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La reforma (fiscal) que viene

Para iniciar esta andadura, hablaremos de la principal noticia en materia fiscal del presente año 2014, consistente en la anunciada reforma tributaria que, si todo sigue su curso, entrará en vigor a partir del año que viene. En términos legislativos el asunto se encuentra un tanto “verde”, pues hasta principios del mes de junio (pasadas las elecciones europeas) el ejecutivo no tiene intención de desvelar su proyecto de ley. No obstante ello y siguiendo con la hoja de ruta pactada por el gobierno con Bruselas, hace pocos días se publicó el Informe de la “Comisión de expertos para la reforma del Sistema Tributario Español”, más conocida como la “Comisión Lagares”. Dicho Informe debería ser la base la reforma de nuestro sistema tributario.

Manuel Lagares ya tuvo el honor de dirigir una comisión similar en la reforma del año 1998, si bien las diferencias de aquella con la presente son sustanciales por lo que respecta a su alcance. Como el Informe que recoge sus propuestas reza, esta reforma se dirige a una reforma total del sistema tributario español, siendo ésta su primera y principal virtud: se trata de un proyecto ambicioso –como merecen las circunstancias- y las propuestas que se hacen muy valientes, tanto que ya se han pronunciado desde el Gobierno anunciando la no aplicación de algunas de ellas. Ello nos lleva a vaticinar que una parte importante de las medidas recomendadas probablemente no lleguen ni a considerarse de cara al proyecto de ley pero, a su vez, a intuir que otra parte de lo analizado y sugerido sea parte fundamental del futuro texto legal.

¿Qué busca la reforma?

Los miembros de la Comisión no se cansan de repetir que en el mandato del gobierno implica el cumplimiento de dos objetivos: (i) coadyuvar al proceso de consolidación fiscal e (ii) inducir una mejora de la competitividad de la economía, el incremento del ahorro y el aumento del empleo. Y para ello, el Informe expone una reforma basada en una doble línea de actuación:

(i)           Por un parte, la reducción de tipos impositivos en los impuestos directos, incrementando las bases mediante una simplificación de exenciones, deducciones y compensaciones y regímenes transitorios.

(ii)          Por otra, una reducción de la presión fiscal en los impuestos directos (IRPF e Impuesto sobre Sociedades), aparejada a un incremento en los impuestos indirectos (IVA e Impuestos Especiales, principalmente).

En definitiva, una redistribución de la carga tributaria que cumpla con los dos objetivos ya apuntados de mantener la recaudación ganando en competitividad. Junto con ello, se proponen otra serie de reformas tendentes a paliar situaciones anómalas, tales como el fraude fiscal o la diversidad de regulación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por Comunidades Autónomas.

En el marco concreto de la gestión de patrimonios hay múltiples propuestas, pero nos gustaría resaltar las cinco siguientes:

(i)           La potenciación del IRPF como un impuesto dual, en el que la base del ahorro integraría casi todas las ganancias y pérdidas patrimoniales (incluso las inferiores al año), junto con los rendimientos del capital, tanto mobiliario, como inmobiliario. En esta última categoría resalta la recomendación de incluir tanto los procedentes de arrendamientos (sin bonificaciones para los de vivienda y sin deducción de gastos financieros), como la imputación rentas presuntas en la vivienda habitual. También destaca la eliminación de la exención de los primeros 1.500 euros procedentes de dividendos de entidades españolas. Pero la gran novedad viene representada por la sugerencia de permitir la compensación de saldos positivos y negativos de los distintos componente de esa base del ahorro, cosa verdaderamente novedosa y que supondría un gran paso en términos de neutralidad.

(ii)          Una recomendación que ha despertado gran inquietud entre los inversores es que, en su afán de simplificar el IRPF, el Informe propone suprimir de forma total la aplicación de los porcentajes reductores para las ganancias derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales anteriores a 31 de diciembre de 1994. Este régimen transitorio, que ya sufrió un importante recorte en el año 2006, desaparecería así de nuestro sistema fiscal tras una existencia de casi veinte años.

(iii)         Siguiendo con las rentas inmobiliarias, se propone la generación a largo plazo de un súper Impuesto sobre Bienes Inmuebles, acorde con países de nuestro entorno, más gravosos y basado en unos nuevos valores de referencia que sustituyan al actual valor catastral, acercándose al valor de mercado en todo lo posible. Este gravamen sustituiría al actualmente existente de rentas presuntas inmobiliarias (segundas residencias no arrendadas) y que transitoriamente se pretende extender a la vivienda habitual.

(iv)         Se propone una supresión total del Impuesto sobre el Patrimonio, tanto por ser poco eficaz en términos recaudatorios al haberse incrementar el límite exento a 700.000 euros por sujetos pasivos, como por tratarse un tributo poco común en los países de nuestro entorno.

(v)          El informe sugiere una homogenización del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones basada en unas bandas de tipos fijos (sin progresividad) para tres grupos parentales. La rebaja general es muy sustancial y la propuesta de unas bandas de tipos permitiría a las distintas comunidades autónomas ejercer su potestad normativa, pero siempre dentro de una horquilla estrecha que alejaría las acusaciones de discriminación por razón del territorio de las que actualmente adolece este tributo. En consonancia con la rebaja de tipos se acompaña una eliminación de muchas reducciones. Entre las que sobreviven se encuentra la de empresa familiar, si bien se recomienda que igualmente se sitúe en una banda del 50% al 70%.

El Informe no realiza ninguna propuesta en relación con el régimen fiscal de las instituciones de inversión colectiva, los seguros de vida de ahorro-inversión (unit-linked) o la coordinación del régimen de transparencia fiscal internacional para personas físicas con su tratamiento en el Impuesto sobre Sociedades, temas todos éstos que suelen ser recurrentes en materia de gestión patrimonial. Pero, al igual que el ejecutivo ya se ha pronunciado sobre algunas propuestas del Informe, rechazando su incorporación al proyecto de reforma, no sería descartable que incorporase alguna modificación en materias que no han sido tratadas.

Por todo ello, las próximas semanas se aventuran muy emocionantes en materia de rumores y filtraciones sobre el contenido del proyecto, el posible efecto anuncio de alguna de sus medidas y la fecha de su publicación definitiva. Estaremos al tanto de todo ello para contárselo.


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