Cultura

La Comisión de Propiedad Intelectual pedirá retirar la publicidad de las web con contenidos ilegales

El anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual plantea privar de publicidad a las páginas web que tengan contenidos ilegales e incluso imponer multas de entre 30.000 y los 300.000 euros cuando se trate de casos reincidentes.

La Comisión de Propiedad Intelectual pedirá retirar la publicidad de las web con contenidos ilegales
La Comisión de Propiedad Intelectual pedirá retirar la publicidad de las web con contenidos ilegales

La Comisión de Propiedad Intelectual pretende "estrangular económicamente" a las páginas web que tengan contenidos ilegales que atenten contra la propiedad intelectual pidiendo su colaboración a los anunciantes y a las empresas de pago electrónico para que retiren la publicidad.

Esta es una de las propuestas que contempla el anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que tiene previsto estudiar el Consejo de Ministros el próximo viernes, en el que figura además la posibilidad de imponer multas cuando estas páginas incumplan reiteradamente las peticiones de retirada de los contenidos ilegales. Las sanciones administrativas previstas para estos casos oscilarán entre los 30.000 y los 300.000 euros, según se recoge en el anteproyecto de ley, que no dirigirá ninguna de estas medidas contra los usuarios finales de internet.

Estas actuaciones tampoco afectarán a las páginas que desarrollen una actividad neutral de motor de búsqueda de contenidos y de intermediación técnica o sólo ofrezcan enlaces ocasionalmente.

Sí se incluirán, por el contrario, las páginas de enlace que tengan como principal actividad facilitar de manera específica y masiva la localización de contenidos ofrecidos ilícitamente de manera notoria, entre otros, mediante listados ordenados y clasificados de enlaces a esos contenidos pero no a los que desarrollen una mera actividad de intermediación técnica.

Con esta reforma, se pretende dotar a la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual de mecanismos más eficaces de reacción frente a las vulneraciones cometidas por las páginas que no cumplan voluntariamente con los requerimientos de retirada.

Además de reformar la Ley de Propiedad Intelectual, el anteproyecto supondría también modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil que permita a la Administración solicitar la identificación del prestador sobre el que concurran indicios razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo a gran escala contenidos protegidos por el derecho de la propiedad intelectual.

El anteproyecto se dirige también a regular los mecanismos de supervisión de la Administración a las entidades de gestión, a la espera de una próxima ley que revise el conjunto del sistema cuando se apruebe la directiva europea sobre gestión colectiva de derechos de autor. De esta forma, deberá ser autorizada la creación de fundaciones privadas y será excepcional la existencia de sociedades mercantiles en estas entidades de gestión.

La propuesta del Gobierno modificaría también el régimen de voto plural con el objetivo de dar mayor participación a los asociados en el funcionamiento de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. Ante el incumplimiento de sus obligaciones legales por parte de una entidad de gestión, se establece la posibilidad, antes de que se pueda revocar la licencia, de que se intervenga la entidad nombrando un gestor interino.

Consulta a las Comunidades Autónomas

En caso de que el Consejo de Ministros estudie el viernes el anteproyecto, el Gobierno lo someterá a la consulta de las Comunidades Autónomas y se iniciará un período para que los sectores afectados, incluidas las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, opinen sobre su contenido.

Posteriormente, se desarrollará un trámite de información pública, a través de la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se recabarán los informes de la Comisión Nacional de la Competencia, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo de Consumidores y Usuarios, el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado.

El texto volverá al Consejo de Ministros para ser aprobado como proyecto de ley, iniciando entonces su tramitación parlamentaria.


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