Cultura

Botella traiciona el compromiso de Gallardón y apuesta por vender el Palacio de la Música a una firma comercial

El exalcalde de Madrid vendió el emblemático inmueble a la Fundación Caja Madrid con la condición de preservar su función cultural. Hoy, tras dos años cerrado y con las obras de rehabilitación inacabadas, en las que ya se han invertido 4 de los 20 millones necesarios, Botella apuesta por convertirlo en una tienda. Desde la Fundación aseguran que este tema está "absolutamente parado".

Son pocos, pero cada movimiento de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid en lo relativo al futuro del Palacio de la Música demuestra el escaso interés de las instituciones públicas madrileñas por preservar su función cultural. Tras permanecer dos años cerrado, los rumores que desde hace meses apuntan a que el emblemático inmueble -en cuyas inacabadas obras de rehabilitación se han invertido ya 4 de los 20 milloones de dinero público presupuestados- será vendido a una firma textil, no se disipan. El Palacio de la Música es uno de los supervivientes de la transformación que ha convertido a la Gran Vía madrileña en un gran escaparate comercial, tiene muchas papeletas para acabar enterrado, pero lo cierto es que, a día de hoy, con las obras de remodelación paralizadas, es un enfermo al que, entre unos y otros, están dejando morir.

Su devenir depende del triángulo formado por Ayuntamiento, Gobierno Regional  y Fundación Caja Madrid, su actual propietario, pero ninguno de los tres da un empujón en favor de su conservación, más bien se inclinan por lo contrario. Mientras el Gobierno regional retrasa la respuesta a la petición de la declaración del Palacio como BIC (Bien de Interés Cultural), la Fundación– propietaria del edificio- carece de presupuesto para terminar las obras, al tiempo que el Ayuntamiento, del que depende la autorización de venta, ve en el uso comercial la mejor solución. Se olvida la alcaldesa Ana Botella de que la condición que puso su predecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, para la adquisición del Palacio por parte de la Fundación de la entidad madrileña en 2008 fue precisamente el firme compromiso de mantener su función exclusivamente cultural.

Ana Botella dice que hará lo necesario para crear empleo y su solución es que "una marca comercial venga al Palacio"

El Ayuntamiento de Madrid no es el propietario del Palacio de la Música, pero sí el responsable de velar por la protección del otrora icono de la cultura capitalina. El Consistorio es la autoridad competente para la modificación de su uso,  un cambio requerido para poder proceder a su venta, y Botella ya ha dejado claro cuál es su prioridad: crear puestos de trabajo. Pero parece que no se refiere a empleos generados por una actividad cultural (ofertas del mundo de la música ha habido varias), sino por una multinacional comercial. En la rueda de prensa posterior a una Junta de Gobierno, la alcaldesa de Madrid dijo que “no hay nada peor para un edificio que estar vacío y en situación de abandono como está éste”. En este momento creo que es muy importante que vaya una marca comercial al Palacio de la Música porque lo prioritario es que se produzca cualquier tipo de ocupación que genere actividad económica y cree empleo”.  “El empleo es nuestra prioridad y por tanto llevaremos a cabo todas las actuaciones que puedan ser creadoras de trabajo”, insistió.

 “Cambiar un teatro por una tienda es muy fácil, pero al revés es imposible”

En la misma intervención, para asegurar que se va a proteger, Botella cae en el error de calificar el inmueble como bien BIC, cuando su catalogación es la de edificio con Nivel 1 de Protección Integral. Aquí es donde entra en juego la Comunidad de Madrid, porque es precisamente la declaración del Palacio como BIC en la categoría de hecho cultural lo que varias asociaciones y partidos de la oposición exigen al Gobierno regional. Todo el movimiento en favor de la conservación del Palacio de la Música partió de una iniciativa particular que, con la pretensión de “salvaguardar el uso exclusivamente cultural del Palacio”, inició una modesta cruzada a través de las redes sociales (Facebook y Twitter). El objetivo inicial se fijó, como algo simbólico, en la recogida de 1.782 firmas (número exacto de butacas que acogía la sala), pero no solo se ha superado ampliamente esa cifra (ya son más de 18.000 firmantes), sino que hoy cuenta también con el apoyo de PSOE, IU y UPyD. Los grupos de la oposición respondieron al unísono al mismo correo electrónico que le fue remitido al PP y que nunca fue contestado por la formación popular.

