una localidad); la falta de independencia de nuestros medios y su excesiva no ya ideologización, sino asociación con partidos determinados; la propia burbuja inmobiliaria y su efecto sobre nuestra capacidad como votantes para distinguir a buenos políticos de malos políticos dado que todos los resultados parecían positivos. Una maraña que dejaba a los votantes demasiado lejos de castigar a los corruptos.

Ahora las cosas han cambiado, y no poco. Existe una correlación evidente entre la consideración de la corrupción como uno de los principales problemas de España y hacer lo propio con los partidos políticos mismos. Los escándalos y su nueva percepción están desgastando la confianza de los ciudadanos en los partidos más tradicionales mientras proporcionan munición y presumiblemente apoyos a los nuevos del lugar. Lo cómodo para los primeros es pensar que esto pasaría en cualquier caso, y que es posiblemente una especie de tormenta que quedará atrás cuando vuelva el crecimiento económico. Es esta una apuesta que se refleja en sus estrategias, pero que se me antoja peligrosa.

El PP y el PSOE parecen contentarse con impulsar lo que Pablo Iglesias ha calificado como “medidas cosméticas” contra la corrupción. Mientras Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy piden perdón y Tomás Gómez casi rompe a llorar en directo

El PP y el PSOE parecen contentarse con impulsar lo que Pablo Iglesias ha calificado como “medidas cosméticas” contra la corrupción. Mientras Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy piden perdón por las faltas de sus subalternos y Tomás Gómez casi rompe a llorar en directo, Pedro Sánchez se centra en pedir cuentas al PP y a su líder haciendo como si entre sus filas no hubiese tenido lugar caso alguno de corrupción. El rumoreado pacto de Estado ha quedado aparcado, y el “código ético” para los servidores públicos del partido promocionado desde instancias socialistas parece ahora algo así como mandar un Oso Amoroso a luchar a muerte contra el Kraken. Desde Izquierda Unida llevan un tiempo más bien paralizados, sin saber qué hacer aparte de dejar caer de vez en cuando que lo que necesitamos es evolucionar más allá del actual sistema capitalista. Ninguna de estas estrategias, más bien poco sólidas, parece contar con apoyo abrumador entre el público más cansado con la corrupción. El conflicto de perspectivas entre los miembros centrales del partido y los votantes menos fieles (pero muchas veces fundamentales para ganar una elección) es claro: mientras los primeros no se sienten preparados para dejar de lado todas sus prebendas y facilidades para, por ejemplo, hacer y deshacer dentro de las Administraciones Públicas a placer, los segundos cada vez otorgan menos credibilidad a los losiento y los novolveráapasar.

Solo son las dos formaciones más jóvenes quienes escogen propuestas de mayor calado, precisamente porque están libres de tal dilema. Lo hacen de maneras aparentemente distintas. Desde Podemos se insiste en la idea de que existe una ‘casta’ que, sin concretar demasiado, monopoliza todo: el poder político, el poder económico, la austeridad, y en general todo lo malo que le sucede a España. La corrupción también, por descontado. La solución, se intuye, es buscar un recambio a la casta. Este recambio son ellos, por descontado. Se trata de una versión vaga del argumento personalista sobre la corrupción. UPyD, por su lado, pone al frente de su programa una aproximación más legalista, basada sobre todo en castigos aumentados y controles más fuertes e independientes. Ninguna de las dos posibilidades va al corazón del problema, del que hablábamos en el segundo párrafo: las múltiples oportunidades que presenta el sistema para quien desee corromper y corromperse. Sin embargo, sí se acercan. Por un lado, UPyD está hablando ya de despolitización de la Administración. Por otro, dentro de Podemos parece que algunos comienzan a abrirse a la idea de que es necesario cambiar la regulación para acabar con la corrupción. Cuanto menos, estas formaciones dejan caer entre líneas que, a diferencia de PP, PSOE o incluso IU, ellos sí están dispuestos a atarse de pies y manos con cambios estructurales que impidan tanto a los otros como a los suyos aprovecharse de recovecos, legales o no, para dejarse llevar.

Resulta llamativo que ni siquiera Podemos e UPyD se atrevan a concretar al máximo sus propuestas de reformas institucionales, lo cual subraya lo extremadamente beneficioso que es el sistema actual para cualquier formación, nueva o vieja, que consiga llegar al poder. Pero en cualquier caso llevan una gran ventaja a los partidos tradicionales, los cuales harían bien en tomar nota. En el dilema en que se encuentran encerrados, pan para hoy es hambre para mañana. Porque igual que la corrupción empezó en nosotros y nuestra escasa capacidad de sanción de los malos políticos durante la burbuja, también acabará por nuestro hartazgo traducido en votos hacia quien nos dé soluciones. Creíbles o no.


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