El PP y sus batallas con la Cultura: primero Mecenazgo, ahora Propiedad Intelectual

Inusualmente extenso ha sido el tiempo que ha concedido a la prensa el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, este lunes en el Congreso de los Diputados; acaso porque hay muchas cosas que explicar, una de ellas, la más urgente y polémica, la revisión que hará este martes la Comisión de Cultura del Senado sobre el informe de la ponencia a la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que se enfrenta a seis vetos de la oposición para que el texto sea devuelto al Congreso.

La reforma de la Ley que regula los asuntos de la propiedad intelectual ha sido el tema que ha opacado las buenas nuevas que Lassalle distribuye desde hace unos días: el aumento de los presupuestos de cultura un 4,3% para 2015. Sin embargo, y por mucho que se hubiese prodigado este lunes en detalles sobre los programas que más suben –Cine, Museos y Danza- o las medidas como la financiación a las librerías en su calidad de “emprendedores”, Lassalle debe hacer frente a ese, su tema: la ley a la que han colocado su nombre como signo de protesta en contra de un texto inaceptable para la mayoría de las industrias culturales.

“No pedimos ceses, que en este momento de la tramitación no serían positivos; solo pedimos soluciones”

“No pedimos ceses, que en este momento de la tramitación no serían positivos; solo pedimos soluciones”, ha señalado Antonio Guisasola esta semana, al aclarar que las intensas protestas puestas en marcha por el sector tienen por objetivo lograr que el Gobierno recapacite y corrija “las graves deficiencias técnicas” que aún arrastra el proyecto de ley, no solo a juicio de las entidades de gestión y todo el sector cultural sino también de los principales órganos consultivos -incluso Competencia se ha pronunciado sobre la misma-".

La Asociación de Defensa de la Propiedad Intelectual ha asegurado que si el Gobierno no rectifica, artistas, autores, editores y productores se verán obligados a tomar más medidas, incluidas las judiciales, al presentar -específicamente a causa de la copia privada- reclamaciones por perjuicio patrimonial contra España que, de dar Europa la razón a las entidades, podrían suponer cientos de millones de euros a medio plazo.

En respuesta, Lassalle no pudo ser más directo ayer en la tarde de este lunes: "Si consideran que es justo denunciar el proyecto de reforma de Ley, que lo hagan", dijo a la salida de su comparecencia ante la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados. De momento, los creadores y gestores piden al Gobierno y al Senado que no aprueben esta ley "sin diálogo con el sector, sin el consenso político necesario en una ley de esta trascendencia y sabiendo que será tan perjudicial para el sector cultural español".

Los aspectos más polémicos

Hay muchas razones que explican el rechazo al proyecto de Ley de Propiedad Intelectual. Los creadores así como los principales representantes de las entidades de gestión se han manifestado, entre ellos:  Antonio Guisasola, presidente de Agedi y de Adepi; Enrique Cerezo, presidente de Egeda; Fernando Marín, vicepresidente de Aisge; Pedro de Andrés, presidente de Cedro, y ejecutivos de todas las entidades de gestión. A ellos se suman cineastas, artistas e integrantes de las industrias culturales.

¿Cuáles son los aspectos que más alarman a creadores y gestores? Lo relativo al canon por copia privada impuesto por el Gobierno, que –según los opositores al texto- no solo reduce las rentas de los creadores sino perjudica a los ciudadanos, que pagan con sus impuestos una compensación que en toda Europa pagan los fabricantes de dispositivos y además verán reducidas sus opciones de hacer copias privadas legales.

La ley no aporta ninguna solución eficaz al problema de la piratería, aseguran los creadores y gestores

La ley no aporta ninguna solución eficaz al problema de la piratería. Según señalan los afectados, la reforma no cumple con la legalidad comunitaria, de lo que el Ejecutivo ha sido advertido por el Consejo de Consumidores y Usuarios, por el Consejo General del Poder Judicial y, sobre todo, por su máximo órgano consultivo, el Consejo de Estado.

Mecenazgo, la otra batalla de Cultura

El secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, ha afirmado este lunes que "sin reforma fiscal no hay mecenazgo, sino altruismo o filantropía", así lo ha dicho este lunes durante su comparecencia ante el Congreso de los Diputados para detallar los presupuestos de cultura para el año 2015, que suben este año 4,3%.

A pesar de sus intentos por dejar claro el aumento significativo del programa de Museos y Cine, el reclamo más significativo, además de la propiedad intelectual, se refieren a la abortada Ley de Mecenazgo, que ahora entra a formar parte de la reforma fiscal.

Sobre ese tema, ha asegurado -de manera un tanto ambigua- que hace falta "una interpretación normativa de las medidas de la reforma fiscal". A juicio de Lasalle, es necesario un "relato expositivo que ahorme la transversalidad de medidas que incorpora la reforma fiscal" y señala que se trabajará en ello con el Ministerio de Hacienda, aunque no adelanta cuándo ni bajo qué forma legal o instrumento se materializaría esa explicación.