SGAE: El informe jurídico que Acosta ocultó a la junta confirma la ilegalidad de una nueva asamblea

La reprobación de las cuentas del ejercicio de 2013 de la SGAE ha desatado un terremoto dentro de la entidad de gestión.  Tras ser rechazadas las cuentas y el informe de gestión presentado por el actual presidente José Luis Acosta, la Junta Directiva –que había solicitado a Acosta un informe jurídico  sobre la situación de la entidad-, propuso el martes adelantar elecciones.  Ese día, Acosta puso sobre la mesa la posibilidad de celebrar una nueva asamblea el próximo 26 de enero de 2015 para someter nuevamente a aprobación las cuentas. Lo hizo ocultando el análisis jurídico –y una addenda del mismo que lo contradice- que señala que la ilegalidad de las intenciones de Acosta (quien afirmó lo contrario: que el diagnóstico del documento apoyaba la legalidad de su proposición) y al que Vozpópuli ha tenido acceso.

Aunque el informe no es vinculante, este fue solicitado por los propios socios de la SGAE, que sufragó el coste del documento elaborado por el bufete Dikei Abogados con fecha del 9 de julio de 2014, es decir, una semana después de que las cuentas fueran rechazadas con una mayoría del 56, 68% de los votos.  

En el análisis jurídico se subraya la ilegalidad e imposibilidad de una nueva asamblea, dada la rotundidad de su pronunciamiento. Ese primer informe segura: “Parece claro que la literalidad de las normas  estatuarias veda por completo, en nuestra opinión, tanto la convocatoria de una nueva Asamblea Ordinaria, por haber transcurrido  ya más de seis meses desde el cierre de ejercicio, como la convocatoria de una Asamblea  Extraordinaria con objeto de someter a nueva aprobación las cuentas anuales y la gestión,  por encontrarse expresamente exceptuada”.

En ese documento del 09 de julio se señala que es imposible ignorar la supremacía de la Asamblea General en cuanto expresión de voluntad social,  y señala que la presidencia y actual junta están obligada a dar una respuesta a la reprobación sufrida por la gestión social y las cuentas del ejercicio de 2013.  Eso se suma la advertencia que hacen los abogados sobre el derecho, que por voluntad social, se tiene de convocar una Asamblea Extraordinaria  cuyo único objeto sea reprobar y remover la junta directiva.

Sin embargo, lo verdaderamente significativo está en la 'addenda' del informe, con fecha del 14 de julio, es decir, cinco días después, en la que el mismo aporta unas conclusiones contradictorias, que parecen obedecer a distintos escenarios y que José Luis Acosta también oculta a la Junta Directiva reunida el pasado martes 15 de julio. En las primeras dos, se confirma el diagnóstico ya hecho sobre la ilegalidad- y en la segunda, se propone una alternativa:

• No es posible la reformulación sin más de las cuentas del ejercicio 2013 de la SGAE con la finalidad de ser sometidas de nuevo a aprobación de la Asamblea General; ahora bien, en caso de introducir cambios significativos en las referidas cuentas, nada impediría su reformulación y  sometimiento a aprobación, previa modificación de los EESS en los términos indicados en el Informe emitido.
• No es posible someter a aprobación las cuentas de 2013 en una Asamblea a celebrar en enero de 2015, por vulnerar los EESS vigentes.
• Si podría llevarse a cabo la aprobación de las cuentas del ejercicio 2014 en la Asamblea General Ordinaria a celebrar en junio de 2015, lo que necesariamente exigiría la previa aprobación de las cuentas del ejercicio 2013, sometiéndose por tanto, en una misma Asamblea Ordinaria las cuentas de dos ejercicios a aprobación de los socios, al constituir las cuentas de un ejercicio base necesaria de las cuentas del siguiente.
• La literalidad de las disposiciones estatutarias no impediría la aprobación de las cuentas del ejercicio 2013 en una Asamblea Extraordinaria que se celebraría en enero de 2015.

Sin presentar el informe ni la Addenda, Acosta hace su propuesta de una Asamblea para enero de 2015. En respuesta, diez de los 39 miembros de la junta directiva, entre ellos Fernández Sastrón, votaron en contra de este calendario propuesto y apostaron por celebrar de forma inmediata las elecciones. Ese día, en declaraciones a EFE, Acosta aseguró que los informes jurídicos no prohibía que se llevaran  a esa asamblea de enero de 2015  las cuentas de 2013. Una versión que se contradice por completo con estos documentos y agravan la crisis actual de la entidad.

Para leer el informe completo, haga click. Para consultar la addenda, aquí.