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Novedades en el traspaso de fondos de inversión con depositaría internacional

La reciente publicación por parte de la Dirección General de Tributos (DGT) de una contestación a consulta tributaria vinculante (ref. V1186-14, de 29 de abril), referente a la posibilidad de que inversores españoles pudieran o no beneficiarse del régimen fiscal especial de traspasos de instituciones de inversión colectiva (IIC) europeas, previsto en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), cuando éstas se encuentren depositadas en una entidad financiera extranjera, ha desatado una gran polémica en el mundo de la gestión patrimonial.

Aunque pueda parecer a priori que hablamos de casos muy poco comunes, no es así. Y ello se debe a la existencia de dos colectivos a los que esta consulta les afecta de forma directa: (i) los que habiéndose acogido a la reciente amnistía fiscal (o proceso similar), han regularizado sus cuentas en Suiza y las mantienen en dicho país invertidas en IIC con el afán de aplicar el beneficioso régimen de traspasos y (ii) los que, huyendo del riesgo país de España en los años 2012 y 2013, movilizaron sus IIC previamente adquiridas y depositadas en España a cuentas abiertas en otros países (principalmente Luxemburgo y Suiza).

Los requisitos exigidos por el artículo 94 de la Ley del IRPF para la aplicación del régimen fiscal de traspasos en IIC extranjeras son los siguientes:

  • Como requisitos jurídicos y regulatorios de los propios vehículos: (i) que se trate de IIC constituidas y domiciliadas en algún país miembro de la Unión Europea, (ii) que sean IIC armonizadas de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (Directiva UCITS), y (iii) que estén inscritas en el registro especial de la CNMV a efectos de su comercialización por entidades residentes en España.
  • Que el procedimiento para efectuar el traspaso se realice conforme al artículo 28 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de IIC, sin que pueda ponerse a disposición del contribuyente en ningún caso el importe derivado del reembolso o transmisión de las participaciones.
  • Que el traspaso se realice a través de una entidad comercializadora en España inscrita en la CNMV.

Como puede observarse, la normativa no contiene ningún impedimento para mantener el depósito de las IIC en el extranjero. Ahora bien, siendo ello cierto, la cuestión objeto de análisis en la consulta radica en qué debe entenderse por la expresión “a través de una entidad comercializadora en España” empleada por la norma.

La DGT había evacuado determinados pronunciamientos respecto a la obligación de practicar retenciones a cuenta, en los que se venía entendiendo que la función del comercializador debía de ir más allá de una mera puesta en contacto entre las partes, exigiendo que asumiese una responsabilidad financiera y que interviniese directamente en la canalización de órdenes del inversor ante los vehículos y las entidades gestoras. Pero en la consulta recientemente publicada la DGT va un poco más allá.

El supuesto contemplado en dicha consulta es el de inversores españoles titulares de IIC europeas armonizadas, las cuales están depositadas en una cuenta de valores abierta en Suiza en la sociedad matriz de la entidad comercializadora de dichos valores en España. En particular, respecto a la relación con el inversor español, la misma se sustentaría sobre un contrato trilateral suscrito entre el inversor, la entidad depositaria suiza y la comercializadora española, cursando el inversor sus órdenes a la entidad depositaria suiza, la cual a su vez informaría a la entidad comercializadora. Por otro lado, respecto a la relación con las IIC y sus sociedades gestoras, es la entidad depositaria suiza la que tiene concertados los acuerdos globales de distribución con las gestoras de IIC extranjeras, figurando las participaciones de las IIC en el registro de la gestora en cuenta global (ominbus) a nombre de la entidad suiza. Así la comercializadora introduciría las órdenes en la plataforma de acceso al mercado, tramitándolas a nombre de la depositaria suiza.

Partiendo de la base de que, como no podía ser de otra manera, la DGT no manifiesta impedimento alguno para aplicar el régimen de traspasos en el hecho de que las IIC estén depositadas en el extranjero, sin embargo concluye en el sentido de denegar su aplicación en el caso concreto. Y lo hace, no exponiendo el motivo por el cual considera que no procede su aplicación -como hubiera sido deseable- sino manifestando una serie de conclusiones que considera deben concurrir para que pueda entenderse que las operaciones se realizan a través del comercializador español y con ello resultar de aplicación el régimen de traspasos.

Para interpretar este aspecto se basa en un informe remitido por la CNMV del que cabe recalcar que “sólo cabe entender la función del comercializador como intermediario principal y necesario. Las órdenes deben, por tanto, cursarse <<a través>> de dicha entidad, por lo que la entidad comercializadora debe ser necesariamente receptora de todas las órdenes de disposición (suscripción, traspaso y reembolso)”.

  • “En consecuencia, el comercializador debe actuar como intermediario principal, necesario y exclusivo en todas las operaciones relativas a las IIC, suscripción, reembolso y traspaso, sin que el inversor pueda disponer de sus inversiones a través de ninguna otra entidad.
  • No basta que su participación se limite a tener conocimiento en una cuenta interna paralela o reflejo de la del depositario, sino que debe cumplir las obligaciones que derivan de la prestación de un servicio de inversión.”
  • En definitiva, la DGT considera que para entender que las operaciones se efectúan “a través” del comercializador español debe exigirse:
  • Que el contribuyente sea quien dirija la orden al comercializador.
  • Que la intervención de la entidad comercializadora tenga lugar de una forma directa, como intermediario principal, necesario y exclusivo siendo su intervención necesaria para llevar a cabo las operaciones.
  • A estos efectos, y aunque es cuanto menos sorprendente, la DGT exige que la entidad comercializadora sea parte en el propio contrato de cuenta de depósito del que derive la acreditación de la titularidad del cliente sobre los valores suscritos con la entidad depositaria extranjera, de forma que la cuenta de depósito recoja el carácter del comercializador español como intermediario principal, necesario y exclusivo sin que queja efectuar ninguna entrada o salida de acciones o participaciones de IIC en la cuenta de valores sin su expresa mediación.
  • De hecho, en el caso concreto, el comercializador no es titular por cuenta del inversor en la cuenta del depositario, ni en el registro de la gestora o, en su caso, las cuentas de un distribuidor mayorista, por lo que en la cadena de tenencia de los valores no participa la entidad comercializadora en España.

Si bien la primera conclusión que se extrae de la consulta es negativa, no es menos cierto que únicamente se refiere al caso concreto planteado. Por lo tanto, no debería interpretarse como una denegación absoluta a la posibilidad de aplicar el régimen de traspasos respecto de IIC depositadas en el extranjero sino como una guía de las pautas que deben tenerse en cuenta para que sí pueda aplicarse, abriéndose una abanico de posibilidades que exige analizar caso por caso la mecánica de actuación de las entidades comercializadoras españolas.

A modo de ejemplo, parece obvio que en los casos en los que el inversor da directamente la orden al comercializador y éste figura en las sociedades gestoras no habría problemas en aplicar el régimen de traspasos. Pero la DGT nunca emplea el término “directamente”.

Yendo un poco más allá… ¿Y si, en el marco del caso analizado en la consulta, cuando el depositario da las órdenes al comercializador, lo hace en nombre y por cuenta del inversor español? ¿Y si, respecto de las IIC o las sociedades gestoras, figura en nombre y por cuenta del comercializador?

Como puede verse, esta consulta no es sino el punto de partida de un proceso de análisis detallado de la operativa del sector para tratar de proceder a su adaptación a las exigencias manifestadas por Tributos, cosa que va a exigir a las entidades que se encuentran afectadas por este criterio acometer una revisión de sus procedimientos internos para adecuarlos en beneficio propio y de sus clientes.


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