Publicado: 03/02/2015 04:00
La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que fue aprobada definitivamente por el Congreso de los Diputados el pasado 30 de octubre con los votos del grupo popular y duras críticas por parte de la oposición, entró en vigor el pasado 01 de enero, exactamente hace un mes. Desde entonces, sólo genera críticas y levanta resquemor.
Ya lo anunció el PSOE: recurrirá el próximo miércoles ante el Tribunal Constitucional la reforma al considerar que esta norma vulnera varios aspectos de la Carta Magna. Así lo ha asegurado el secretario de Cultura del PSOE, Iván García del Blanco. Como ya alertaron en su momento la gran mayoría de expertos y miembros del sector, los socialistas se han aferrado al argumento de que el pago de la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado supone un atropello legal que va en contra de la Constitución.
Expertos del mundo digital y de las industrias culturales han denunciado y se suman a la lluvia de críticas. Lo hicieron la semana pasada en unas jornadas sobre economía digital y propiedad intelectual organizadas por UPyD en el Congreso de los Diputados. Allí, denunciaron la "inseguridad jurídica" que cierne gracias a esta reforma que a decir de Ricardo Galli, creador de Menéame, la ley está "mal redactada" y es "vergonzosa en todos los sentidos". Sin embargo, lo que más ofende a la mayoría de los especialistas es el hecho de que, al momento de ser aprobada, ningún parlamentario tenía la más mínima idea de aquello que se sometía a votación.
Una legislación punitiva... que no protege nada
Entre los cambios más resaltantes que registra el proyecto está el hecho de que extiende el límite de cita o reseña al ámbito de los agregadores de contenidos o buscadores de internet, de tal forma que establece el derecho de las empresas editoras de noticias a ser compensadas económicamente por la utilización de sus contenidos, una remuneración que será irrenunciable, y que ha puesto de cabeza a compañías como Google, que inmediatamente expresó su malestar por la medida.
El proyecto además mantiene de forma transitoria el pago de la compensación por copia privada –medida ampliamente criticada por Adepi-, que sustituyó al antiguo canon digital, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Permanecen amparadas por el límite de copia privada las reproducciones de CD o DVD comprados y las grabaciones de fuentes de televisión o radio para un visionado o escucha posteriores.
La práctica eliminación de la compensación para autores y editores por copia privada es, según la Federación Internacional de Entidades de Gestión de Derechos de Reproducción (IFRRO), una situación que provoca la discriminación de los autores y editores frente a los demás países europeos a la vez que a los creadores internacionales, porque no les remuneran por la reutilización de sus obras en España.
Los miembros de las entidades de gestión también han acusado al Gobierno de desincentivar el sector cultural, editorial y cualquier actividad creativa, gracias a una legislación que no aporta “medidas eficientes que permitan luchar contra la piratería de libros, partituras, revistas y periódicos”. Asimismo, aseguran que la gestión del Gobierno español “mina la protección del patrimonio literario y científico técnico del país”.
Ni compensa con justicia ni protege con eficacia
Algunas organizaciones como la Asociación para el desarrollo de la Propiedad Intelectual (Adepi) aseguran que la reforma se ensaña contra el sistema de propiedad intelectual a favor de otros sectores económicos ajenos a la creación y “perjudica a los titulares de derechos”, que van a sufrir una nueva disminución de sus rentas. “El Gobierno se ha equivocado al no equilibrar los beneficios que el sector tecnológico obtiene de la utilización, legal, ilegal y alegal de los contenidos protegidos y los graves perjuicios que esa utilización causa”.
Ni la reforma de la compensación por copia privada ni las propuestas antipiratería son acertadas, aseguran los expertos, porque ni compensan con justicia ni protegen con eficacia. A eso se suma un apartado relacionado con sanciones que no necesariamente profundizan la lucha contra la piratería. De acuerdo con el texto que entró en vigor el primero de enero, las sanciones graves por piratería se multarán con entre 150.000 y 600.000 euros, tanto para aquellos que cometen la infracción como para los intermediarios que no colaboran. Es decir: duplican las tarifas actuales sin asegurar en realidad la efectividad de los mecanismos de control.
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