Cultura

Nueve meses sin canon y sin presupuesto para pagarlo

Las entidades de gestión han pasado de la crítica a la acción y han denunciado ante Bruselas el nuevo sistema español de compensación por copia privada, que fija el canon a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Hace apenas un mes se fijó un partida de 5 millones para pagar una compensación que el año pasado fue de 115 millones.

Nueve meses sin canon y sin presupuesto para pagarlo
Nueve meses sin canon y sin presupuesto para pagarlo

Fue la primera medida que el Gobierno de Mariano Rajoy tomó en materia de cultura: eliminar la compensación de la copia privada. Sin dar mayores detalles, se asguró que éste pasaría del sistema del canon digital -aquel, el de las discordias- a un modelo con cargo a los presupuestos del Estado. La decisión, que se concretó en 2012, levantó sospecha, más aún cuando se tuvo noticia de los presupuestos de cultura, dotados muy escasamente con 642 millones de euros, 167 millones menos que en 2011. 

Las entidades de gestión de los derechos de autor se llevaron las manos a la cabeza. El canon, que  fue establecido en España en 1987, tiene por objeto compensar a los autores por la copia de sus obras realizada por particulares. Su aplicación enfrentó en los últimos años a las entidades de gestión con el sector de la industria de las nuevas tecnologías y las asociaciones de internautas. Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaron el pasado año sendas sentencias en contra de la aplicación de este gravamen.

La polémica en torno a esta figura, por tanto, no cesa. Por una parte, las entidades, es decir, tanto Aisge, Dama, Agedi, Egeda, AIE y SGAE critican que el Gobierno haya cambiado el sistema del canon digital sin esperar las conclusiones del mediador nombrado por la Comisión Europea a principios de este año, cuya misión es armonizar tarifas y soportes de aplicación del canon en los países europeos. Se consideró, en su momento, una "actuación a golpe de Decreto Ley" sin contar con los titulares de derechos, quienes, veían perjudicados sus derechos.

Las entidades de gestión pasaron del dicho al hecho y denunciaron  ante Bruselas el nuevo sistema español de compensación por copia privada. En su denuncia, presentada antes del verano,  advertían  que el modelo implantado por el Gobierno español "beneficia injustamente a las empresas tecnológicas, que sí están obligadas a pagarlo en otros 22 países de la UE (el resto de los que admiten la copia privada) y perjudica a los contribuyentes".

De momento, tras nueve meses meses desde la eliminación del sistema anterior, no se ha definido la alternativa al sistema sustituido. Es decir, los titulares de derechos no han cobrado la remuneración contemplada en la ley.Sin embargo,  el Gobierno ha fijado en agosto  una partida para la compensación de la copia privada de cinco millones de euros en los Presupuestos Generales para 2012. Una cantidad que las entidades de gestión de derechos calificaron de "ridícula", puesto que la cifra fijada por la propia Administración a partir de la Orden Ministerial 1743/2008 para el año anterior fue de 115 millones.


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