Fran Hernández, creador de la plataforma de apoyo al Palacio de la Música, explica a Vozpópuli que si Madrid tuviera la verdadera intención de conservarlo, lo haría: “Si ellos se ponen de acuerdo en proteger el uso cultural, no hay más que hablar. Ellos mandan”. Pero la concesión del BIC tendrá que esperar, si es que llega. De momento, la carta de la Comunidad en respuesta a su solicitud remitida esta misma semana y a la que ha tenido acceso este medio comunica que dicha petición “pasará a los técnicos competentes para su estudio, análisis y recopilación de documentación”. Si procede, continúa, “se someterá a valoración del Consejo Regional, como actuaciones previas a la decisión del Director General". Según denuncia la plataforma, “cambiar un teatro por una tienda es muy fácil, pero al revés es imposible”. “El dinero que corresponde a cada uno de nosotros se ha invertido para un bien cultural, no para una firma de ropa”, sostiene Fran Hernández.

Para completar las obras de rehabilitación hacen fatla 15 millones. Desde la Fundación Caja Madrid aseguran que el tema de una posible venta está "absolutamente parado"

Pero el tema es más complejo, entendiendo por complejidad la falta de liquidez, concretamente de 15 millones de euros. Ése es el presupuesto de la obra pendiente de ejecución, que equivale a cerca de 2/3 de la obra completa. La Fundación Caja Madrid ha reconocido a Vozpópuli que el asunto de la operación de venta (se hablaba de la firma Mango) está “absolutamente parado”. Tanto es así que no forma parte de su agenda a corto plazo. La entidad dice estar centrada ahora mismo en la composición de su organigrama, el ajuste del presupuesto y la creación del patronato.

Ofertas del mundo de la cultura, descartadas por insuficientes

Por su parte, el arquitecto responsable de las obras de rehabilitación con quien se puso en contacto la plataforma de apoyo al Palacio, José Luis Noriega, sostiene que el interés real de la Fundación es deshacerse del edificio porque no les interesa tenerlo parado. Según apunta Noriega, han llegado hasta tres ofertas procedentes del mundo de la música para hacerse con él. La primera, de la SGAE, y las otras dos de empresas extranjeras vinculadas a la música y el espectáculo, que fueron desechadas por falta de entendimiento en términos económicos. El arquitecto reconoce además que la Fundación Caja Madrid sabía que tendría que paralizar las obras por no disponer de dinero suficiente. “A pesar de conocer que las obras se iban a suspender por falta de financiación, la Fundación destinó una última partida de dinero para finalizar la restauración de la fachada”. Esto fue así porque tras el desmontaje de los andamios y los carteles, “se encontraba en un estado lamentable”.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, es uno de los más activos a la hora de exigir que el Palacio de la Música se convierta en una sala de conciertos y que se cumplan los compromisos de venta. Sin embargo, todos los grupos que se oponen a su venta son conscientes del escollo que supone el anteproyecto de ley de Patrimonio Histórico, aprobado por la comisión de Empleo, Turismo y Cultura de la Asamblea de Madrid el pasado miércoles con los únicos votos del PP. La norma, rechazada por toda la oposición, organizaciones ciudadanas y una gran mayoría de la comunidad profesional por entender que supone una desprotección al patrimonio, suprime cualquier tipo de traba que pueden tener futuros proyectos económicos en edificios históricos y plantea mecanismos para hacerlos compatibles con la protección de estos inmuebles. Los grupos contrarios a la ley critican que los plazos para informar, “absolutamente incumplibles”, conlleven silencios positivos administrativos para autorizar informes de impacto ambiental y obras en edificios de interés patrimonial, entre otros temas. 


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