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Planes de recompra de participaciones preferentes y suscripción simultanea de acciones. ¿Cómo tributan en el IRPF?

Llega el temido mes de junio en el que a las personas físicas nos toca relacionarnos con el fisco. Y ello es peor, si cabe, cuando nos encontramos ante operaciones y rendimientos frente a los que nunca nos habíamos enfrentado y respecto de los cuales no tenemos claro su tratamiento en nuestra declaración del IRPF. Claro ejemplo es el caso de la recompra de participaciones preferentes y deuda subordinada por determinadas entidades bancarias, con la consiguiente suscripción de acciones que no cotizan en ningún mercado secundario.

Para darles toda la información, hay que hacer un “pequeño viaje” al año 2012,  en el que la Comisión Europea determinó, junto con las autoridades españolas, una serie de pautas financieras que debían tenerse en cuenta como consecuencia de la asistencia financiera concedida a España en el contexto de la reestructuración y recapitalización de nuestro sector bancario. Las referidas pautas se fijaron en el conocido como “Memorando de Entendimiento sobre Condiciones de Política Sectorial Financiera” (MoU), celebrado en Bruselas y Madrid el 23 de julio de 2012. Conforme a lo previsto en el MoU, el programa de reestructuración y resolución del sector bancario español incluía, entre otros aspectos, la realización de una prueba de resistencia a las entidades afectadas basada en un análisis general de la calidad de los activos de las mismas. Dicha prueba podía culminar con (i) un Plan de reestructuración, o (ii) con un Plan de resolución de las entidades afectadas.

Así, en noviembre de 2012 se aprobó la Ley 9/2012 de reestructuración y resolución de entidades de crédito que establecía, entre otras cosas, que las entidades bancarias que se hubieran visto obligadas a aprobar Planes de resolución o reestructuración debían incluir en los mismos una serie de “acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada” entre las cuales podía encontrarse la obligación de recomprar participaciones preferentes o deuda subordinada a los inversores afectados con la consiguiente suscripción simultánea de acciones. En este contexto, una serie de entidades bancarias afectadas por estos Planes plantearon las correspondientes consultas vinculantes a la Dirección General de Tributos (DGT) en relación con determinadas operaciones acometidas en cumplimiento de ellos.

1.- Operaciones de recompra de participaciones preferentes y deuda subordinada: Es una operación consistente en la recompra de estos valores por parte de la entidad afectada y la suscripción simultánea de acciones. En este supuesto, el cliente de la entidad bancaria integraría en la base imponible del ahorro el rendimiento de capital mobiliario (positivo o negativo) derivado de la recompra. Este rendimiento se calculará por la diferencia entre el precio de recompra satisfecho por la entidad y el valor de suscripción, valores ambos fijados por el FROB en el correspondiente Plan de resolución o reestructuración de la entidad. Lo habitual es que los clientes obtengan en este caso un rendimiento de capital mobiliario negativo.

Precisa la DGT que las acciones adquiridas por el inversor, a efectos de futuras transmisiones, se entenderán adquiridas en la fecha de suscripción y su valor será el precio fijado por el FROB. En el caso de que el inversor decidiera vender esas acciones para recuperar algo más de dinero de esta inversión, como veremos más adelante, el importe obtenido se calificaría de ganancia o pérdida patrimonial a integrar en la base imponible general o del ahorro (en función del periodo de tenencia de las mismas), pero, en caso de ser positiva, no podrá compensarse con los rendimientos de capital mobiliario negativos que pudieran haber aflorado en la recompra.

2.- Oferta de adquisición voluntaria por el fondo de garantía de depósitos (FGD): el FGD formula oferta de carácter voluntario por la que adquiere las acciones suscritas por los clientes en la operación de recompra de participaciones preferentes y deuda subordinada aplicando un descuento por iliquidez sobre el precio de recompra de las acciones.

En este caso, se generará para el cliente una ganancia o pérdida patrimonial derivada de las transmisión de las acciones por la diferencia entre el valor de transmisión (precio satisfecho por el FGD) y por el valor de adquisición (precio de recompra fijado por el FROB). Deberá tenerse presente la fecha de adquisición de las acciones para ver si nos encontramos ante una alteración patrimonial cortoplacista (1 año o menos de antigüedad) o largoplacista (más de 1 año de antigüedad) ya que las primeras se imputarán en la base general (escala general de gravamen) y las segundas a la base del ahorro (tipo de gravamen de entre un 21%-27%).

