Cultura

Adepi: “Wert y Lasalle han incumplido su compromiso de aprobar una ley basada en el diálogo y el consenso”

Antonio Fernández, director general de la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (Adepi), critica duramente al Gobierno por su actitud en el proceso de aprobación de la 'Ley Lassalle'.

Antonio Fernández, director general de Adepi.
Antonio Fernández, director general de Adepi. GONZALO ARROYO

¿Por qué se opone el sector cultural a la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que se votará en el Senado el próximo día 15?

No nos oponemos a la reforma, sino al texto que está a punto de aprobarse, porque es deficiente desde un punto de vista técnico, y no en cuestiones menores sino en aspectos que es esencial corregir para consolidar el adecuado marco legal de los derechos de propiedad intelectual y la eficiencia de su gestión colectiva. No podemos olvidar que el sector cultural da empleo a casi medio millón de trabajadores y aporta un 3,5 % al PIB, es por tanto clave para la recuperación económica y verdaderamente sorprende que el Gobierno imponga una reforma injusta que lo hará menos competitivo y que, además, según detalla el redactado final, solo tendrá validez durante un año. 

¿Cuáles son sus principales críticas al texto?

Artistas, autores, productores y editores se oponen a la redacción del proyecto de ley básicamente porque es muy injusto. La reforma se ensaña contra nuestro sistema de propiedad intelectual a favor de otros sectores económicos ajenos a la creación y perjudica a los titulares de derechos de propiedad intelectual, que van a sufrir una nueva disminución de sus rentas. Rentas que no proceden de subvenciones públicas, sino de las industrias que utilizan esos contenidos para generar actividad económica, y que deben retribuir la aportación de valor a su negocio que realizan los titulares de las obras.

¿Cuáles son los aspectos de la reforma que es esencial corregir?

Desde la injerencia en las negociaciones de las tarifas por la explotación económica de las obras de artistas, autores, editores y productores hasta el arbitrario sistema para pagar la compensación equitativa por copia privada, que según sospecha el Tribunal Supremo no es acorde a la legislación comunitaria, pasando por el grave problema de la piratería, contra el que no se implementan medidas eficaces. Estos y otros problemas han sido claramente señalados por el Consejo General del Poder Judicial y por el Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, pero el Gobierno no ha hecho el menor caso.

Pero el Gobierno asegura su disposición al diálogo y a buscar consenso...

Esa es su posición pública. Pero la reforma se ha hecho de espaldas al sector cultural, es decir a los principales afectados por una modificación de la Ley de Propiedad Intelectual. Las entidades de gestión han aportado toda la información necesaria, completa y rigurosa, y han mostrado desde el primer día su disposición para alcanzar acuerdos. Sin embargo, la realidad es que, aunque los promete cada vez que aborda este asunto, el ministro y la Secretaría de Estado de Cultura ha incumplido su compromiso de aprobar una ley basada en el diálogo constructivo con los titulares de derechos y en el consenso político. Se nos ha recibido, se nos ha escuchado, y se nos ha ignorado.

¿A qué cree que se debe ese inmovilismo?

En España se ha sobredimensionado el debate sobre la propiedad intelectual, lo que han aprovechado muy bien algunos lobbies para influir en una regulación que les beneficia económicamente, sin tener en cuenta que la propiedad intelectual no genera ineficiencias ni pone en cuestión la productividad de otros sectores, como el de las TIC. El secretario de Estado de Cultura no ha sabido hacer valer su principal misión, que debe ser fortalecer a la industria cultural, no poniendo en peligro las rentas de sus profesionales, luchando eficazmente contra la piratería, etc. También, naturalmente, mejorar la gestión colectiva con normas que contribuyan a la trasparencia, que las sociedades de gestión apoyan y han apoyado siempre.

¿Ya no hay solución?

La solución es que el Gobierno recapacite y rectifique. La comunidad creativa solo quiere una ley justa que permita el equilibrio entre todos los intereses en conflicto, pero el texto que ha llegado al Senado no contribuirá a la sostenibilidad del tejido productivo cultural, y convertirá a España en una excepción negativa entre los países de nuestro entorno. 

¿Y si la ley se aprueba tal como está?

Si el Gobierno no rectifica, artistas, autores, editores y productores se verán obligados a tomar más medidas, incluidas las judiciales, que por ejemplo en el caso de la copia privada supondrán reclamaciones por perjuicio patrimonial que, si Europa termina por dar la razón a las entidades, podrían suponer a medio plazo indemnizaciones de cientos de millones de euros.


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