3.- Procesos de arbitraje y laudo arbitral estimatorio: podía ocurrir que el cliente inversor acudiera a un proceso de arbitraje, alternativo a la vía judicial, en caso de que considerara que en la comercialización de las preferentes o de la deuda subordinada concurrían vicios invalidantes del consentimiento.

En caso de que el laudo arbitral fuera estimatorio, el cliente recibiría una cantidad máxima fijada en el laudo. Dado que con carácter previo al laudo el cliente, en muchos casos, había visto ya recomprados sus títulos por parte de la entidad bancaria, la liquidación definitiva se realizaría por (i) la diferencia entre la cantidad máxima fijada en el laudo y el valor de cotización de las acciones el día previo a la firma del convenio arbitral, o (ii) por la diferencia entre la cantidad máxima fijada en el laudo y el importe de venta de las acciones en caso de que el cliente las hubiera vendido con carácter previo.

En conclusión, en el laudo arbitral estimatorio se acuerda el pago de una cantidad que está formada, por un lado, por el valor de las acciones recibidas en la recompra y, por otro, por un importe en metálico.

¿Cómo trasladar estos criterios a la declaración del IRPF del cliente? Como hemos visto, la recuperación de la inversión del cliente se mide, no sólo respecto del importe que recibe en metálico como consecuencia del laudo, sino también teniendo en cuenta el precio derivado de la venta de las acciones.

Desde un punto de vista fiscal, la DGT entiende que cualquier operación previa a la firma del convenio arbitral no tendrá efectos tributarios (recompra de participaciones y suscripción simultánea de acciones, venta de las acciones etc). Así, se generará un rendimiento de capital mobiliario por la diferencia entre la cantidad máxima fijada en el laudo (más, en su caso, el importe obtenido del FGD en caso de que se haya acudido a su oferta) y el valor de suscripción inicial de los valores (preferentes o deuda subordinada). Esto determinará, en la mayor parte de los casos que, o bien, el cliente haya obtenido un rendimiento de capital mobiliario negativo, o bien, el cliente no haya obtenido ningún rendimiento.

El principal problema que se plantea aquí es qué hacer cuando el laudo arbitral se produce en un año posterior a aquél en el que se han hecho las operaciones. De ser así, los clientes tendrían que rectificar las declaraciones de IRPF que ya hubiesen presentado para corregirlas porque, según el criterio de la DGT, esas operaciones es cómo si no hubieran existido y la renta que se va a gravar por IRPF de manera efectiva es la derivada del laudo arbitral.

4.- Novación de deuda subordinada: Es una operación por la que los titulares de deuda subordinada con vencimiento canjean los títulos por otro producto de deuda sénior con vencimiento igual al de la deuda canjeada pero modificándose una serie de condiciones (orden de prelación de los créditos etc).

Por último, en caso de que algún inversor haya acudido a esta oferta, deberá incluir en su IRPF un rendimiento de capital mobiliario derivado de la cesión a terceros de capitales propios por la diferencia entre el nuevo nominal asignado al producto de deuda senior y el valor de adquisición o suscripción de la deuda subordinada canjeada. Este rendimiento se imputará en la base del ahorro.

Como pueden ver, las implicaciones fiscales dependen principalmente del tipo de operación que se haya realizado y de si el cliente ha acudido o no a un procedimiento arbitral, lo que no deja de revestir cierta complejidad. La DGT ha contribuido a que ello sea un poco más llevadero en términos de seguridad jurídica, aclarándonos la forma de consignar los distintos supuestos, cosa de agradecer. Pero ahora les toca a Vds. aplicar correctamente estos criterios. Por nuestra parte esperamos haberles ayudado con esta entrada. Ánimo y les deseamos que tengan mucha suerte en esta tarea.

[1] En la actualidad, se encuentran publicadas en la página web de la Agencia Tributaria las contestaciones a las Consultas Vinculantes V3085-13 de 17 de octubre, V0725-14 de 17 de marzo y V1001-14 de 8 de abril.


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